La reforma de las pensiones avanza en el Congreso a un ritmo rápido. Tras la primera y única ponencia celebrada el pasado viernes sobre el proyecto de ley, la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado luz verde este lunes al texto que comenzará a desmantelar la reforma que Mariano Rajoy sacó adelante en 2013 de forma unilateral y sin contar con el acuerdo social.

La primera pata de la reforma de las pensiones, impulsada por el Gobierno a partir del acuerdo alcanzado en junio con los agentes sociales (sindicatos y patronales), ha contado con los votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, el PNV y Compromís, y la abstención de EH Bildu. PP, Vox, Cs y la CUP han votado en contra del proyecto.

Con este paso, la reforma ha quedado lista para su debate y votación en el Pleno, previsiblemente el próximo 2 de diciembre, según apuntan fuentes parlamentarias. Después, se remitirá al Senado para completar su tramitación y que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2022. 

El proyecto legislativo incluye, entre otras medidas, dos de las grandes demandas que el movimiento de pensionistas lleva años reclamando: la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC y la derogación expresa del factor de sostenibilidad, que preveía recortes en la cuantía de la pensión conforme aumentaba la esperanza de vida.

Asimismo, mediante una enmienda transaccional a partir de propuestas de ERC y EH Bildu, el Gobierno ha conseguido incluir en ponencia el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que consiste en un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social de 0,6 puntos durante diez años, entre 2023 y 2032, para llenar el Fondo de Reserva de cara a la jubilación de las generaciones del baby boom.

También, a propuesta de Más País, el texto incorpora la ampliación en el acceso a la pensión de viudedad por parte de las parejas de hecho, ya que hasta ahora, en este tipo de unión, si la persona fallecida cobraba un euro menos que la viuda, esta se quedaba sin pensión.

La reforma, que será aprobada previsiblemente a primeros de diciembre, también reconoce un complemento a la pensión para carreras de cotización de 40 años que no alcancen 900 euros, un "pequeño paso" que supone una mejora en las condiciones de los pensionistas más pobres, según han reconocido varios portavoces este lunes en comisión.

Además, a raíz de una enmienda transaccional de PDeCAT, el texto recoge la reforma de los coeficientes reductores de la edad de jubilación para personas con discapacidad.

Auditoría de gastos impropios

Por otra parte, ERC y EH Bildu han arrancado el compromiso del Gobierno de encargar, en el plazo de un mes máximo desde la aprobación de la ley, un informe de auditoría de los ingresos en cotizaciones sociales y los gastos de Seguridad Social, de naturaleza contributiva y no contributiva, para cuantificar los gastos asumidos por el sistema entre 1967 y 2019.

Esta medida forma parte de las demandas históricas del colectivo de pensionistas, que entregó hace varias semanas en el Congreso cerca de 300.000 firmas para exigir una auditoría de modo que permita comprobar la "deuda histórica no reconocida" del Estado con la hucha de las pensiones y cifrar cuánto dinero del sistema público ha ido a financiar políticas públicas ajenas al mismo.

Además de la creación de una Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, la propuesta de estos partidos insta al Gobierno a llevar a la mesa de diálogo social los mecanismos necesarios para, en máximo un año, acometer una reforma en la cuantía de las pensiones mínimas para vincular su evolución a la del Salario Mínimo Interprofesional.

Con la introducción de estas medidas, el Gobierno tiene prácticamente atados los apoyos necesarios para sacar adelante la reforma de las pensiones. En esta línea, pese a los acuerdos alcanzados, EH Bildu se resiste a votar a favor y ha optado por la "abstención crítica" para "seguir negociando y presionando" en aras de mejorar más aspectos e introducir nuevas medidas que respondan "favorablemente a las necesidades presentes y futuras de las pensiones y sus beneficiarios".

Si bien, el Ejecutivo de coalición, especialmente el ministro del ramo de las pensiones, José Luis Escrivá, ha vuelto a ser criticado por los diferentes portavoces del arco parlamentario por el modo de operar en las negociaciones para sacar adelante esta ley, que se ha llevado a cabo mediante una tramitación exprés en la Cámara Baja.