"El acuerdo está listo y preparado". Así se rotundo se ha mostrado públicamente este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez sobre el estado de las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En una rueda de prensa ofrecida en Sudáfrica, el líder del Ejecutivo ha desligado la reforma del delito de sedición, que rechaza el PP de las "obligaciones constitucionales" respecto a la renovación del órgano del poder judicial. El PP lo niega todo. 

"Solo falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios sobre sí queremos renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional (TC). Nosotros decimos sí de manera rotunda", ha destacado. "Nunca como ahora hemos estado tan cerca de llegar a un acuerdo. Esto es una buena noticia y da prueba de la voluntad política de ambas partes para llegar a un acuerdo y de encontrar una posición equilibrada al PP también", ha añadido. 

El presidente pasa de esta manera toda la presión a los populares. Este jueves se ha conocido que los socialistas habían cedido en algunas cuestiones sobre la independencia judicial como el hecho de acotar el que los jueces que asuman cargos políticos tendrán que esperar, una vez finalizada esta responsabilidad, dos años sin ejercer y dictar sentencias. "Hago un llamamiento para solucionar la crisis", ha insistido Sánchez. 

Por su parte, fuentes del PP han destacado que estas afirmaciones "no se ajustan a la realidad". "Si bien es cierto que hay avances en las conversaciones, todavía no se ha llegado a un acuerdo. No es cierto que la solución esté cerrada ni en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial ni en el del Tribunal Constitucional", añaden los populares. 

Sobre el delito de sedición, el presidente no ha querido concretar la propuesta exacta que maneja el Gobierno sobre la rebaja en las penas. Y ha reiterado la voluntad de homologar este tipo de delitos a los estándares europeos. Algo que ya anunció en su investidura. 

Para el líder del Ejecutivo, "es legítimo" discrepar de la agenda legislativa, como hace el PP con el asunto de la sedición y prácticamente todas las normas que lanza el Gobierno. "Otra cosa es el cumplimiento estricto de la Constitución Española, sobre todo de los partidos que se dicen de Estado", ha afirmado Sánchez. 

"La situación en Catalunya está mucho mejor que en octubre de 2017", ha añadido Sánchez, al tiempo que ha defendido la resolución por "cauces políticos" de los problemas. Este mismo jueves, en el Congreso de los Diputados, tanto María Jesús Montero, ministra de Hacienda, como Gabriel Rufián, portavoz de ERC, se han referido al delito de la sedición.