Un equipo enviado por el Defensor del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, visitó por sorpresa en marzo del año pasado el centro de menores infractores Tierras de Oria, en el que el pasado 1 de julio murió Ilyas T, de 18 años de edad, de origen marroquí. Durante su periplo por el centro, que depende de la Junta de Andalucía y gestiona la asociación Ginso, los técnicos del Defensor y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, encontraron varias deficiencias -que sugería corregir-, entre las que destacan dos que hoy adquieren una particular relevancia al estar relacionadas con las circunstancias que rodean la muerte del joven Ilyas, desde el momento en que este falleció mientras se utilizaban medios mecánicos para “contenerlo”.

Por un lado, el Defensor instaba al centro a “adecuar una habitación de mayores dimensiones para la aplicación de las sujeciones mecánicas, con la cama articulada y anclada en el suelo en posición central, con interfono y sistema de videovigilancia con audio”. Por otro, a “dotar al centro de un libro de registro de medios coercitivos en el que quede consignada su aplicación, con indicación, junto con el nombre del menor, del medio coercitivo empleado, el momento de inicio y cese de la medida, el motivo de su aplicación y el seguimiento por parte del personal sanitario”.

La Junta de Andalucía, consultada este viernes por Público, indicó que el libro de registro de las contenciones ya lo tienen habilitado en el centro. “Lo que se va a hacer es digitalizarlo en todos los centros para que conste en el propio expediente del menor”, dijeron fuentes de la vicepresidencia del Gobierno, quien tiene las competencias sobre Justicia. La Junta también ha aceptado ampliar y mejorar la habitación de seguridad, dijeron las fuentes. Público reclamó al Gobierno el documento de respuesta enviado al Defensor, pero en el momento de publicación de esta información, no lo había recibido.

Este documento del Defensor del Pueblo de España contrasta con lo revelado por el Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús de Maeztu, que en su informe anual del año 2018, afirma que se giró visita al centro Tierras de Oria, en abril, y que durante las mismas se produjeron “entrevistas con los internos y con el personal”: “En todos los casos las manifestaciones que realizaron fueron muy positivas respecto del clima de convivencia en el centro y con el desempeño de su labor profesional en el centro, sin destacar ninguna incidencia relevante”, se lee en el informe del Defensor autonómico.

El informe preliminar de la autopsia, que no descarta la asfixia como causa del fallecimiento de Ilyas T., y que está incorporado al juzgado de Purchena (Almería) que investiga la causa, revela que hasta seis guardias jurados trataron de “contener” al joven momentos antes de su muerte. El estudio, del que dio cuenta el diario El País arroja serias dudas sobre cómo se produjo el fallecimiento, aunque de momento lo describe como “súbito”.

Por un lado, “no descarta la compresión abdominal o la sofocación con almohada/colchón en esta muerte”; por otro, señala “signos asfixiáicos generales muy evidentes con livideces extensas de color azul oscuro”; por último, refleja “presencia de múltiples heridas cortantes cicatrizadas autoproducidas en dorso de brazo y antebrazo izquierdo”.

Protocolos de contención

Los centros de menores tiene lo que se llama un protocolo de contención que se aplica cuando se producen situaciones violentas provocadas por los internos. Esto fue, una actitud agresiva de Ilyas, lo que inició la secuencia que derivó en su muerte, según la información suministrada por la administración autonómica.

La legislación española autoriza la sujeción mecánica de menores (así como el uso de la fuerza física, las defensas de goma y el aislamiento temporal) “para evitar actos de violencia o lesiones de los menores a sí mismos o a otras personas”, “para impedir actos de fuga”, “para impedir daños a las instalaciones” y “para contrarrestar la resistencia activa o pasiva a las instrucciones dadas por el personal”.

Los medios de contención sólo pueden ser aplicados si no existiera otro modo menos intrusivo de conseguir el mismo objetivo, por el menor tiempo posible, y el empleo de este medio debe ser proporcional al fin previsto. No puede ser utilizado como castigo encubierto.

Para el centro de menores Tierras de Oria, en febrero de 2016, la Junta de Andalucía estableció un protocolo que definía “salvaguardas adicionales para el caso de la aplicación prolongada de la restricción mecánica”. En particular, “el menor inmovilizado debe ser visitado inmediatamente por un miembro del personal sanitario, quien debe certificar por escrito que no existen contraindicaciones médicas para la inmovilización, debe después ser visitado cada 30 minutos por un miembro del personal sanitario, que debe evaluar su estado y debe estar bajo la continua supervisión de un miembro del personal, ya sea por medios técnicos o, preferiblemente, en persona”.

