El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado este lunes a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) analizar de forma conjunta la documentación y efectos informáticos intervenidos en el registro del pasado 19 de diciembre de la sede nacional del PP con los obtenidos en el registro llevado a cabo en Unifica Servicios Integrales S.L., la empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo que realizó obras de reforma esta sede en 2008. El magistrado investiga si parte de estas obras se pagaron en dinero negro.

Una vez analizados y cruzados lo datos, deberá emitirse un informe global sobre el resultado de las diligencias practicadas, conclusiones y propuestas de actuaciones, según la providencia dictada por el titular del Juzgado Central del Instrucción número 5. Se tendrán en consideración en dicho informe 'los restantes elementos aportados a la presente instrucción y que tuvieren relación con aquéllos'.

Sobre la entrada y registro en la sede de Unifica, que se llevó a cabo el pasado 27 de septiembre, Ruz pide que se oficie al comisario de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) para que 'de forma urgente y a la mayor brevedad' el material informático intervenido sea puesto a disposición de la 'unidad investigadora actuante' -que en este caso es la UDEF-, para su análisis.

Según señaló el juez en su auto del pasado 19 de diciembre, ni Urquijo ni el exgerente del PP Cristóbal Páez ofrecieron en sus respectivas declaraciones 'una explicación suficientemente consistente' sobre las facturas de la obra en la sede de Génova.

Se refería el juez a 'una orden de pago de una factura' y un recibí por valor de 476.651,94 euros fechados el 13 de marzo de 2008. En la orden de pago Unifica señala que ha recibido 'la totalidad de la deuda por la certificación final de ejecución material de la planta quinta', aunque tiene un añadido a mano que señala: 'No adeudándose nada por ningún otro concepto'.

Mail del PP al arquitecto: 'Te adjunto la factura correspondiente al 60% de la certificación final de obra'

La documentación de Unifica recogida en un informe aportado a la causa por la UDEF, aporta una factura por obras en la planta quinta que asciende a 476.598,45 euros.

Sin embargo, la factura aparece adjunta a un correo electrónico remitido por Urquijo el 26 de febrero a Páez en el que dice: 'Estimado Cristóbal, Según comentamos telefónicamente te adjunto la factura correspondiente al 60% de la certificación final de obra de la planta quinta y el 100% de los anexos. Si estás de acuerdo con ella, te hago llegar los originales a través de Laura o María. Quedo a la espera de tus comentarios. Un saludo'.

De la misma forma, documentación aportada por el PP a la Fiscalía Anticorrupción señala que las obras en la cuarta planta de Génova costaron 560.895 euros mientras que las facturas de Unifica reflejan por este mismo concepto un coste de 701.418 euros sin IVA.

Todos estos hechos conducen, según el auto, a 'la constatación de que obra en los archivos del Partido Popular determinada documentación relativa a los extremos objetos de instrucción cuyos originales y/o correspondientes archivos informáticos deben ser definitivamente traídos a las actuaciones'.

EFE| Valencia

El juez Pablo Ruz ha acordado este lunes tomar declaración como testigo al presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, en su despacho oficial el 17 de enero a las 12.00 horas, después de que éste no haya respondido al requerimiento que le hizo el pasado 4 de diciembre para fijar el lugar del interrogatorio.

Ruz ha adoptado esta decisión en una providencia dictada este mismo lunes al no haber obtenido respuesta de Cotino, exdirector general de la Policía, a ese requerimiento en el que le preguntaba si deseaba ser interrogado en su despacho oficial o en otro habilitado al efecto en la sede de Les Corts o en la Audiencia Nacional en relación con el caso Bárcenas.

Ese mismo día a las 10.00 horas, el juez tomará declaración como imputado a Vicente Cotino, sobrino del presidente de Les Corts y administrador único de Asedes Capital y de Sedesa, también en el marco de la causa en la que investiga la supuesta contabilidad B del PP.

El día anterior, tomará declaración a las 12.00 horas en la Audiencia Nacional a Ramón Aigé (presidente de Sorigue-Acsa) y el 15 de enero a las 13.30 será el turno de otro empresario imputado en relación a la investigación de la supuesta contabilidad B del PP, Antonio Pinal Gil (consejero delegado de Bruesa).

Con esta providencia, Ruz ha fijado la toma de declaración de Juan Cotino y ha modificado ligeramente las citaciones de estos tres empresarios que fueron imputados el pasado 4 de diciembre en un auto en el que Ruz imputó a otros diez empresarios al admitir parcialmente la ampliación de la querella que IU interpuso en febrero a raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas y que se sumaban a los siete ya imputados.

En este mismo auto, Ruz encarga a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que analice la documentación que será recabada a través del Registro Público de Contratos del Ministerio de Hacienda sobre las empresas Generale des Eaux, Dregemont Iberia, Cyopsa-Sisocia, Grupo Romero Polo, Asedes Capital, Licuas, Bruesa y Sorigue Acsa para que lo una al informe que ésta elaborando sobre la diferentes mercantiles investigadas en la causa