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La sentencia contra la inmersión en catalán en la escuela queda en manos del Gobierno y le augura una tormenta política

El Ministerio de Educación debe decidir si pide la ejecución de la decisión judicial o no. La derecha exige a Sánchez el cumplimiento de la sentencia pero la aplicación tensionaría la relación con ERC

Pilar Alegría
La ministra de Educación y Formación profesional, Pilar Alegría, en el Congreso de los Diputados. Javier Lizón / EFE

En Catalunya el tema de la lengua es siempre delicado. En los últimos tiempos ha crecido la preocupación por el retroceso que experimenta el uso social del catalán según indican todos los estudios lingüísticos. Por eso la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a introducir una cuota del 25% de materias en lengua castellana en las aulas rompiendo el modelo de inmersión lingüística ha generado un nuevo terremoto político y social en Catalunya.

El seísmo tendrá réplica –veremos de que intensidad– en Madrid, ya que la aplicación de la sentencia queda pendiente ahora de la petición de ejecución del Gobierno. El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos puede quedar atrapado entre la ofensiva de la derecha para que se cumpla la sentencia o la tensión con sus socios presupuestarios y de investidura de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) si aplica un dictamen judicial que además queda desfasado ya que se basa en una ley que ya ha sido derogada por el propio Gobierno de Pedro Sánchez.

Se da la paradoja de que la sentencia del TSJC ahora ratificada deriva de un procedimiento judicial iniciado en 2015 en la etapa del PP al frente del Gobierno con Mariano Rajoy en la Moncloa. En esos momentos estaba vigente la ley de Educación estatal, la llamada Ley Wert con la que el polémico ministro quería "españolizar a los escolares catalanes" y que imponía la cuota del 25% de clases en castellano. Pero esa ley ya ha sido derogada por la norma actualmente vigente impulsada por el Gobierno del Pedro Sánchez –la llamada Ley Celaá, por la exministra de Educación- que no incorpora cuotas de castellano obligatorias como lo hacía la anterior en que se basa la sentencia, sino que sólo contempla que al final de las etapas educativas los alumnos dominen en igualdad de condiciones el catalán y el castellano, una condición que todos los datos académicos avalan.

Tormenta política a la vista

Se desconoce por ahora cuál será la actuación del Ministerio de Educación. Por el momento la ministra Pilar Alegría se ha mostrado ambigua puesto que según dijo el conseller d’Educació del Govern de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, se limitó a asegurarle en conversación telefónica mantenida este martes que se aplicaría la ley de Educación estatal vigente.

Una consideración que podría hacer pensar que no se aplicarán cuotas de castellano ya que la nueva ley no las incorpora, pero Alegría no ha concretado si pedirán la ejecución o no de la sentencia una vez sea firme a pesar de estar desfasada por el cambio legislativo. Se vislumbra pues una tormenta política importante ya que de ejecutar la sentencia se tensionaría la relación entre el Gobierno español y ERC.

Fuentes de los republicanos recuerdan que "la lengua y la inmersión lingüística en catalán en la escuela es una línea roja para Esquerra que no se puede traspasar". Los republicanos aseguran que el Govern no modificará en ningún caso el actual modelo de inmersión lingüística.

De momento se muestran reticentes a concretar posibles consecuencias en caso que el Ministerio pida la ejecución de la sentencia ya que "esperamos que no se produzca, no tendría sentido después del cambio en la ley". Pero alertan que las relaciones con el Gobierno no serían iguales si la decisión supone ejecutar la aplicación y recuerdan que fueron imprescindibles para la investidura de Pedro Sánchez y en estos momentos para la aprobación de los presupuestos que se votarán mañana en el Congreso, pero que recuerdan "tiene aún un recorrido por hacer en el Senado donde ERC tiene mucha fuerza también".

El PP ya ha exigido que se haga cumplir el veredicto judicial

Lo que también está asegurado es que en caso de no pedir la ejecución el Gobierno reciba una fuerte ofensiva de la oposición de derechas que le acusará de incumplir la ley y de no acatar las sentencias. El PP ya ha exigido que se haga cumplir el veredicto judicial. El presidente del PP, Pablo Casado, así lo ha reclamado: "Sánchez debe exigir a la Generalitat que cumpla la sentencia en Catalunya con todos los instrumentos del Estado. Incumplir esta resolución para contentar a sus socios sería prevaricar", ha advertido el líder del PP al jefe del ejecutivo estatal.