La autopsia

El informe preliminar de la autopsia del que dieron cuenta los periodistas Patricia Ortega Dolz y Germán Temprano García en El País afirma lo siguiente: “Se le ve [a Ilyas T.] en prono [boca abajo], con la cabeza apoyada en almohada y colchón y se le ejerce presión con una rodilla en la escápula izquierda y con una mano en la espalda, aparte de sujetarle la cabeza (da la impresión que está aprisionada contra la almohada y el colchón)”.

“Para colocarle las bridas se sientan en las extremidades inferiores y le hacen presión sobre zona lumbar; a los 10 minutos de este proceso, cuando está sujeto de pies y manos, deja de moverse y continúan poniéndole el cinturón abdominal, ya sin resistencia y sin percatarse de que el chico ha perdido la conciencia (se van quitando de encima poco a poco porque ya no hace fuerza)”, prosigue el informe.

Luego llamaron al médico. “Después de pensárselo un poco, [el médico] se acerca y llama al chico, que no responde, le toma los pulsos y comienza RCP [reanimación cardiopulmonar]”, remacha el estudio.

Ilyas T. estaba diagnosticado de TDHA (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad), consumo de sustancias y trastorno de adaptación ansioso-depresivo.

El Consejo de Europa

Además del Defensor del Pueblo, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa visitó el centro en el año 2016 y documentó al menos el uso de restricciones mecánicas en Tierras de Oria en 24 ocasiones entre enero y septiembre de ese año. “Esta medida normalmente duraba entre una y dos horas. A los menores inmovilizados no se les permitía ir al baño (pese a pedirlo) y en algunos casos se habían orinado encima”, se lee en el informe del CPT.

El comité añadía que “inmovilizar a menores en una cama o esposarlos a objetos fijos en una celda de aislamiento es un uso desproporcionado de la fuerza y una medida que es incompatible con la filosofía de un centro educativo que debería enfocarse en la educación y en la reintegración social de los menores. El uso de los medios de contención en estas circunstancias puede constituir trato inhumano y degradante”.

Así, el comité recomendó entonces a las autoridades españolas que pusieran fin al uso de la inmovilización, “en lo que se refiere a atar con correas a los menores en posición prona y esposar a los menores violentos y/o agitados a objetos fijos, en centros educativos” y que se introdujeran “métodos alternativos para la gestión de incidentes violentos y se empleen medios alternativos a la inmovilización, incluidas las medidas alternativas individuales para prevenir la agitación y calmar a los menores”.

El informe del comité, sin embargo, manifestaba también que la situación general era normal: “Los episodios de violencia entre los internos no eran muy frecuentes y el personal normalmente intervenía adecuadamente”. “La inmensa mayoría de menores con los que se entrevistó la delegación en los dos centros visitados no formularon ninguna queja. Por el contrario, varios de ellos manifestaron explícitamente que habían sido tratados correctamente e hicieron observaciones positivas sobre el personal de varias categorías”.

No obstante, puntualizaba el Comité, “se recibieron algunas denuncias creíbles de malos tratos físicos deliberados infligidos a los internos por parte del personal”: “Algunos menores alegaron que habían sido inmovilizados pese a no haber estado agitados en ningún momento y habían percibido la inmovilización como un castigo por su mala conducta. También se escucharon alegaciones de menores que habían sido amenazados con ser inmovilizados como castigo si no cumplían las normas del centro. Más aún, la inmovilización había sido utilizada repetidas veces en menores que sufrían dificultades respiratorias visibles”.

Esta es la descripción que hace el Consejo de Europa de las contenciones con medios mecánicos en el centro en que murió Ilyas T.: “El centro disponía de una habitación específica para la restricción mecánica, que estaba equipada con una cama (que no estaba anclada al suelo) equipada con tres pares de asas a lo largo del borde para atar las correas. Los menores eran atados a la cama boca abajo, con las muñecas y los tobillos (y a veces el torso) atados a la cama con correas y con las piernas bien abiertas. El menor que se encontraba atado era constantemente vigilado por un miembro del personal a través de una ventana con barrotes, pero no había ningún miembro del personal continuamente presente en la habitación”.

Homicidio imprudente

La publicación del informe preliminar de la autopsia ha provocado la reacción de las ONG. Por un lado, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado cree que “a la luz de los hechos revelados concernientes al contenido de los informes de autopsia y otros, se ha adoptado la resolución de cambiar la orientación y calificación que la Red llevará en el procedimiento, pasando a establecer la verosimilitud de, como mínimo, un potencial homicidio imprudente por uso excesivo de la fuerza en la contención por parte de seis personas del citado joven”.

