Por una vez en dos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha obviado Venezuela en un acto durante su visita a México, que concluye este jueves. En su encuentro con empresarios españoles su misión era defender a las compañías que operan en el país norteamericano.

La llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la imagen que la derecha mexicana proyecta sobre él ha generado zozobra en el sector empresarial, con grandes intereses en sectores estratégicos como la energía, la banca y el turismo. La víspera, además, el mandatario había lanzado un mensaje de “puertas abiertas” con recado: son bienvenidas las compañías que operen “con ética” y no aquellas que entren en el juego de la corrupción y el soborno. López Obrador había aclarado que su aviso no iba con bandera, pero la advertencia tuvo su eco en el cónclave empresarial.

López Obrador ha convertido la lucha contra la corrupción en uno de los ejes de lo que denomina “cuarta transformación” de la vida pública mexicana. Considera que si pone fin a los desfalcos y adelgaza la administración por la cúspide logrará recuperar unos fondos que podrá destinar a la redistribución de la riqueza y la justicia social.

El primero que ha recogido el guante de la corrupción ha sido el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi. “Una cosa que no es verdad: las empresas españolas no han creado la corrupción en México”, ha afirmado. “Por mucho que se repita que las empresas españolas son responsables de la corrupción, no es así, no somos así”, ha repetido, para después asegurar que, si existen casos, hay que investigarlos.

Sería injusto atribuir únicamente a un grupo de empresas de un país concreto el mantenimiento del sistema de mordidas y sobornos que ha caracterizado a la administración mexicana. Sin embargo, todo suma y España y sus empresas sí tienen sus propios escándalos en tierra azteca. Entre ellos, por ejemplo, el de OHL.

En 2015, ejecutivos de esta constructora española aparecieron en un video reconociendo haber cometido fraude para la concesión del Viaducto Bicentenario, una obra ubicada en el estado de México. Conocedor de ello debería ser José Antonio Fernández Gallar, consejero delegado de la firma y presente en el encuentro con Sánchez.

En la misma línea se han manifestado otros empresarios como Antonio Basagoiti (expresidente del PP en el País Vasco y ahora al frente de la Cámara de Comercio de España en México, además de ejecutivo del Banco Santander), que ha defendido una “correcta imagen de la empresa española” y ha asegurado que las compañías no buscan únicamente el beneficio, sino que se comprometen con el país y con las políticas de responsabilidad corporativa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el desayuno de trabajo que ha mantenido con empresarios españoles.POOL MONCLOA/Fernando Calvo

Otro de los puntos clave es el temor de los empresarios ante las reformas que están por venir. Por eso, piden a Sánchez que defienda el concepto de “seguridad jurídica”. Esta es una idea a la que suelen aferrarse mucho las grandes transnacionales que operan en lugares como México o Centroamérica y que se enfrentan a cambios en la legislación o a recursos ante la justicia que paralizan los macroproyectos.

Sánchez ha recogido sus inquietudes y ha ampliado el mensaje: “Nada tenemos que ver con la corrupción, sois actores prosperidad y progreso”, ha afirmado. El presidente ha puesto en valor la buena relación entre España y México, recordando que no solo empresas españolas se establecen en el país norteamericano, sino que también existe una reciprocidad. Además, durante la visita ha quedado clara la sintonía entre ambos mandatarios, que se definen como progresistas.

Fruto de este buen entendimiento llegan los dos acuerdos suscritos por ambos gobiernos y que ha anunciado Sánchez. El primero supone la incorporación de España al pacto de desarrollo suscrito entre México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) que busca promover el crecimiento económico en la región para limitar los altos flujos migratorios que van desde estos países hacia Estados Unidos. El segundo implica un “relanzamiento de la cooperación bilateral”, pero Sánchez no ha dado más detalles.

Las empresas españolas se muestran preocupadas por posibles modificaciones a la reforma energética promovida en 2013 por Enrique Peña Nieto. A su vez, están interesadas en participar en megaproyectos como el Tren Maya, una de las obras que López Obrador quiere sacar adelante durante su sexenio.