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PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19

El SUP se personará como acusación por el vídeo donde unos policías son echados de un domicilio de Palma

Las imágenes se han hecho virales y el sindicato policial considera que su difusión "no es ética" porque "pueden poner en peligro la integridad física" de los agentes.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una imagen de archivo.

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El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado que se personará como acusación en los tribunales por la grabación de una actuación policial, relacionada con las restricciones por el estado de alarma, en un domicilio de Palma.

El vídeo ha sido ampliamente difundido en redes sociales, donde se ve a unos jóvenes que echan de su casa a unos policías nacionales porque no tenían orden judicial y uno de ellos se niega a identificarse al estar en un domicilio y no en la vía pública.

Desde el SUP han defendido que la intervención estuvo motivada por una llamada de una vecina por un supuesto incumplimiento de las medidas de distanciamiento social.

El SUP ha declarado que "los Policías Nacionales tienen el amparo legal de entrar en un domicilio, entre otros casos, cuando el consentimiento sea tácito". En este sentido, sostienen que "en este caso así fue".

Por ello, mantienen que la actuación policial "se ajusta a derecho en todo momento", apelando al oficio remitido por la Policía al Juzgado el día de los hechos y la denuncia al propietario. Además, indican que en oficios ampliatorios "se identificará a todos los implicados".

En el vídeo, se ve cómo el dueño de la casa reconoce a la cámara de su amigo que él no accedió la entrada de los agentes, sino que empujaron la puerta.

El SUP ha recordado la obligación de empadronarse en el domicilio habitual y de "obedecer las órdenes lícitas emanadas de los agentes de la autoridad", entre ellas, la de identificarse.

El SUP considera que la difusión de las imágenes grabadas no es "ética" porque "puede poner en peligro la integridad física" de los agentes. También entiende que vulnera la normativa de protección de datos y denuncia la "campaña de descrédito".

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