Juicios inabordables, señalamientos con casi un año de distancia… Los jueces de la Audiencia Nacional José de la Mata y Teresa Palacios han coincidido en la necesidad de que este órgano central se centre en ser un órgano integral especializado en la lucha contra la nueva delincuencia económica.

“A veces estamos enjuiciando una serie de hechos que confieso abiertamente que no son competencia de la Audiencia Nacional”, ha expuesto Palacios quien considera que “algo está fallando” porque, si se está ante una organización criminal, primero debe investigarse en el juzgado que corresponda y después que entre en el órgano especializado.

Tanto De la Mata como Palacios han comparecido este martes ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para defender sus candidaturas a una de las tres plazas convocadas para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la que se han presentado 28 candidatos.

Sin que hayan finalizado las entrevistas, Carlos Lesmes, el presidente interino del CGPJ y la mayoría que dirige se inclinan por aupar al alto tribunal a Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. También parte como favorito Javier Hernández, presidente en funciones de la Audiencia de Tarragona o bien José de la Mata. Este órgano constitucional ha procedido al nombramiento de 46 altos cargos de la cúpula judicial y del Supremo a pesar de estar en funciones desde hace un año y cuando es una competencia que correspondería al próximo Consejo.

De la Mata, que instruye varias de las causas de mayor complejidad en la Audiencia Nacional -entre ellos los casos Pujol, papeles de Bárcenas y el 3 por ciento en Catalunya- ha destacado la necesidad de que los magistrados de este órgano demuestren "altas cotas de ética profesional" y otros valores como la convicción en el fortalecimiento del sistema de justicia.

"Debemos tener convicción de que en el Poder Judicial prestamos un servicio público, y la convicción de que nuestra misión es servir, garantizar y proteger y ello nos obliga a altas cotas de ética profesional y destinar todo el tiempo disponible en esta tarea", ha manifestado.

Igualmente, De la Mata ha destacado que un candidato al Supremo debe tener "una visión integral del sistema de justicia de otras instituciones que coadyuvan a promover la cohesión social, al fortalecimiento del sistema de justicia y por tanto al estado social y democrático de derecho".

A lo largo de 32 años de ejercicio, De la Mata prestado servicio en toda clase de órganos judiciales, ha sido letrado en el CGPJ y el Tribunal Constitucional, así como director general de la Administración de Justicia y Secretario General de Justicia con gobiernos del PSOE.

A la hora de destacar sus resoluciones más relevantes, de la Mata ha optado por las que a su juicio reflejan las áreas en las que está más especializado, y ha citado una sentencia de apelación de Audiencia Provincial sobre vulneración de secretos y otras dos donde destacaba la relevancia del consentimiento de la víctima en casos de violencia de género.

A preguntas del vocal Rafael Mozo, el aspirante ha defendido la necesidad de "profundizar en el diálogo entre cortes" de diferentes países europeos como mecanismo para mejorar el sistema de orden europea de detención y entrega (OED), de modo que exista más agilidad a la hora de suministrar al país al que se reclama todos los elementos necesarios sobre el caso concreto. En este punto, ha resaltado la labor del juez de enlace y de Eurojust.

Expertos interdisciplinares

Sobre las competencias de la Audiencia Nacional, De la Mata ha defendido la necesidad de un órgano que integre a expertos interdisciplinares para luchar contra la delincuencia económica, que tiene una fenomenología que va evolucionando con las nuevas tecnologías y mejora su eficacia en el ámbito de la corrupción.

Tras De la Mata ha comparecido la magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, veterana instructora de asuntos económicos en la Audiencia Nacional (casos Kio, Banesto, Créditos del Santander o PSV) que también ha defendido que, con los casos de delincuencia económica que aborda actualmente, la Audiencia Nacional es "ahora cuando está en su ser, en su decreto de constitución".

La magistrada, que ha juzgado asuntos de interés como el caso de las Gestoras pro Amnistía o el de las tarjetas black, se ha referido al peligro de que las competencias de la Audiencia Nacional "se le vaya de las manos" en referencia a asuntos que, a su juicio, no deberían ser competencia de la Audiencia Nacional. Son asuntos que se mantienen allí porque afectan a la economía nacional -haciendo mención, si aludirlas, a las causas sobre falsificación de moneda o tarjetas de crédito que colapsan este órgano.

Abuso de las piezas separadas

También ha cuestionado Palacios que en la Audiencia Nacional se abuse en ocasiones de la apertura de piezas separadas en un mismo procedimiento, lo que multiplica la complejidad y acaba suponiendo la apertura de un sin fin de procedimientos que llevan a perder la perspectiva sobre la organización criminal investigada.

En la ronda de esta tarde comparecerá el magistrado Juan Ramón Sáez Valcárcel, considerado uno de los mayores expertos de Penal de España, así como otro de los favoritos de la mayoría conservadora: Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

También comparecerán esta semana la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón y el propio presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro.

Las tres plazas ofertadas en el Supremo, correspondientes al turno general, están reservadas a magistrados con al menos diez años de antigüedad en esta categoría y no menos de quince en la carrera judicial.

Las convocatorias obedecen a la jubilación del magistrado que formó parte del tribunal que juzgó el proceso independentista en Catalunya Luciano Varela, efectiva desde el pasado 14 de octubre; y a las de Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde, que tendrán lugar en los próximos días.

Entre los veintiocho candidatos que se han presentado para estas tres plazas, hay diez mujeres y dieciocho hombres. Los planes del sector mayoritario pasarían por elegir una mujer -Espejel- y dos hombres, cuando en la Sala de lo Penal del Supremo las juezas son minoría: sólo hay dos mujeres entre sus catorce integrantes. Y cuando España es el país con menos mujeres en el Tribunal Supremo, sólo superada por Malta, Albania o Turquía.