Sidenor vendió acero a una armamentística israelí para fabricar obuses en plena masacre en Gaza
La empresa metalúrgica con sede en Basauri exportó material en 2024 a IMI Systems, filial de Elbit, una de las principales suministradoras de armas al Ejército de Israel.
El hallazgo se produjo en el marco del registro policial efectuado el pasado 10 de febrero en la planta vizcaína por orden de la Audiencia Nacional, que investiga a tres directivos de esta empresa.
El presidente de Sidenor sostuvo que la operación no vulneró la normativa española debido a que no se trataba de armamento y remarcó que se produjo antes de que se decretara el embargo a Israel.
Las exportaciones de acero a Israel por parte de la empresa metalúrgica Sidenor en 2024 tuvieron como destino la construcción de obuses. Así consta en documentos judiciales a los que ha accedido Público y que revelan los vínculos entre la compañía con sede en Basauri y fabricantes de armas que trabajan para el Gobierno de Benjamín Netanyahu.
Sidenor está hoy en el foco de la Audiencia Nacional, que investiga los negocios entre esta empresa y la armamentística israelí IMI Systems, filial de Elbit Systems, una de las principales suministradoras de material militar al Ejército de ese país en el marco de los ataques contra la Franja de Gaza.
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interrogó en noviembre al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos. El pasado 10 de febrero, con el procedimiento bajo secreto de sumario, el magistrado ordenó el registro de las instalaciones de la empresa en Basauri.
De Jorge investiga si los directivos de la compañía incurrieron en un delito de contrabando –es decir, que las exportaciones se hubiesen producido sin los permisos pertinentes de la Junta Interministerial que regula el comercio de material de defensa– y en participación por complicidad en un delito de lesa humanidad. El Gobierno afirmó en varias ocasiones que no se han autorizado exportaciones de material de defensa a Israel desde el 7 de octubre de 2023.
El procedimiento judicial se inició a partir de una querella formulada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya, que se personó como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.
Según documentación judicial a la que ha tenido acceso Público, los agentes a cargo del registro en la planta de Basauri hallaron un correo electrónico impreso en el despacho de Iñigo Molero, director comercial y uno de los tres investigados. Se trata de una cadena de comunicaciones en la que aparecen las direcciones de correo de otros tres integrantes de Sidenor.
El correo electrónico más reciente que figura en ese documento es del 5 de marzo de 2025 y estaba dirigido a otro miembro de la empresa. Molero incluyó en ese mensaje una tabla con datos de las exportaciones en el área de armamento durante 2024. Allí figura la empresa israelí IMI Systems, junto a la palabra "obuses", que aparece situada en una columna que lleva como título "pieza". En el listado también está la empresa Israel Weapon Industries, aunque sin otras especificaciones respecto a la utilización final del material exportado.
La documentación judicial a la que accedió Público permite saber además que los agentes también encontraron información respecto a otra exportación a IMI Systems en 2023, aunque en ese caso sin ofrecer datos añadidos.
Contrabando y genocidio
"De confirmarse que dichas exportaciones se realizaron sin autorización administrativa previa ni comunicación a la Junta Interdepartamental Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), los hechos serían calificables como delito de contrabando, afirmó la campaña Fin al Comercio de armas con Israel en un comunicado.
Relacionado con este tema
Los promotores de la querella sostienen que "el caso Sidenor es uno de los primeros en España que vincula exportaciones industriales con delitos contra la comunidad internacional, abriendo la puerta a la responsabilidad penal de la empresa por el suministro de materiales utilizados para la fabricación de armamento, en pleno genocidio del pueblo palestino".
Por su parte, el presidente de la empresa presentó el pasado día 17 un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que solicita la nulidad del registro policial practicado en la planta de Basauri.
"Trabas" por parte de la Fiscalía
Los responsables de la campaña denunciaron además que la Fiscalía de la Audiencia Nacional "se opuso a la entrada y registro en la sede de Sidenor y después recurrió la resolución que los había acordado".
"También está tratando de impedir que comparezca en el procedimiento en condición de víctima una persona palestina que se vio obligada a abandonar la Franja de Gaza con su familia y que actualmente se encuentra en situación de demandante de asilo", subrayaron.
No se trata de un detalle menor. Según recordaron los promotores de esta querella, los delitos de genocidio y de lesa humanidad "requieren para su prosecución que se interponga querella por parte de alguna víctima o del Ministerio Fiscal". Por tales motivos, está previsto que el próximo 2 de marzo declare como víctima del genocidio una persona palestina que actualmente reside en España.
Relacionado con este tema
La campaña Fin al Comercio de armas con Israel considera inadmisible que "el Ministerio Fiscal trate de impedir el testimonio de una persona palestina desplazada a causa de la intervención militar de Israel en Gaza, donde ya son más de 70.000 personas asesinadas desde el 7 de octubre de 2023".
"Con dicha obstaculización, la Fiscalía de la Audiencia Nacional está tratando de impedir que Sidenor y sus directivos puedan ser juzgados por la complicidad en delitos contra la comunidad internacional", remarcaron.
La plataforma reclamó que las administraciones públicas "excluyan a Sidenor de cualquier proceso de contratación pública y del otorgamiento de subvenciones y ayudas públicas, hasta que se esclarezca su grado de participación en los presuntos delitos detallados".
Asimismo, exigió Que la Fiscalía del Tribunal Supremo en Materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática "asuma los procesos en los que se investiguen hechos calificados como delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y/o genocidio contra el pueblo palestino".
La versión de Sidenor
En el marco de este procedimiento, el presidente de Sidenor declaró ante el juzgado a cargo de la instrucción que la exportación de acero a IMI Systems se gestionó a través de la delegación de la compañía vasca en Londres. Afirmó además que esa operación no requería una autorización previa de la JIMMDU, debido a que el material que comercializa Sidenor no entra dentro de los productos sometidos a un control especial.
Jainaga sostuvo además que la exportación a IMI Systems se produjo antes de que se decretara el embargo de armas a Israel, e insistió en que el material exportado no era, en cualquier caso, armamento. El empresario señaló que desconocía el uso final que tendría el acero y remarcó que tras decretarse el embargo de armas a Israel tomó la decisión de dejar de vender sus productos a empresas de ese país.
Comentarios de nuestros socias/os
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.