MADRID.- La propuesta de eliminar las Diputaciones provinciales incluida en el pacto de investidura entre PSOE y Ciudadanos ha levantado una enorme polvareda durante toda esta semana. La idea ha partido de Ciudadanos, pero al PSOE, o al menos a una parte del partido, no le ha debido de pillar por sorpresa: en 2011 el entonces candidato socialista a La Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya propuso suprimir las Diputaciones. 

El argumento de Ciudadanos es doble: por un lado, económico, y por el otro, político. Respecto al primero, el partido de Albert Rivera sostiene que la eliminación de las Diputaciones supondría un ahorro a las arcas públicas de 5.000 millones de euros al año. Desde el punto de vista político, Ciudadanos aduce que se evitarían duplicidades en la Administración pública, por lo que ésta sería más ágil y más eficiente. 

Pero, realmente, ¿qué son las Diputaciones? ¿Para qué sirven? ¿Cuánto cuestan? ¿Son necesarias o prescindibles?

Las Diputaciones provinciales son los órganos de gobierno de las provincias y su labor consiste en administrar sus intereses y asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios públicos de competencia municipal en todo el territorio de la provincia, en especial a los municipios más pequeños. 

Estas instituciones de carácter territorial suministran servicios a los pequeños municipios que por sí mismos no podrían prestarlos, como el agua, los residuos y los bomberos. Asimismo reparten fondos estatales para arreglar caminos, carreteras y otras infraestructuras.

Además, cooperan con los municipios mediante aportaciones económicas a través de los planes provinciales, recayendo la ayuda sobre materias como el saneamiento y control ambiental, la ingeniería, el urbanismo o el bienestar social.

Existen 41 Diputaciones provinciales en España. De ellas, 38 son de régimen común y tres de régimen foral, las vascas. En las islas, en lugar de diputaciones, lo que existen son los cabildos y los consejos insulares: siete cabildos en Canarias y cuatro consejos insulares en Baleares.

Las siete Comunidades Autónomas uniprovinciales (Principado de Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja, Región de Murcia y Navarra) no tienen Diputaciones provinciales, ya que esa administración fue absorbida por la autonómica. En el caso de Navarra, el Gobierno foral recibe el nombre de Diputación Foral de Navarra.

La diputación foral es el órgano de gobierno y administración de las provincias y territorios históricos del País Vasco (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya). Estas tres diputaciones forales tienen un régimen especial y se diferencian de las diputaciones provinciales especialmente en que son órganos de elección directa y en que tienen competencias en la fiscalidad vasca.

Las 38 Diputaciones de régimen común tuvieron un presupuesto en el año 2015 de 5.971 millones de euros. Son datos del Ministerio de Hacienda. A esta cantidad hay que añadir el presupuesto de los cabildos y los consejos insulares que el año pasado llegó a 1.991 millones. Si se incluye a las Diputaciones Forales de Euskadi, que tienen competencias más amplias, sobre todo en materia fiscal, y manejan 13.804 millones de presupuesto, lo que arroja una cifra definitiva de 21.586 millones de euros al año. 

La propuesta de PSOE y Ciudadanos afecta sólo a las Diputaciones de régimen común y no a los cabildos, consejos insulares y Diputaciones Forales, razón por la cual los dos partidos estimen la cifra de ahorro en unos 5.000 millones de euros, justo el presupuesto que manejan las Diputaciones de régimen común.

La financiación de las diputaciones provinciales de régimen común se basa en las transferencias del Estado a través de los Presupuestos Generales. Hay tres vías por las que llega el dinero: reciben un pequeño porcentaje de lo que se recauda a través de IRPF, IVA, Alcohol, Tabaco e Hidrocarburos. Después, el Estado les otorga una cantidad extra para atender servicios sanitarios. Hay una tercera vía: el llamado Fondo Complementario de Compensación.

Según el principal sindicato entre los funcionarios, CSI-F, en las Diputaciones trabajan 62.159 personas. El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aporta más datos sobre e personal que trabaja en las Diputaciones: 27.535 son funcionarios y los otros 34.624, personal contratado. 

La elección de los Diputados provinciales está regulada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985. En realidad, las diputaciones provinciales de régimen común son órganos de elección indirecta: tanto su presidente como diputados que conforman el pleno son concejales elegidos en las elecciones municipales y acuden en representación de sus respectivos Ayuntamientos.

De hecho, la representación en las diputaciones se elige de forma indirecta de acuerdo a los partidos judiciales. Los diputados provinciales se eligen, en cada partido judicial, por y entre los concejales de cada partido elegidos en algún municipio del partido judicial.

Hay 1.040 diputados provinciales a los que hay que sumar 155 consejeros de los Cabildos insulares, elegidos por los partidos políticos en función de sus resultados electorales y con salarios, en la mayoría de los casos, superiores a los 53.000 euros brutos anuales. Algunos diputados, de hecho, cobran más que el presidente del Gobierno, que según presupuestos percibe un salario algo por encima de los 78.000 euros anuales.

Las Diputaciones de menor tamaño, que son las que atienden a menos de 500.000 personas, cuentan con 25 diputados. Esa cifra se va incrementando hasta los 51 diputados

Cada una de las Diputaciones provinciales recibieron durante el año 2015 una cantidad media de 128 millones. Las que más gastan son las forales porque son las que más competencias tienen. Entre las de régimen común, las que más gastan son las Diputaciones andaluzas, con 1.1128 millones de euros al año. Quizá por eso su supresión ha levantado tantas reticencias en el PSOE de Andalucía. Después vienen las Diputaciones de Catalunya., con 950 millones. 

La que más gasta es la de Barcelona, que es la que presta servicio a más población: 870 millones al año. Le siguen Valencia (455) y Sevilla (380). Las que menos gastan son las de Segovia (46 millones) y la de Albacete (43).