El magistrado Andrés Palomo ha citado para el próximo 20 de junio al diputado del PP Alberto Casero como investigado para que preste declaración en relación con la causa en la que investiga determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018.

La Sala de lo Penal acordó abrir causa al diputado después de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevase al Supremo una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa.

El Supremo, en su auto del 31 de marzo, señalaba "indicios sólidos" de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, comprometiendo el pago de diversas cantidades, sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios, según prueba documental y testifical que incluía el juzgado en su documento.

Así, en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto. Y en septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.

También en 2017, Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento, señala la exposición, que agrega que en junio de 2018 firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.