El Pleno del Senado ha aprobado la reprobación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha pedido al Gobierno que lo cese. La iniciativa ha salido adelante por la mayoría absoluta del PP, que ha contado con el apoyo de Vox y UPN, mientras que el PSOE ha votado en contra y no ha recibido el apoyo de sus habituales socios, ya que Junts, ERC, PNV y EH Bildu se han abstenido.

El procedimiento se ha llevado a cabo mediante una moción promovida por el PP en la que insta al Gobierno a proponer la destitución del fiscal general "ante el incumplimiento de sus funciones" y la designación de otra persona para el cargo.

El PP no desperdicia la ocasión para hacer valer su control del Senado: la reprobación se produce tan solo un día después de que el Tribunal Supremo acordara anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala.

¿En qué consiste la reprobación del fiscal general del Estado?

Sin embargo, el resultado de la moción del PP no es vinculante. La solicitud de reprobación es más bien un acto simbólico, al no estar recogida en ningún reglamento. Sirve, más bien, para expresar la disconformidad con las actuaciones o decisiones de un miembro específico.

El fiscal general del Estado es nombrado y cesado por el Gobierno, una decisión que después tiene que ratificar el rey. Por tanto, sólo el Gobierno puede decidir cesar a García Ortiz. El Senado, a pesar de contar con diversos instrumentos de control parlamentario, no puede decidir sobre la destitución de ningún miembro.