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Juicio al procés El Supremo apura los plazos y fija en el 12 de febrero el arranque de juicio al 'procés'

El Alto Tribunal anuncia con apenas 11 días de antelación la fecha de inicio del juicio contra 12 dirigentes independentistas catalanes, que se enfrenta a peticiones de penas de hasta 25 años de prisión por parte de la Fiscalía.

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Llegada de los presos soberanistas a la cárcel de Brians | EP

El Tribunal Supremo ha fijado hoy en el 12 de febrero el arranque del juicio al procés, según han avanzado fuentes del Alto Tribunal a Europa Press  y ha podido confirmar Público.

El Alto Tribunal ha apurado al máximo para desvelar esta fecha. Hasta este viernes sólo había trascendido que el juicio arrancaría en torno al 5 de febrero, y que los procesados presos serían trasladados desde Catalunya a otros centros en Madrid este viernes, como finalmente se está produciendo

La defensa de Junqueras y Romeva pidió contar con tres semanas de antelación para poder perfilar su estrategia; finalmente tendrán sólo 11 días

Así, la fecha definitiva se conoce con apenas 11 días de antelación, después de que las defensas de los procesados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Cuixart pidieran contar con un margen de tiempo que les permitiese ultimar sus estrategias antes del juicio. En concreto, los letrados del exvicepresident de la Generalitat y el exconseller Romeva solicitaban que se les notificase con tres semanas de antelación, para poder evitar una situación de "indefensión".

Desde el miércoles, entre las defensas comenzaron a dar por hecho que el proceso podría retrasarse un poco más: inicialmente estaba previsto su arranque para finales de enero, si bien nunca hubo siquiera una fecha estimada para este mes. A mediados de la semana, desde el Supremo comenzaron a señalar el 12 de febrero como posible nueva fecha, siempre remarcando que esto era sólo una aproximación. 

Por otra parte, se espera que las primeras jornadas se dediquen a resolver las cuestiones previas que puedan plantear las partes, algo que podría prorrogarse durante toda la semana del 12 al 14 de febrero -el juicio se celebrará en sesiones diarias entre martes y jueves, en horario de mañana y tarde-. Resueltas estas cuestiones, se abrirá la fase de prueba con las declaraciones de los acusados, uno de los puntos más esperados. 

Los siete miembros del Tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, son responsables de juzgar a los 12 dirigentes independentistas procesados, de los que 9 están en prisión provisional. Se exponen a peticiones de hasta 25 años de cárcel por parte de la Fiscalía, en el caso de Junqueras (por un supuesto delito de rebelión y malversación), y de hasta 12 años por parte de la Abogacía General del Estado (por sedición y malversación).

El Supremo, consciente de estar frente a un "reto"

El Supremo no suele desempeñar funciones de instrucción, sino que acostumbra a servir como tribunal de segunda instancia. Que en el caso del procés catalán no sea así ya supone un reto, como lo es también la enorme proyección mediática de una causa para cuyo seguimiento se han acreditado más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación, 50 de ellos internacionales.

Estas consideraciones son reconocidas y tenidas en cuenta por el presidente del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. En un encuentro informal con periodistas este mismo jueves, Lesmes transmitió que el tribunal está realizando un esfuerzo titánico para estar a la altura, para garantizar "la dignidad" de los procesados, y, sobre todo, para actuar con la "máxima transparencia". 

Tras un año en el que el Supremo ha recibido fuertes críticas por sus vaivenes sobre el impuesto a las hipotecas, y en el que tampoco el CGPJ se ha visto exento de polémica con la designación fallida de Marchena como futurible presidente de este órgano -él mismo se descartó, tras estallar la polémica de los mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó-, Lesmes insiste en la transparencia como receta para desterrar estas sombras. Frente a quien "siembra dudas sobre la calidad" de la Justicia española, la respuesta será mostrar la "máxima transparencia". O, al menos, esta es su promesa.

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