Al hablar del Sáhara Occidental, la mayoría de la ciudadanía tiene en mente los campamentos de población refugiada de Tinduf (Argelia). Miles de personas subsisten desde hace más de 45 años en un desierto inhóspito. Los proyectos de cooperación, la ayuda humanitaria y el programa Vacaciones en Paz han acercado mucho ese territorio a nuestro país. Durante décadas, los viajes institucionales y políticos a los campamentos, gestionados por el Frente Polisario, han sido frecuentes. Pero mucho menos se conoce y se habla de lo que sucede al otro lado del muro construido por Marruecos. En los territorios ocupados, los que se corresponden realmente con la antigua colonia, las fuerzas marroquíes han impedido en numerosas ocasiones visitas de políticos españoles, que casi nunca se han podido ni siquiera bajar del avión. 

Desde ciudades como El Aaiún, Dajla o Bojador son frecuentes las denuncias que llegan de activistas saharauis sobre represión, detenciones, juicios arbitrarios o torturas. Organizaciones internacionales de Derechos Humanos se han sumado a ellas. Tampoco es habitual poder viajar al terreno como periodista y se cuentan por decenas los casos de profesionales de la información expulsados, así como de activistas de Derechos Humanos (DDHH), como los que intentaron encontrarse con Sultana Jaya el año pasado. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, recordó este miércoles en el Congreso, durante la comparecencia de Pedro Sánchez, que Marruecos llevaba décadas impidiendo los viajes de políticos al Sáhara Occidental, algo que chocaría con los esfuerzos "serios y creíbles" del país vecino para solucionar el conflicto. 

Una de las políticas en activo que comprobó hace ya unos cuantos años la actuación marroquí es Inés Sabanés, actualmente diputada por Más País-Verdes Equo en el Congreso. En 2005 era concejal de IU en el Ayuntamiento de Madrid. Junto a ella viajaron otros concejales del PSOE en Fuenlabrada y Alcalá de Henares, así como varios periodistas. Ninguno pudo bajarse del avión al llegar a El Aaiún. "En aquellos momentos se estaban produciendo muchos enfrentamientos en el Sáhara. El objetivo era hacer visible la situación en el territorio, porque había mucha invisibilidad", recuerda Sabanés en conversación con Público. 

Los organizadores del viaje, que formaban parte de organizaciones en defensa de los DDHH, habían comunicado a las instituciones españolas y marroquíes el viaje. "Según aterrizaba el avión vimos muchísima policía en la pista. El comandante nos dijo por el micrófono que tenía órdenes de que no bajáramos del avión", destaca Sabanés. Al grupo se le devolvió a Las Palmas. Gaspar Llamazares, entonces coordinador de IU, intentó hacer gestiones con el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. No tuvo éxito. Por aquellas fechas, otro grupo de políticos de diferente signo, procedentes de Asturias, corrieron la misma suerte que la delegación madrileña. 

"Nosotros tuvimos una entrevista muy tensa con el cónsul marroquí. Pero nadie hizo luego una queja formal desde el Gobierno", añade la diputada. Sabanés señala que en otros conflictos, como el de Colombia, sí han podido viajar a hacer misiones de verificación del respeto a los DDHH. "Marruecos es muy altanero en esto, si están haciendo todos los esfuerzos, deberían empezar por permitir misiones de comprobación. Es una de las vías de distensión en los conflictos", afirma.

En 2010, dos cargos públicos de Nueva Canarias, el alcalde de San Mateo (Gran Canaria), Gregorio González, y la concejala de Telde, Josefa Milán, sí consiguieron pasar un tiempo en El Aaiún. "La sensación es de una ciudad basada en el terror y en el miedo", contó González, que explicó que tuvieron una entrevista con la activista saharaui Aminetu Haidar, con quien estuvieron "hasta las 4 de la mañana haciendo visitas". En su caso, al ser expulsados denunciaron que las fuerzas marroquíes les requisaron documentación. 

