Los socios del Gobierno han registrado este martes una nueva petición para que el Congreso investigue la fortuna del rey emérito. Según ha podido saber este medio, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Más País, Compromís, BNG y Nueva Canarias han presentado la solicitud de creación de comisión de investigación después de que Público desvelara en exclusiva que Juan Carlos I fraguó su fortuna con la venta de armas a países árabes junto a su mejor amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el traficante de armas Adnan Khashoggi.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha avanzado este martes que su formación ha estado en contacto con otros partidos para volver a registrar una iniciativa en este sentido, que sería la número 14 en esta legislatura. Cabe destacar que todas las anteriores han sido rechazadas por los votos en contra PSOE, PP y Vox en la Mesa del Congreso.

Por ello, Baldoví ha insistido en que Compromís "no se va a cansar nunca de pedir transparencia", pues quien ha representado a España durante décadas "se estaba enriqueciendo con una empresa de armas". "Son funciones que no les atribuía la Constitución: defraudador, tenedor de empresas en paraísos fiscales, blanqueador de dinero y ahora traficante de armas con otros países", ha sostenido el diputado de la formación valenciana a raíz de las nuevas informaciones arrojadas por Público sobre los negocios de Juan Carlos I.

El portavoz de PDeCAT, Ferran Bel, también ha manifestado su repulsa hacia este tipo de comportamientos que señalan a Juan Carlos I, los cuales le producen una "cierta repugnancia", además de solicitar que el resto de formaciones tengan "más interés" para clarificar todas las informaciones relativas a la Casa Real, cuya credibilidad vuelve a quedar en entredicho.

La portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha señalado que estas nuevas revelaciones son de una "enorme gravedad". A pesar de que el espacio confederal no se ha sumado a la iniciativa de los partidos que apoyan al Gobierno en el Parlamento, Vidal ha insistido en que el Congreso tiene que permitir que se discuta sobre la "falta de transparencia" de la monarquía.

En este sentido, su grupo siempre ha votado en la Mesa del Congreso a favor de todas las iniciativas relacionadas con la Casa Real, a diferencia del PSOE, que las rechaza porque alega que el Congreso fiscaliza y controla la actuación del Gobierno, no la de esta institución. Asimismo, aprovechando que dentro de unos días se cumple un año desde que el emérito se fugó a Emiratos Árabes, Aina Vidal le ha animado a regresar a España para "dar explicaciones a los españoles".

Comisión sobre la venta de armas

En cuanto al texto sobre la petición de la comisión parlamentaria, basado en las investigaciones de Público, los grupos destacan que la empresa Alkantara Iberian Exports Limited, fundada en Londres en 1978, habría sido el medio necesario para que Juan Carlos I amasara la mayor parte de su fortuna. "La cómplice labor de sus colaboradores y las prerrogativas que la condición de jefe del Estado le atribuyen, permitieron a Juan Carlos I configurar un entramado empresarial con apariencia legal y secreta capaz de llevar a cabo durante años el tráfico de armas".

Asimismo, subraya la "envergadura" de los movimientos que dicha sociedad llevó a cabo para lograr cantidades millonarias en comisiones por la venta de armas, como las operaciones realizadas en Marruecos entre los años 80 y 90 por un importe total de 570 millones de dólares (más de 62.000 millones de pesetas), "convirtiéndose así en la mayor venta de armamento del Gobierno español a Marruecos de la época, en cuyo caso las comisiones repartidas a los mediadores sumarían unos 12.500 millones de pesetas".

Además de Marruecos, según la exclusiva de Público, Alkantara Iberian Exports Ltd traficaba armas con todos los países posibles, aprovechando las guerras y conflictos que acontecían en aquellos años. Así las cosas, llegó a ser la mayor exportadora de armas de España, cuyo mejor cliente acabó siendo Egipto, gracias a la compra de buques de guerra y vehículos militares a empresas españolas. Incluso, el Estado español se vio obligado a condonar a Egipto 18.800 millones de pesetas, dada la suspensión de pagos en plena crisis financiera internacional en 1985. "Por tanto, toda la operación, incluidas las comisiones del rey y sus socios, se pagaron con fondos públicos", determinan los grupos firmantes.

"Por todo ello y atendiendo a las graves consecuencias que los hechos publicados recientemente en prensa y aquí expuestos podrían acarrear en las que se podrían haber llevado a cabo actuaciones al margen de la legalidad y del fisco público, consideramos necesario poner en marcha en el seno del Congreso de los Diputados una Comisión de Investigación sobre la venta de armas de manera ilegal por parte de Juan Carlos I", reclaman estos partidos.