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Salvador Alba, el juez condenado que quiso emular al 'bello' Enrique López

En su huida hacia adelante, acabó grabando hasta a sus propios compañeros en un descanso. Afronta la segunda condena más elevada que ha recibido un juez de la historia reciente: seis años y medio de cárcel por utilizar su poder para dañar a la magistrada Victoria Rosell, diputada de Unidas Podemos.

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El juez Salvador Alba, en el centro, durante el juicio celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. EFE

Siempre iban juntos. Los tres amigos acudían a los congresos de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM): El “bello” Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Salvador Alba, un simpático juez de Canarias, y el decano de Barcelona, José Manuel Regadera.

Alba quería emular a López, juez, guapo, con éxito como portavoz del CGPJ desde el punto de vista conservador, y ser elegido vocal de ese órgano constitucional. Y al igual que López se había acercado al PP, él tenía como valedor en la sombra a José Manuel Soria, el líder popular canario y exministro de Industria.

Pero Alba no podrá lograr su aspiración: ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a seis años y medio de prisión. Tampoco le fue bien a López: acabó dimitiendo como magistrado del Tribunal Constitucional al ser condenado por conducir ebrio, aunque acaba de ser ‘rehabilitado’ al ser nombrado consejero de Justicia e Interior de Madrid. El tercer amigo, Regadera, fue condenado en 2017 por una falta por agredir a su mujer.

La sentencia del TSJ de Canarias deja bien claro que Salvador Alba confabuló contra jueza y diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell y favoreció al exministro Soria en su querella contra la política ante el Supremo.

Para ello, Alba torció un sumario y se concertó con un poderoso empresario canario con el fin de crear una investigación paralela contra Rosell. La diputada dimitió para defenderse de estas acusaciones.

“Avispero canario”, “culebrón”, “Villarejo bis”, “Venezuela”… Cualquier persona que se acerque al culebrón del caso que ha desembocado en la condena del juez Alba tiene la impresión de que asiste a un embrollo donde se entrecruzan querellas, medio centenar de recursos, relaciones personales rotas, empresarios, periodistas y una huida hacia adelante enloquecida.

Hechos tozudos

Los hechos son tozudos. El 16 de marzo de 2016, el juez metió en su despacho oficial a quien lo grabó: Miguel Ángel Ramírez, un poderoso empresario local investigado por fraude a la Seguridad Social por valor de 17 millones de euros. Y en el despacho no había nadie más: ni fiscal, ni acusación. Esto es, se vulneró la igualdad de armas que rige en todo proceso penal. Algo impensable en un juez.

Si el Supremo confirma que estas grabaciones no son nulas, a pesar de haber sido realizadas sin el conocimiento del juez, Alba entrará en prisión. Porque las grabaciones dejan claro, según la sentencia, que ambos conspiran contra Rosell, su antecesora en el juzgado que acababa de saltar a la política por Podemos en 2015.

La sentencia tilda esta reunión de "intolerable" e "impropia en forma y fondo".
El empresario y el juez abordan en ella “la posibilidad de introducir en el procedimiento" judicial abierto contra Ramírez "información y pruebas” sobre una relación comercial entre el magnate y la pareja de Rosell, Carlos Sosa. Incluso el juez aventura que podría anularse el caso.

Dos días después de esa reunión, Ramírez es citado de manera oficial por el juez y le entrega la documentación pactada, que se filtra poco tiempo después a El Mundo. Soria amplía su querella.

Poderoso empresario

La versión de Alba es bien distinta. Sostiene que el empresario le tendió una trampa y que las grabaciones están manipuladas. Es más, él intentó grabar también la conversación, pero algo salió mal. Sospecha de un inhibidor.

Al juez siempre le resultó sorprendente que Ramírez tuviera la adjudicación de la vigilancia de las sedes judiciales de Las Palmas, con su empresa Seguridad Integral Canaria. O que los empleados de Ramírez se encargasen de la limpieza exterior de las ventanas cuando él tenía una declaración sensible en el interior.

Presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, el poderoso Miguel Ángel Ramírez afrontaba un proceso millonario por fraude a la Seguridad Social. Era el que investigaba la juez Rosell antes de entrar en las listas de Podemos en 2015. Investigación a la que da un nuevo impulso Alba cuando llega al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas.

El avispero canario

La sentencia sostiene que Alba minimizó el trabajo previo de Rosell sobre Ramírez, porque en sus informes daba a entender que no había cumplido con su cometido al frente del juzgado. Y esos informes fueron la base de la querella de Soria.