Quien también vivió una situación similar fue Willy Meyer, en 2011, cuando era eurodiputado por IU. En su caso, denunció incluso una agresión a empujones de las fuerzas de seguridad marroquí, que lo devolvieron hacia dentro del avión tras haber intentado bajar por las escaleras. Al año siguiente, Marruecos también expulsó a un grupo de activistas, entre los que se encontraban cargos políticos de Noruega. 

PP, PSOE o Nueva Canarias 

Otro ejemplo significativo lo vivió en 2014 la entonces alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, del PP. Médico de profesión, tiene una implicación larga con el conflicto saharaui. La también exvicepresidenta de la Junta de Castilla y León señala a este medio que al viaje no fue como representante de su partido ni como alcaldesa. "El viaje fue por mi compromiso con la situación del Sáhara", señaló. Su visita generó revuelo en el PP, que se desmarcó de la misma. Valdeón recuerda que le enseñaron en el avión fotografías con representantes saharauis en Zamora. "Me echaron porque entendieron que tenía vinculación con el pueblo saharaui", afirma. 

"Lo que me sorprendió y me sigue sorprendiendo es que Marruecos presume de que el Sáhara es un territorio suyo. No será tan suyo cuando aplican una política que no permite la entrada a determinadas personas. En Marrakech no te hacen expulsiones preventivas, por ejemplo", reflexiona la exdirigente del PP. Valdeón recuerda que le dijeron que no era bienvenida cuando subieron las fuerzas de seguridad marroquíes. "Hay que hacer algo; pero en vez de dirigirte al dictador, dirígete a la ONU", reflexiona la exalcaldesa zamorana sobre el giro efectuado por el Gobierno. 

Poco después, tres cargos de Nueva Canarias volvieron a intentarlo. En el viaje iba José Eduardo Ramírez, concejal, también en la actualidad, en el Ayuntamiento de Las Palmas. En esos momentos se había denunciado la muerte de un saharaui, algo que provocó numerosas manifestaciones en el territorio ocupado. "Íbamos como observadores para ver si se respetaban los DDHH", dice a este medio. Su avión fue rodeado por militares marroquíes y el resto de pasajeros pudieron bajar. A Ramírez y sus compañeros les retuvieron los pasaportes. "Nos dijeron que no éramos bienvenidos en Marruecos", afirma. 

El comandante del avión medió con las fuerzas policiales para que se les devolvieran los documentos acreditativos y en ese mismo avión volvieron a Canarias. "¿Qué tienen que esconder?", se pregunta el concejal canario. "Íbamos advertidos de que podía pasar. Incluso de que podrían dejarnos en alguna frontera", recuerda Ramírez. Por ello, iban preparados para cualquier situación.

El integrante de Nueva Canarias se lamenta de que no se den explicaciones oficiales desde Marruecos, y tampoco desde el Gobierno por estas expulsiones. "Sorprende que supieran perfectamente quiénes íbamos. Vigilan todo lo que se mueve en los aviones. Saben a quién tienen que parar y a quién no", añade. Ramírez reconoce vivir con "mucha frustración" el giro de Sánchez, más teniendo en cuenta que su partido le apoyó en la investidura. "No se puede mercadear con los derechos de los pueblos", afirma. 

Desde Galicia salió otro viaje en 2016, en este caso compuesto por Consuelo Martínez (Grupo Mixto), Noela Blanco (PSOE), Xabier Ron (AGE-En Marea), Gonzalo Trenor (PP,) y Montse Prado (BNG). Todos formaban parte del grupo interparlamentario del parlamento gallego sobre el Sáhara. En prácticamente todas las Cortes autonómicas hay grupos similares de manera transversal. 

La socialista Blanco, en conversación con este medio, recuerda el episodio. "Salimos de Las Palmas, aterrizamos en El Aaiún y nos dijeron que no podíamos bajar mientras se bajaban otros pasajeros", afirma. En el vuelo también viajaban integrantes de asociaciones solidarias y periodistas. La policía marroquí les quitó los pasaportes y estuvieron dentro del avión sin ellos cerca de 40 minutos. "No fue nada diplomático el asunto", afirma Blanco. En esos momentos avisaron en España de que estaban retenidos. Un representante de la ciudad saharaui, junto a militares y policías accedió a la aeronave.