“Los procedimientos aplicados, presuntamente, han podido coadyuvar a la creación de un escenario en el que la asfixia mecánica pueda haber generado la situación que le llevase a la muerte, sin descartar un escenario de consumo de tóxicos estupefacientes”, agrega la Red.

El informe del Comité de Prevención, en su visita a Tierras de Oria, detectó que “la única formación que se proporcionaba al personal de seguridad era un curso básico sobre el funcionamiento de los centros de menores”. El estudio añadía siguiente reflexión: “La custodia y cuidado de menores privados de libertad es una tarea particularmente ardua. Toda la plantilla, incluidos aquellos con meras funciones de seguridad, deberían recibir formación profesional, tanto durante el periodo de orientación como de forma regular, y recibir el apoyo externo adecuado, así como ser supervisados en el ejercicio de sus tareas. Dentro de dicha formación, debe hacerse hincapié en la gestión de incidentes violentos, tales como el uso de técnicas verbales para reducir la tensión y técnicas manuales de restricción física”. Finalmente, el Consejo de Europa recomendaba que las autoridades españolas se asegurasen de que estos preceptos se aplicasen de manera efectiva en la práctica.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha-A) y la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) exigieron este viernes, tras las revelaciones de la autopsia, la “eliminación inmediata de las contenciones mecánicas en todos los centros de la Junta de Andalucía” y “la cancelación de la concesión sobre el centro de menores a Ginso”.

APDHA-A y Prodein recordaron en un comunicado que no es la primera vez que muere un joven mientras se aplica sobre él una contención mecánica, en alusión a la muerte del joven Mamadou Berry en el centro de menores de Melilla, a finales de 2017. También apuntaron que la práctica de la sujeción mecánica ha llegado a ser condenada por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el asunto Bureš contra República Checa. “El TEDH sostuvo en ese caso que la sujeción mecánica constituía un acto inhumano y degradante”, afirman ambas ONG.

El asunto también ha causado preocupación en Adelante Andalucía. Para la diputada Maribel Mora, que ha pedido la comparecencia del vicepresidente del Gobierno, Juan Marín (Ciudadanos), para que explique lo que sucedió, “el asunto no está siendo tratado con la seriedad que merece la muerte de un joven de 18 años mientras permanecía bajo responsabilidad de la Junta de Andalucía”. Mora acusa al Gobierno andaluz de “opacidad”.

“Según el informe pericial elaborado tras el visionado de las imágenes, los trabajadores del centro de Oria ataron al joven de pies y manos sobre su cama, boca abajo, y se sentaron sobre él, hasta que perdió el conocimiento. Hasta 15 minutos transcurrieron cuando se percataron de que permanecía inmóvil, tras avisar al médico, se procedió a una maniobra de reanimación cardiopulmonar que resultó infructuosa”, se lee en un comunicado enviado a los medios por Adelante Andalucía.

130 plazas

Andalucía cuenta con 15 centros de internamiento y 62 centros y servicios de medio abierto repartidos por las distintas provincias. En Tierras de Oria, en 2016, la plantilla era de 109 educadores, ocho instructores de talleres y 46 miembros de personal de seguridad contratado por una empresa privada de seguridad. “En todo momento había al menos 13 miembros del equipo de seguridad presentes”, según el Consejo de Europa.

El centro de menores infractores se inauguró en 2002 y se amplió en 2004, tiene una capacidad de 130 plazas y, en 2016, cuando acudió el Consejo de Europa, acogía a 117 menores de sexo masculino: 25 en prisión preventiva, 55 condenados y 37 bajo una medida terapéutica. Puede acoger también a adultos jóvenes hasta los 28 años si el delito fue cometido antes de que hubieran cumplido los 18.

“Las autoridades españolas subrayaron que los delincuentes menores de más de 16 años habían sido trasladados a este centro desde módulos de menores de las prisiones españolas y las características estructurales y organizativas del centro estaban adaptadas a la alta peligrosidad y el largo historial criminal de los menores que son destinados a este centro”, se lee en el informe del Comité para la Prevención de la Tortura.

En Tierras de Oria, el régimen de actividades comprende educación (todos los días laborables durante unas cinco horas), formación profesional (mecánica básica, pintura de casas, jardinería, agricultura ecológica, alfarería artística e impresión digital) y tutoría voluntaria (dependiendo del interés y las necesidades de los menores). Otras actividades que se ofrecen a los menores incluyen talleres sobre cómo cultivar bonsáis, pintura artística, modelado, teatro, tareas domésticas y autonomía personal, cuidado de mascotas y participación en una emisora de radio interna, así como conferencias organizadas por el personal sanitario sobre sexo seguro, cuidados bucodentales e higiene personal.