La Xunta de Galicia ha concedido en los últimos ocho años más de medio millón de euros a Sargadelos, la empresa gallega de cerámicas que ha amenazado con cerrar su fábrica de Cervo (Lugo) si los trabajadores siguen apoyando a la presidenta del comité, Rogelia Mariña. La cantidad invertida por la administración de Feijóo representa más de la mitad de todas las subvenciones públicas que ha recibido en los últimos 25 años la histórica y popular sociedad, emblema de la identidad cultural de Galicia.

De momento, el propietario y consejero delegado, Segismundo García, ha despedido a más de una veintena de empleadas y empleados, el 25% de la plantilla de la factoría, para presionar al colectivo para que revoque a Rogelia Mariña. La trabajadora, delegada de personal por UGT desde hace treinta años y a quien el empresario no deja reincorporarse a su puesto de trabajo desde hace dos semanas, ya fue despedida hace dos años por enfrentarse a García. Los tribunales anularon su baja y ordenaron readmitirla e indemnizarla por daños morales.

García ha asegurado en varias ocasiones que cree en la sociedad “del mérito y el esfuerzo”, y ha calificado a los sindicatos y a sus representantes legales como “una rémora del siglo XIX”. Se autodefine como “liberal”, aunque lo cierto es que los reparos que mantiene ante la intervención de las administraciones en la economía se refieren sólo a las leyes que regulan el mercado laboral y protegen a los trabajadores y a sus representantes de la explotación y de los desmanes de los empresarios. Si se trata de que éstos reciban dinero, las convicciones liberales de García no parecen tan sólidas.

El 29 de diciembre del año 2011, el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) firmó un “convenio de colaboración” por el que Fábrica de Cerámicas de Sargadelos S.L. recibió 354.000 euros. El objeto del acuerdo era apoyar la “promoción y difusión de la artesanía de Galicia a través de la visualización de productos amparados por la marca Artesanía de Galicia en los espacios expositivos” de los comercios de la marca.

La ayuda no estaba sujeta a ningún compromiso para el mantenimiento del empleo por parte de la empresa, a pesar de que Sargadelos se hallaba entonces en una situación complicada. De hecho, acababa de ejecutar un expediente de regulación de empleo (ERE) que costó decenas de despidos y que la Xunta de Feijóo aprobó pese a que era ilegal. Los trabajadores recurrieron y la justicia les dio la razón. Primero, un juez de lo Social, y después el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que rechazó los recursos de la empresa y de la Xunta y que confirmó la sentencia que ordenaba a Sargadelos indemnizar a los despedidos con 800.000 euros. E Tribunal Supremo rechazó a principios de este año admitir a trámite el recurso de casación del empresario.

García asegura ahora que esas indemnizaciones que la empresa provocó con despidos ilegales apoyados por la Xunta ponen en riesgo su viabilidad, y culpa de todo el asunto a los sindicatos y a sus representantes más combativos. Ante eso, el Gobierno de Feijóo se lava las manos. Hace un par de semanas, su delegado territorial en Lugo, José Manuel Balseiro, natural de Cervo y quien presume de conocer personalmente a todos los trabajadores, se limitó a expresar la “preocupación” de la Administración gallega y a lamentar que no podía hacer nada: “La Xunta no tiene una solución para Sargadelos”, dijo.

Ayuda tras ayuda

La posición de Balseiro choca con la cantidad de dinero que la Administración que representa ha invertido en la firma. Porque a los 34.000 euros del Igape hay que añadir otros 63.532 euros concedidos por la Axencia de Turismo de Galicia en el año 2013 para obras de rehabilitación en el museo Sargadelos, y otros 120.000 euros concedidos en cuatro ayudas de 30.000 euros firmadas por la Consellería de Cultura en otras tantas anualidades entre el 2013 y el 2016. Se justificaron como “contribución” (sic) al sostenimiento del museo y de su proyecto cultural y ya venían siendo concedidas prácticamente todos los años desde mediados de los noventa.

Segismundo García no ha querido dar su versión del asunto a Público, y se remite a un par de artículos en prensa para ilustrar a quien tenga interés en conocer su ideario sobre el funcionamiento del mundo, las empresas, la justicia, los sindicatos y el mercado laboral.
Por su parte, Rogelia García sigue sin poder ir a trabajar, mientras la empresa presiona al límite a sus compañeras con más despidos.

UGT ha planteado un conflicto colectivo ante los juzgados de los Social, cuyo primer paso será un acto de conciliación que se celebrará el próximo 11 de septiembre. El mismo día en el que se celebrará la consulta entre los trabajadores impulsada por García para que revoquen a Mariña. Muchos de ellos se temen que la empresa acelerará esta semana los despidos de los quienes la apoyan, hasta llegar al medio centenar que ha anunciado, para evitar que puedan votar y ganar así el referendo.

Hasta hace unas semanas, Sargadelos daba empleo a alrededor de un centenar de personas. Es la industria más importante y conocida de Cervo, una localidad de 4.000 habitantes en la costa cantábrica de Lugo en la que no existe prácticamente una familia que no esté relacionada de algún modo con la compañía. Su alcalde, Alfonso Villares, del PP, ha secundado la posición de la Xunta asegurando que no puede inmiscuirse en los problemas de una firma privada.

Compromiso por Galicia, una formación que no cuenta con representación en el Ayuntamiento pero cuyo secretario general es vecino de la localidad y fue durante años secretario general de UGT en la comarca, ha pedido un pleno extraordinario para tratar el asunto. Y estudia interponer una denuncia ante la Seguridad Social para que aplique la ley concursal interviniendo la empresa, apartando a García de su gestión y nombrando a un administrador independiente para evitar su ruina.

Piñeiro, quien recuerda que Sargadelos es un emblema de Galicia, asegura que la compañía mantiene una considerable deuda con el Estado agravada por el impago de salarios y por el abono de nóminas en cantidades por debajo de las pactadas en convenio, lo que supondría que está cotizando a la Seguridad Social por debajo de sus obligaciones legales.