Es el último cartucho legal en la guerra abierta entre estrados entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno central a cuenta de la consulta ciudadana del próximo domingo, 9 de noviembre.

La Generalitat trata de anular 'in extremis' el recurso que interpuso el Gobierno el pasado viernes ante el Tribunal Constitucional contra esta consulta alternativa.

Para ello, ha acudido al Tribunal Supremo por la vía contenciosa, reservada para el conflicto entre administraciones públicas. Apela a la protección de los derechos fundamentales, por lo que se tramita por la vía de urgencia.

Los derechos que la Generalitat considera violentados por el Gobierno son el derecho de participación, el derecho de la libertad de expresión y la libertad ideológica.

En su demanda, el Gobierno de Artur Mas acusa además al Ejecutivo de Mariano Rajoy de hacer un 'uso torticero' del Tribunal Constitucional por impugnar el 9-N con el único afán de impedir que se celebre y de que los catalanes ejerzan su derecho fundamental de libertad de expresión e ideológica.

El Govern reclama de la Sala Tercera del Supremo que suspenda el acuerdo del Consejo de Ministros del viernes 31 de octubre, que aprobó impugnar el proceso participativo del 9-N ante el Constitucional.

Al mismo tiempo, solicita una medida cautelarísima que deberá ser resuelta este jueves por el Supremo. Este procedimiento sirve para evitar un atropello de la Administración que sería irreversible y definitivo de no adoptar medidas cautelares mientras el Supremo resuelve la demanda. La cautelarísima que solicita la Generalitat es que el Supremo suspenda temporalmente la vigencia del acuerdo del Consejo de Ministros del 31 de octubre.

La Generalitat acusa al Gobierno central de hacer un uso 'fraudulento del derecho' y un 'abuso de poder'. Se refiere así a que Rajoy se beneficia de la prerrogativa constitucional que le permite -sin justificación y sin debate alguno- pedir la suspensión automática de forma cautelar de una norma autonómica hasta que el Constitucional resuelve el fondo del asunto.

A juicio de la Generalitat, Rajoy utiliza el Constitucional para el debate político, que no jurídico, con el fin de conseguir una suspensión automática de un proceso que ha sido 'ridiculizado y menospreciado por distintos miembros del Gobierno del Estado'.