La posición del PSC, un termómetro

Un termómetro de cuál puede ser la decisión final del Gobierno puede ser la posición de los socialistas catalanes. El presidente del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha defendido que el catalán sea lengua vehicular en la escuela pero no ve mal que se imparta una materia en castellano que sería la consecuencia de la aplicación de la sentencia. "No me parece que esto ataque ni el modelo ni ponga en riesgo el catalán en la escuela", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya.

El PSC apuesta por que haya "flexibilidad" y sean los profesionales de cada escuela quienes decidan su proyecto lingüístico "en función de la realidad sociolingüística". "Que en una escuela de Santa Coloma de Gramenet –ciudad próxima a Barcelona de población mayoritariamente castellanohablante pero donde un grueso de familias provenientes de la emigración de otras partes del Estado iniciaron la inmersión lingüística en catalán hace décadas-, si lo creen las autoridades del centro, se dé más relieve al catalán. Y que un centro de Prats del Lluçanès (la Catalunya interior) dé más peso al castellano por una razón sociolingüística", ha puesto Illa como ejemplos.

Según ha dicho el líder de los socialistas catalanes, no le gusta hablar de porcentajes y ha añadido que "no le parece mal" que, aparte de la asignatura de castellano, se imparta otra materia en castellano. "No me parece que ataque el modelo que tenemos ni que ponga en riesgo el catalán en la escuela", ha concluido.

Fuerte rechazo social y sindical a la sentencia

Por su parte los partidos independentistas en su conjunto, las numerosas entidades de protección e impulso del catalán como Òmnium, Plataforma per la Llengua, el mundo de la escuela con la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica al frente, y todos los sindicatos del mundo de la educación, desde el mayoritario USTEC a UGT, Comisiones Obreras, la Intersindical, CGT, etc han manifestado su rechazo a la ruptura de la inmersión lingüística en catalán.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, se reunió de urgencia con representantes de todos ellos este martes en un frente común contra la sentencia. Las entidades y los sindicatos del profesorado defienden que el catalán en la escuela se ha ido debilitando con los años y que la sentencia sería una estocada definitiva para un modelo que consideran "reconocido internacionalmente y contrastado en su eficacia para asegurar el dominio del catalán y el castellano asegurando la igualdad de oportunidades para el alumnado".

El conseller, a las direcciones escolares: el modelo no se toca


Por su parte, el conseller de Educación, Josep González-Cambray, ha enviado este miércoles una carta a los directores de los centros educativos instándoles a no realizar ningún cambio en sus proyectos lingüísticos. El conseller considera la decisión del Supremo un "grave ataque" a los cimientos del modelo de escuela catalana e insiste en que la enseñanza de las lenguas no va de porcentajes. Por todo ello, asegura a los directores que no deben realizar ningún cambio en sus proyectos y les garantiza que el Departament d’Educació estará siempre a su lado, "dando amparo" a su vocación de servidores públicos. El conseller finaliza su misiva con la frase: "La escuela en Catalunya, en catalán".

El conseller considera la decisión del Supremo un "grave ataque" a los cimientos del modelo de escuela catalana

Además, explica que desde el Govern se potenciarán las herramientas lingüísticas que tienen los centros a su alcance en el marco del plan de promoción del catalán anunciado hace unas semanas. Cambray defiende también que el modelo de escuela en catalán tiene un amplio consenso social, pedagógico y político y garantiza el aprendizaje del catalán y el castellano al finalizar la etapa obligatoria.

Preguntado por la carta del conseller Cambray a los directores de los centros escolares, el dirigente socialista Salvador Illa ha dicho que el Govern debe respetar las decisiones judiciales y que "se equivoca" si se declara insumiso. De todas formas, no cree que la decisión judicial del Supremo "comprometa" el hecho de que el catalán siga siendo la "lengua central" en la escuela.

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