"La sensación que tuve fue de desprotección, incluso de miedo. Hubo mucha agresividad verbal", añade Blanco. El objetivo del viaje era recoger testimonios sobre la situación. "Lo que se nos transmitió era que no éramos bienvenidos porque teníamos una visión parcial del tema", recuerda Blanco. Intentaron explicar que se reunirían también con cargos del Gobierno de Marruecos. Pero el resultado fue la expulsión. A la vuelta, Blanco y sus compañeros vivieron un momento "especial", según explica. En Las Palmas los estaba esperando la activista saharaui Haidar. "Si con nosotros reaccionan así, qué harán dentro", reflexiona. "La expulsión de un país de representantes institucionales es grave. Y nos ha pasado a todos", concluye. 

Eurodiputados expulsados

Más recientemente, en octubre de 2017, le tocó el turno a una delegación de eurodiputados. El grupo estaba compuesto por Paloma López, de Izquierda Unida; Josu Juaristi, de EH Bildu; Lidia Senra, de AGE; y las parlamentarias de Suecia Jytte Guteland y Bodil Valero. Los cinco formaban parte del intergrupo del Parlamento Europeo sobre el Sáhara Occidental. "Teníamos concertadas visitas con organizaciones, queríamos hablar con todas las partes; no teníamos problema en que se nos acompañara sin oscurantismos", recuerda López, hoy secretaria general de CCOO en Madrid. 

"Tuvimos un rifirrafe con las fuerzas de seguridad, porque vinieron grabando y les dije que nosotros grabaríamos también. Se bajó un poco el tono y estuvimos con un tira y afloja pero el comandante del avión nos indicó que nos volvíamos a Canarias", añade la exeurodiputada. López recuerda cómo algunos de los pasajeros que iban en el avión y pudieron bajar les daban ánimos discretamente y les pedían que no los abandonaran. 

"Marruecos usa todo el tema migratorio y tiene un estatus especial de vecindad en la UE. Son privilegiados y lo hacen valer. Así es muy complicado. Tienen allí en Bruselas un lobby permanente e invierten muchos recursos en ello", añade. Para López, el objetivo del viaje también consistía en trasladar a otros países de la UE el asunto saharaui, ya que considera que es un conflicto poco conocido. Y en este sentido se enmarcó la compañía de las dos eurodiputadas de Suecia con las que compartió viaje. "No es solo un tema de España, sino más global", afirma.

Mucho antes, en 2006, Marruecos había vetado formalmente, antes de que saliera, un viaje de una delegación de eurodiputados organizada desde la propia UE. El entonces presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, intentó negociar con las autoridades marroquíes. 

En 2019, un grupo de parlamentarios vascos intentó de nuevo un viaje. Entre ellos se encontraba Carmelo Barrio, del PP, junto a Eva Juez (PNV), Josu Estarrona (EH Bildu) e Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos). Barrio ya había conseguido viajar años atrás al territorio ocupado, aunque señaló su sensación de estar "constantemente vigilado". 

Uno de los últimos intentos de viajes tuvo lugar en febrero de 2020, poco antes del inicio de la pandemia. Un grupo de diputados del Parlament de Catalunya, de diferentes grupos políticos como ERC, En Comú y la CUP, tuvo el mismo resultado que sus antecesores.

Los casos mencionados en este artículo son solo unos ejemplos de una lista más larga de intentos. No son muchos quienes han conseguido reunirse con saharauis. Sí lo consiguió, por ejemplo, Rosa Díez, en 2009. Coincidiendo con la huelga de hambre de Haidar en Canarias, la entonces líder de UPyD pudo visitar la casa de sus hijos. Duró pocas horas y fue sacada de allí por la policía marroquí. La incógnita, en este "nuevo marco de relaciones con Marruecos", como define Moncloa el acuerdo logrado con el país vecino, será saber si este tipo de viajes se va a permitir próximamente.