Que el PP utilice las instituciones "para evitar o frenar las investigaciones contra el partido y sus dirigentes" no sorprende, y los últimos días "la justicia y la opinión pública" están "pudiendo comprobar" como se ha usado "al aparato policial del Estado"-siempre "presuntamente"-, "para tratar de encubrir o destruir pruebas". Según Izquierda Unida, esta destrucción de documentos podría llegar hasta causa relacionada con los papeles de Luís Bárcenas. 

Esta es la denuncia y la idea fuerza que IU ha plasmado en el escrito que tiene previsto presentar este martes ante el Juzgado Central de Instrucción 5, donde ejerce como acusación popular en el marco de la causa sobre la contabilidad b del Partido Popular, que supuestamente recoge las donaciones de empresarios al partido a cambio de contratos, y que fue registrada por su extesorero. La sentencia de Gürtel (Época 1) ya establece como acreditada la existencia de esta caja b, al menos, desde 1989, cuando Alianza Popular se convirtió en el PP.

En el escrito al que ha accedido Público, fechado el lunes 14, IU rebate los argumentos esgrimidos por las defensas del PP y del extesorero, que han recurrido el auto del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que extendió la instrucción del caso sobre los papeles del extesorero, al menos, hasta el 29 de julio de 2021. El PP y Bárcenas han reclamado que acabe la investigación, y el juez ha pedido al resto de partes que se pronuncien.

De hecho, y al hilo de las nuevas revelaciones en el marco del caso Kitchen, IU considera "un hecho constatado" que han surgido "nuevos elementos", que permitirían "acreditar la actuación penalmente relevante de dirigentes del PP y empresarios en relación a los aparentes donativos, su objetivo real de movilizar y obtener influencias y de llevar a cabo adjudicación de contratos que, revistiendo apariencia de legalidad, vulneraban los principios generales de la contratación de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia".  

Así, la formación de Alberto Garzón vincula el "fraude procesal" del PP, al intentar boicotear la instrucción desde el Gobierno, con su intento de usar la arquitectura del Estado -como sospecha el juez de Kitchen- en esa causa. En los últimos días, la Kitchen ha supuesto todo un mazazo para un partido que intenta desmarcarse de la corrupción, al menos en lo discursivo. 

En la misma línea, IU incide en que, con el levantamiento del secreto de esta causa, el 9 de septiembre, hay nuevos factores que convendría tener en cuenta en el marco de la instrucción de la pieza sobre los papeles del extesorero: "Resulta necesario esclarecer las pruebas que al respecto de esta instrucción hayan podido ser destruidas, encubiertas o hurtadas a esta instrucción, motivo por el que mediante auto de 5 de diciembre de 2018 se acordó abrir una pieza reservada". El texto también da por hecho que las partes reclamarán nuevas diligencias tras el levantamiento del secreto.

El "fraude constitucional" del PP

El "fraude constitucional" del PP no se queda ahí, según IU. De hecho, el Gobierno del PP de Mariano Rajoy decidió acortar los tiempos de instrucción penal, y ha sido necesario tumbar esta norma -modificando el artículo 324 de la Ley de Enjuciamiento Criminal, LECRIM-, para tener más tiempo para poder investigar causas de gran complejidad.

Una "paradigmática situación", destaca la coalición de izquierdas, "toda vez que a la vez que era parte encausada en este procedimiento por otro lado impulsó una cambio legislativo que de facto fue utilizado para tratar de trabar las causas judiciales que le perjudican, paradigmática situación que se convierte en esperpento cuando el Partido Popular ha tratado de bloquear los cambios legislativos" en esta norma, "interpretada por el Partido Popular de forma parcial e interesada en su propio beneficio".  Actúa, apuntan, con "evidente ánimo de fraude constitucional, con indudable instrumentalización de las instituciones del Estado en provecho propio y en perjuicio de los intereses generales del país y su ciudadanía".

Además de IU, ejercen la acusación la Asociación Justicia y Sociedad; la Asociación Libre de Abogados (Ala); la Asociación Coda- Ecologistas en Acción; así como la Federación Los Verdes, Els Verds, Berdeak, Os Verdes". 

El PP y Bárcenas afirman que ha expirado el plazo

Entre otras cuestiones, el PP y Bárcenas esgrimen que el plazo para prolongar la instrucción ha "expirado sobradamente", hace ocho meses. Aseguran que el auto del magistrado de la Audiencia Nacional supone un caso de "interpretación forzada" de la norma, por lo que "inevitablemente atenta contra los Derechos Fundamentales reconocidos y garantizados por nuestra Carta Magna". 

Incluso, sostienen que la decisión de ampliar el plazo hasta 2021, es "extemporánea, resulta injustificada y desproporcionada". IU, por su parte, defiende que el referido plazo "está justificado, es pertinente, útil a la causa y únicamente perjudica a quienes pretendan generar impunidades y no investigar la verdad material de lo ocurrido en los hechos objeto de investigación".

Entre otras normas, para justificar su respuesta la coalición de izquiedas alude al real decreto sobre el estado de alarma, que interrumpió todos los plazos judiciales;  a la "complejidad" de la causa, y a lo redactado en el propio artículo de la LECRIM ya modificado. "El apartado 6 de citado artículo indicaba que el juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad", zanja el texto.