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Mediapro Sentencia histórica contra la pirateria: medio millón de euros en multas e indemnizaciones

La pena recae en los integrantes de una red dedicada a la venta de decodificadores con contenidos pirateados. Se indemniza con 200.000 euros al Grupo Mediapro, 200.000 euros a LaLiga y 20.000 euros a la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales.

El centro audiovisual de Mediapro.

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El Juzgado de lo Penal nº4 de Málaga ha dictado una sentencia que marcará época. Una cantidad sin precedentes en el audiovisual, que en multas e indemnizaciones ronda el medio millón de euros y que se considera histórica en la defensa de los derechos audiovisuales de los clubes de LaLiga.

En concreto, la pena recae en los integrantes de una red dedicada a la venta de decodificadores con contenidos pirateados, entre los que se incluye el fútbol. La sentencia impone la condena de 6 meses de prisión y 1.800 euros de multa para el administrador de la empresa que distribuía ilícitamente los contenidos, así como 40.000 euros de multa para la persona jurídica.

Además, se indemniza con 200.000 euros al Grupo Mediapro, 200.000 euros a LaLiga y 20.000 euros a la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA). Las tres acusaciones particulares percibirán también 10.000 euros en concepto de las costas procesales que se les han generado. La empresa condenada ha aceptado además regularizar su situación y convertirse en cliente de los legítimos licenciatarios de los contenidos.

Se trata de una de las mayores indemnizaciones en materia de piratería audiovisual en España y la primera sentencia que obtiene el Grupo Mediapro y LaLiga que afecta a un operador regional de estas dimensiones. Una empresa que contaba con unos 5.000 clientes que abonaban cada mes unos 47 euros aproximadamente por cliente.

La red operaba en las zonas de Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Guadacorte, Guadiaro, Marbella, Mijas, Málaga y Torremolinos. Con esta sentencia, el Grupo Mediapro y LaLiga refuerzan su lucha contra la piratería audiovisual y el consumo fraudulento e irregular de derechos de propiedad intelectual.

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