El Gobierno de Susana Díaz ha dibujado un presupuesto expansivo para 2018 (34.759,5 millones de euros), unos números que quieren trasladar dos mensajes: la estabilidad política de una comunidad gobernada por PSOE con apoyo de Ciudadanos; y la recuperación económica. Las cuentas se sustentan en una previsión de crecimiento del 2,6% del PIB y la creación de 80.000 puestos de trabajo, un vaticinio más prudente de lo que han proyectado algunas entidades financieras (Analistas Económicos, de Unicaja, prevé un 2,7%).

Los Presupuestos andaluces para 2018, los primeros aprobados en España, acaban de superar el debate de totalidad en el Parlamento sin mayor problema, y verán la luz a final de mes envueltos en un halo de optimismo económico y de responsabilidad política. Díaz se ha pasado toda la tramitación inicial de las cuentas subrayando el contraste entre la estabilidad andaluza y la incertidumbre que ha generado la crisis catalana en Barcelona y en Madrid.

Por eso sorprendió a muchos que, pocos días después del debate a la totalidad de los Presupuestos en el Parlamento, la propia presidenta hiciera un viraje en el relato para rebajar las expectativas que ella misma ha alimentado sobre las cuentas de 2018. Sucedió en una reunión a puerta cerrada del Consejo Económico y Social de Andalucía, donde están representados sindicatos, patronal y universidades entre otros, y donde Susana Díaz enumeró sin anestesia los “grandes riesgos” que amenazan el próximo presupuesto andaluz, el último de la legislatura. Las cuentas de 2018 recopilan los compromisos políticos con los que el PSOE y sus socios de C’s llegarán a las elecciones autonómicas de marzo de 2019.

Hasta entonces hay un año largo cargado de incertidumbres y “grandes riesgos”. La presidenta habló de “la política proteccionista de Donald Trump”, que puede impactar sobre la porción más prometedora de la economía andaluza (las exportaciones); “los efectos del Brexit”, que tienen una especial incidencia en el turismo y en el Campo de Gibraltar, con una economía muy dependiente del Peñón; “la convulsa situación política de Cataluña, que ya nos está afectando”; y “la falta de unos Presupuestos Generales para 2018”.

Los dos últimos factores son los que más preocupan al Gobierno andaluz, según varias personas presentes en la reunión, no porque sean más graves que el resto, sino porque “su impacto aún no se ha calculado del todo”, advirtió Díaz. Punto uno: Cataluña. El último informe semestral del Banco de España, publicado hace unos días, ya corrige a la baja la previsión económica de España a consecuencia de la crisis catalana, una previsión que la Junta tuvo en cuenta a la hora de dibujar sus presupuestos para 2018. La oposición -PP, Podemos e IU- denuncia ya que esos números nacen “obsoletos” y que las promesas que vienen con él son “irreales”.

Si persiste la crisis política en Cataluña, como parece, el Banco de España prevé un impacto en el PIB de España de entre tres décimas y 2,5 puntos entre finales de 2017 y 2019, de forma que podría llegar a reducirse en un 60% el crecimiento previsto para los dos próximos ejercicios. “Eso, en el peor de los escenarios, pero si se confirma, para nosotros sería desbaratar los cálculos económicos que acompañan al Presupuesto”, admite un miembro de la Junta. Punto dos: Rajoy no podrá sacar adelante las cuentas del Estado por falta de apoyos parlamentarios. “Esto supone prorrogar los Presupuestos Generales de este ejercicio, que se diseñaron para medio año (con una caída en la inversión pública para Andalucía del 36,6%), y ahora podrían durar año y medio”, avisó la presidenta.

