MADRID.- Dos magistrados conservadores y un progresista juzgarán la primera época de la trama corrupta crecida a la sombra del Partido Popular, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya aceptado este viernes la recusación de Enrique López y Concepción Espejel por su vinculación con el Partido Popular.

El ponente del caso Gürtel sera Ángel Hurtado Adrián. También será el presidente, ya que es el más antiguo en la carrera judicial de los tres miembros del tribunal juzgador. Los otros magistrados son Julio de Diego, de tendencia conservadora, y José Ricardo de Prada, de tendencia muy progresista. Estos son sus perfiles.

Magistrado de tendencia aconservadora, Hurtado es próximo a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Hurtado es bien visto por sus compañeros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y sabe desenvolverse ante los diferentes criterios que existen en un órgano colegiado.

Ejerce como juez desde 1983, está especializado en terrorismo y delincuencia económica -ha investigado el fenómeno del autoblanqueo de capitales, entre otros- y fue destinado a la Audiencia Nacional en el año 2006, a donde llegó desde la presidencia de la sección 23 de la Audiencia de Madrid.

Hurtado fue el padrino de Ángel Juanes cuando accedió a la presidencia de la Audiencia Nacional, en abril de 2009. Ambos son extremeños y muy amigos.

Hurtado formó parte del tribunal que archivó el caso de la muerte del cámara de Telecinco José Couso, que fue reabierto por el Tribunal Supremo. También revisó la investigación del caso Faisán. Además, realizó un voto particular contrario a la mayoría de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que extendió la derogación de la doctrina Parot a todos los miembros de ETA.

A pesar de su tendencia muy conservadora, Hurtado no está adscrito a ninguna asociación judicial y sabe desenvolverse entre distintas tendencias políticas.

Julio de Diego es un magistrado discreto de tendencia conservadora, y que hasta hace muy poco era amigo íntimo de Concepción Espejel, la presidenta de la sección segunda que ha sido apartada del tribunal juzgador del caso Gürtel después de que la Sala de lo Penal haya admitido los incidentes de recusación presentados contra ella por parte de ADADE (Asociación de Abogados Demócratas por Europea) y contra Enrique López por parte del PSOE, que ejercen la acusación popular.

Hace tiempo que De Diego insistía a Espejel en la conveniencia de que se apartara voluntariamente del caso, pero no consiguió torcer la voluntad de su presidenta. Por ello, este viernes ha votado a favor de la recusación de su amiga del alma.

De Diego votó en contra de la admisión del chivatazo del caso Faisán. El magistrado, se incorporó a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en noviembre de 2006 procedente del juzgado de instrucción número 23 de Madrid.

José Ricardo de Prada es un magistrado especializado en la jurisdicción Penal y en Derechos Humanos, no en vano fue juez internacional en la Sala de Crímenes de Guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina.

Destinado a la Audiencia Nacional desde 1990, se ha ocupado de juzgar casos como el del traficante gallego Sito Miñanco, el del comando Vizcaya de la organización terrorista ETA en la década de los años 90, los atentados terroristas contra Telefónica y Pryca o el caso Sogecable.

De Prada fue ponente de la histórica sentencia que condenó al criminal argentino Adolfo Scilingo, a 640 años de prisión por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y torturas, cometidos en el marco de la dictadura militar de Pinochet

Ricardo de Prada es miembro de la asociación Jueces para la Democracia y del Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Fue uno de los tres magistrados de la Sala de lo Penal que en noviembre de 2008 discrepó de sus compañeros del Pleno y se opuso a apartar al juez Baltasar Garzón de la investigación que había abierto para investigar los crímenes que se produjeron durante la Guerra Civil y el franquismo.

Además, defendió en abril de 2011 en un voto particular que el chivatazo a ETA que se produjo en el bar 'Faisán' en mayo de 2006 tenía "plena justificación" en el marco de "un proceso de negociación política o de un proceso de paz".