Victoria Rosell tuvo que dimitir para defenderse, y ha afrontado un largo y agotador proceso contra Salvador Alba.

Al fondo se encuentra otra persona: la actual pareja de Rosell, Carlos Sosa, periodista. Tres días después de que Rosell dejara el juzgado y pasara a la política, la empresa del periodista vendió una emisora a la Unión Deportiva Las Palmas. Los medios locales aseguran que el precio de la cesión de los derechos fue de 300.000 euros. El niega este montante. La Unión Deportiva emite desde dicha emisora.

Sosa ejerce la acusación popular en el proceso abierto contra Alba. Sostiene que las relaciones comerciales de sus empresas de comunicación con Ramírez datan de antes de que Rosell abriera la investigación contra el empresario.

No es la primera vez que Soria, Rosell y Sosa se enredan en los tribunales.

En 2011, el PP de Canarias aseguró que tenía pruebas contundentes de que una querella por cohecho presentada contra Soria había sido elaborada por la magistrada desde su ordenador personal. Rosell denunció que habían espiado en su portátil. Lo que ocurrió es que la querella fue difundida a la Prensa en un documento de Word y en sus “Propiedades” aparecía como autora el nombre de la jueza, según fuentes jurídicas.

Para complicar aún más el nudo, resulta que Alba y Rosell fueron amigos de juventud. Son compañeros de oposición en la carrera judicial y estudiaron juntos en la Escuela Judicial. Él era amigo del exmarido de la magistrada, también juez y de la misma promoción. Y solían salir juntos.

En la carrera judicial llamó la atención que Alba, que ejercía de magistrado en la Audiencia de Las Palmas, pidiera la plaza de Rosell cuando ella saltó a la política. Era un descenso de nivel, aunque fuera durante un tiempo limitado como fue, que aceptó el CGPJ.

Estupor entre los jueces

El estupor cundió entre los jueces de Canarias aquel año de 2016 porque, en su huida hacia adelante, Alba acabó grabando incluso a sus compañeros en la Audiencia de Las Palmas en una conversación distendida de café. Fue difundida a los medios de comunicación. En ella, aparecen expresiones de sus colegas como “Y todas las rumanas, putas”. O que los jovencitos rusos eran “unos mafiosos. Y todos los italianos del sur, todos, mafiosos, todos, de Roma para abajo”.

En otra ocasión, un juez amigo le propuso cerrar un acuerdo con Ramírez “en una piscina” donde los tres se sumergirían para evitar ser grabados. Esta conversación fue grabada en un aparcamiento y difundidas por Canarias Ahora, el medio que dirige Carlos Sosa.

De baja por las Maldivas

Corría julio de 2018 y Alba se encontraba de baja médica, lo que entorpecía la difusión de la sentencia del caso Faycan, de la que era ponente, sobre una trama de financiación que afectaba al PP de Telde. El presidente del TSJ no conseguía comunicarle la multa impuesta por el CGPJ por grabar a sus compañeros. No había forma de localizar a Alba. Apareció de regreso de las Maldivas y al llegar a Canarias el presidente del TSJ, Antonio Doreste, ordenó detenerlo para entregarle la notificación. Nueva denuncia de Alba, porque se trataba de una sanción administrativa.

Pascual Estivill, condenado por extorsión

Salvador Alba afronta la segunda pena de un juez más grave de la historia. La sentencia destaca que éste es un caso singular y lo condena por los delitos más graves que se puede condenar a un juez en el ejercicio de su cargo: prevaricación, cohecho y falsedad en documento público. Es inhabilitado por 18 años y deberá pagar una indemnización a Rosell de 60.000 euros, de confirmarse la sentencia.

Su caso sólo está superado por Lluís Pascual Estivill, condenado por extorsión a empresarios a más de nueve años de cárcel en 1996.

Estivill fue vocal del CGPJ, el órgano constitucional que dirige la parte administrativa de la justicia. Sus miembros son designados por los partidos políticos presentes en el Parlamento. Y si Estivill fue elegido a propuesta de la CiU de Jordi Pujol, Alba quería ser elegido vocal con el impulso del PP.

La sentencia cita varias veces a Soria, el presunto padrino en la sombra de Alba, el juez que utilizó su poder para dañar a otra jueza y torció un sumario. Un caso singular e histórico.

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