Los grupos de la oposición han recibido con mucha susceptibilidad ese “nuevo relato” de Susana Díaz, que en 48 horas ha pasado de poner el acento en lo bueno -la estabilidad política de Andalucía- a cargar las tintas en lo malo -la inestabilidad política que rodea a Andalucía-. “No somos una isla, no estamos ajenos a lo que ocurre a nuestro alrededor”, insistió la presidenta en su reunión con los agentes sociales. Este leve giro en el discurso de Díaz ya ha puesto en alerta a casi todos sus adversarios. La oposición sospecha que la presidenta “prepara el relato para un posible adelante electoral, como hizo en 2015”. Incluso sus aliados de Ciudadanos han reaccionado más susceptibles de lo habitual. El portavoz y presidente del grupo naranja, Juan Marín, ha advertido a Díaz de que “no tiene excusas ni se dan las circunstancias para justificar un adelanto de las autonómicas”. “La estratagema que usó para romper el pacto de Gobierno con IU en 2015 no le sirve ahora”, asegura Marín, que ha exigido a la líder de los socialistas que agote la legislatura y mantenga los comicios cuando tocan: en la primavera de 2019.

“En ninguna agenda política”

La dirección del PSOE-A ha negado categóricamente que Díaz esté barajando el adelanto electoral: “No está en ninguna agenda política. Nunca se ha abordado este asunto”, dice el secretario de Organización, Juan Cornejo. Pero sus rivales recuerdan que se usó la misma determinación a finales de 2014, días antes de disolver el Parlamento.

Susana Díaz anunció por sorpresa un adelanto de las últimas elecciones autonómicas en enero de 2015, apenas un mes después de aprobar junto a sus socios de IU los siguientes presupuestos andaluces. Primero se aseguró la estabilidad política que otorga la firma de las cuentas de todo un año, luego negó rotundamente cada vez que le preguntaron si había riesgo de disolución del pacto con los comunistas, y finalmente reapareció con un relato nuevo, poniendo el acento en la “radicalización” que había sufrido IU a manos del nuevo líder, Antonio Maíllo, y su homólogo federal, Alberto Garzón. A Maíllo no le sorprende que la presidenta andaluza esté preparando un movimiento similar para 2018. “Susana Díaz no da puntada sin hilo”, suele decir.

En esta ocasión, a Díaz le costaría más difícil justificar el adelanto electoral arguyendo el deterioro de las relaciones con Ciudadanos, porque apenas han sufrido roces graves en toda la legislatura, y porque el grupo naranja no forma parte del Consejo de Gobierno. Teresa Rodríguez, de Podemos Andalucía, cree que Díaz “pondrá la fecha de las elecciones cuando a ella le convenga personal y políticamente”. Según los grupos de izquierda, si hay alguna razón de peso para que la presidenta adelante los comicios es “justo la misma que utilizaron hace dos años: cerrar el paso a una alternativa de izquierdas al PSOE andaluz. O dicho de otro modo: evitar que la confluencia Podemos-IU se consolide con tiempo suficiente para llegar con una marca renovada y más fuerte a las elecciones de 2019.

Maíllo es el que más presiona para formalizar cuanto antes la coalición con el partido de Teresa Rodríguez. Su intención era tener cerrada la confluencia antes de que termine 2017, con la nueva marca de partido, el cabeza de cartel y una lista de nombres de personas de prestigio que integre la candidatura de unidad. Ese calendario es poco probable. Podemos no sólo tiene que resolver su coalición con IU, también tiene que decidir qué implantación tendrá en las próximas municipales, que serán poco después de las andaluzas.

Pese a todo, el PSOE andaluz no parece especialmente preocupado por “el efecto Podemos-IU en Andalucía”. Los socialistas se ven más fuertes que en 2015, tienen menos miedo a la formación morada porque “ha perdido el factor sorpresa de entonces, ya los conocen”, y porque la marca de Pablo Iglesias está cayendo en intención de voto en las encuestas, en parte, por su indefinición y ambigüedad respecto al conflicto secesionista de Cataluña. La dirección del PSOE-A cree que la confluencia Podemos-IU no logrará más votos ni diputados de los que tienen ahora ambos grupos por separado (15 en el grupo morado, cinco en la coalición de izquierdas). Un adelanto electoral en Andalucía el año que viene demostraría que los socialistas no están tan seguros de sus posibilidades o tan tranquilos con la falta de opciones de sus rivales como aparentan.