El peor día de San Valentín para la familia Clemente tuvo lugar tal día como hoy en 2007. Aquel fatídico 14 de febrero, Alejandro, de 22 años, quedó en estado vegetativo tras un salto en paracaídas que nunca debió tener lugar por las condiciones atmosféricas: al aterrizar bruscamente se golpeó con una piedra y se quedó inmóvil para siempre.

Su familia buscó incansablemente durante 13 años que la Justicia señalase al responsable (o a los responsables) del estado actual del joven. Nunca sucederá: hace dos años ganaron un contencioso, el Ministerio de Defensa les indemnizó y su causa quedó archivada.

Como suele suceder, los cauces judiciales son lentos y desesperantes para quienes quieren saber la verdad y, sobre todo, para buscar a quienes tuvieron la culpa de este siniestro. Porque lo que debía ser un ejercicio rutinario de paracaidismo del Ejército del Aire terminó con los paracaidistas aterrizando a 600 metros de donde debían hacerlo y con el soldado Clemente en estado vegetativo irreversible.

El accidente se produjo al realizar un lanzamiento paracaidista en la modalidad automática en la zona de Yechar (Murcia); la primera sentencia que absolvió al sargento al mando de este ejercicio de salto recogía que "el avión (se) fue derivando lateralmente hacia la derecha como consecuencia del fuerte viento".  Todos los compañeros que se lanzaron junto a Clemente cayeron fuera de la zona señalizada y sufrieron lesiones de carácter leve.

Precisamente el viento y el cálculo de su deriva fueron claves en este asunto, algo que era responsabilidad del sargento del Ejército del Aire destinado en la Escuadrilla de Zapadores, en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia) y que estaba al mando de este ejercicio.

Sin responsabilidad personal

El tribunal militar primero absolvió a dicho sargento, pese a ponerse de manifiesto "muchas y graves anomalías en el funcionamiento del servicio"; pero no se pudo demostrar una relación de causa-efecto entre la actuación de este suboficial al mando del ejercicio y el resultado que se produjo.

Después, la Sala Quinta del Tribunal Supremo obligó en 2014 a repetir el juicio tras el recurso interpuesto por Antonio Clemente, padre y tutor del soldado. En aquella primera sentencia se atribuyó lo ocurrido a "la mala suerte".

Esa "mala suerte" dejó a Alejandro con un grado de discapacidad o minusvalía global del 88%, alimentado mediante sonda, y la declaración de "no apto" para el servicio.

Tras la anulación del Supremo, el Tribunal Militar Territorial Primero volvió a absolver en 2016 al mismo sargento de un delito contra la eficacia en el servicio. Un nuevo recurso presentado contra esta decisión volvió a ser desestimado por la Sala Militar del Tribunal Supremo el 4 de julio de 2017.

El padre de Alejandro intentó, con la ayuda de su abogado, Juan Martínez-Abarca Artiz, que el Tribunal Constitucional les amparase; la propia Fiscalía sostuvo en sus alegaciones que se debía declarar vulnerado el derecho fundamental del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva.

No obstante, el Constitucional desestimó el recurso de amparo y alegó que "aun cuando se considerase irregular la actuación del tribunal castrense, la misma no supuso una quiebra de una regla esencial del proceso en perjuicio de la acusación, ni le causó una indefensión material". Y recordó al recurrente la vía correspondiente "que le facilite la exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración pública".

Eso fue lo que hizo la familia de Alejandro: en un procedimiento contencioso-administrativo logró una indemnización total de menos de un millón de euros (pedían inicialmente cuatro millones y medio de euros) por parte del Ministerio de Defensa.

En el dictamen del Consejo de Estado sobre este asunto, de 21 de noviembre de 2019 (un resumen exhaustivo de este caso) , se reconoce que "no se prestó una 'especial atención' a los riesgos que el lanzamiento paracaidista comportaba", lo que "suponía someter a los componentes del ejercicio que saltaban a unos riesgos no proporcionados, que podían afectar a su 'seguridad y salud' como, de hecho, ocurrió al resultar lesionados todos ellos".

La actual ministra de Defensa, Margarita Robles, llegó a visitar a Alejandro y a su familia en agosto de 2012, tras ascenderle a cabo honorífico, para pedirle "disculpas por el abandono que haya podido sentir durante todos estos años".

Mientras, el padre de Alejandro, Antonio Clemente, siempre ha dicho que su objetivo no es pedir justicia, ya que reconoce que eso es competencia de los tribunales, sino que Defensa pueda extraer conclusiones que le permitan "saber cómo actuar" en futuras "tragedias" que puedan suceder en las Fuerzas Armadas.

En definitiva, que no vuelva a darse un siniestros de este tipo achacables, simplemente, a la "mala suerte".