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Sentencia del 'Procés' “Señor juez, condéneme a mí también”

Centenares de personas presentan en los juzgados de las capitales catalanas escritos de autoinculpación por los mismos hechos por los cuales el Tribunal Suprem condenó a dirigentes soberanistas.

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Gabriela Serra y Marcel Mauri a las puertas de la Ciudad de la Justicia para entregar sus escritos de autoinculpación. / Públic 

Pepe Beúnza, el primer objetor de conciencia al servicio militar en el Estado español, ha sido la primera persona que se ha autoinculpado esta mañana en la Ciudad de la Justicia. Detrás de él lo han hecho el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri y Gabriela Serra, exdiputada de la CUP y activista de larga trayectoria en el movimiento pacifista.

Con ellos estaban centenares de personas dispuestas a presentar en el mismo juzgado de guardia "una confesión autoinculpatoria en forma de denuncia" por haber participado en las manifestaciones de protesta por los registros y detenciones realizados por la Guardia Civil en diferentes puntos del país el 20 de septiembre del 2017 y en el referéndum de autodeterminación de Catalunya del 1 de octubre de aquel mismo año.

"La sentencia dictada 14 de octubre de 2019 por el Tribunal Supremo considera que todos estos hechos constituyen un grave delito de sedición", se recuerda en el mismo escrito presentado por los autoinculpados, que solicitan en el juzgado que "tenga por hecha la comunicación" de su participación en los mismos hechos.

El activista por la paz, Pepe Beunza, muestra su escrito de autoinculpación frente la Ciudad de la Justicia. / Públic

Pepe Beúnza, en conversación con Públic, poco antes de entrar en el juzgado, explicaba que "el poder judicial es mucho más responsable que el aparato represivo policial" en el actual conflicto entre Catalunya y el Estado, a pesar de que señalaba también las responsabilidades del poder político, que "es quien ha de abrir caminos de solución".

"La autoinculpación tiene mucha fuerza", ha asegurado, "porque el miedo que hacen los jueces se supera". "Es un gesto personal, pero si se hace en grupo es más eficaz". "Si se llama, señor juzgue, condéneme a mí también, a los jueces se los descoloca y a nosotros nos llena de dignidad".

Desde primera hora de la mañana de este lunes, en el exterior de los juzgados se han concentrado centenares de personas, que han decidido participar activamente en la campaña de autoinculpaciones promovida por Òmnium Cultural en todas las capitales catalanas. Entre ellas se encontraba una significativa representación de figuras conocidas del mundo del espectáculo y la cultura, como Carme Sansa, Pep Planas, Manel Barceló, Pep Cruz, Jordi Pessarrodona o Ada Parellada.

"Que el Estado reaccione" ha reclamado Marcel Mauri, que ha denunciado además la razia de detenciones realizada recientemente entre personas implicadas en la movilización soberanista y la voluntad de resolver en los tribunales un conflicto de carácter político.

Mauri ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a hacer de esta campaña de autoinculpaciones "la más masiva de la historia de Catalunya".

Desde que empezó la campaña, más de 10.000 ciudadanos se han descargado el formulario para autoinculparse, un gesto "de compromiso personal, solidaridad y de reafirmación". Ninguno de los delitos que imputan a Jordi Cuixart y al resto de presos políticos, se puede aguantar", ha explicado el dirigente de Òmnium.

El registro de autoinculpaciones se ha desarrollado con celeridad en Barcelona pero el ritmo va más lento en los juzgados del resto de capitales.

Autoinculpaciones en Madrid por la democracia

El pasado mes de marzo, un grupo de veintinueve profesores, escritores, periodistas y activistas registraron una denuncia a ellos mismos en el juzgado de guardia de Madrid para "autoinculparse" de los "hechos y cargos" de los cuales se acusaba Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, antes de ser condenados.

"Es en defensa y solidaridad con los Jordis, pero sobre todo es en defensa de la democracia", han asegurado en un manifiesto que leyeron cinco de los componentes de la acción –Manuel Rivas, Ovidio Bustillo, Amparo Grolimund, Víctor Sampedro y Santiago Alba Rico– en nombre de algunos de los firmantes.

Todos ellos plantearon que si la Justicia "desea depurar responsabilidades penales por el ejercicio de derechos fundamentales" se valorara "la apertura de una causa penal" contra todos los que se han autoinculpado.

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