Otro caso de puerta giratoria. Y que, además, funcionó en ambos sentidos. Esta es la situación de la nueva ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina (Valladolid, 1968), cuyo currículum —es licenciada en Derecho, Ingeniería Agrónoma y con un Máster en Economía Agraria, entre otros títulos— está marcado por una extensa formación, gran experiencia en el sector y ciertos intereses en garantizar que la Ley de Costas se cumpla y beneficie a empresas en las que ella trabajó.

La sucesora de Miguel Arias Cañete, que hoy ha cesado en el Ministerio para dedicarse por completo a sus nuevas funciones como cabeza de lista del PP para las elecciones europeas, está, como él, en el punto de mira por la incompatibilidad moral de ocupar un cargo público mientras siguen vinculados, de una u otra forma, con entidades privadas a las que pueden beneficiar.

En el caso de Cañete, es la empresa Petrolífera Dúcar —de la que fue presidente hasta un mes después de jurar su cargo como ministro— la que le sigue dando dolores de cabeza. Después de que la citada compañía mercantil se viera implicada en el conflicto con Gibraltar, ahora tanto el PSOE como IU han solicitado que el exministro dé explicaciones en el Congreso sobre sus intereses empresariales después de que El País destapara que ocultó a la Cámara que la petrolífera funciona con una concesión administrativa. Sin embargo, él prefirió dar explicaciones en el programa Espejo Público, donde alegó que no informó porque la normativa especifica que "no se puede contratar" si ejerces un cargo público, no que no se puedan tener concesiones. El vicesecretario de Organización y Electoral del PP salió también en su defensa: "Cañete tiene una trayectoria personal, pública y privada, intachable y ya ha dado todas las explicaciones", zanjó Carlos Floriano tras la última reunión del Comité Ejecutivo del partido.  

Por su parte, Tejerina pasó de ser un alto cargo de Agricultura a un alto cargo también, pero de Fertiberia, empresa de fertilizantes pertenecientes al Grupo Villar Mir, cuyo presidente, Juan Miguel Villar Mir, está imputado en el caso Bárcenas por haber realizado donaciones ilegales al PP. Ahí estuvo entre 2004 y 2012, año en el que volvió al Ministerio que dirigirá a partir de hoy, en el mismo cargo que ya había ocupado durante los cuatro años anteriores a su entrada en la empresa privada: fue secretaria general de Agricultura con Loyola de Palacio, Jesús Posada, y el propio Cañete durante el Gobierno de José María Aznar.

Por tanto, Tejerina volvió al departamento tras controlar la estrategia de los mercados de fertilizantes y abonos agrarios de la citada empresa en la que, como mano derecha de Villar Mir —con intereses en la construcción, las costas, las minas, el control del 40% del mercado de abonos agrarios de España, el 50% de los nitrogenados, etc.—,  se forjó en conflictos como la contaminación de las marismas de Huelva con fosfoyesos.

Marismas "irrecuperables"

En esa época, el Tribunal Supremo confirmó la prohibición de que Fertiberia siguiera acumulando fosfoyesos (un residuo industrial tóxico con un alto nivel de radiación por su concentración de Uranio y Torio) en la zona. La sentencia de la Audiencia Nacional confirmada por el Alto Tribunal afirmaba que los terrenos de la concesión de Fertiberia —en la margen derecha del río Tinto— para construir depósitos de decantación de vertidos de fosfoyesos habían perdido la condición de marismas. "Son ya irrecuperables", sostenía la sentencia. El TS entendió que la inactividad que mantuvo la Administración de Costas durante un tiempo —aunque finalmente abrió un expediente para cesar la concesión— "no puede ocultar" la responsabilidad de esta empresa contaminante, que fue obligada a devolver la zona a su estado original.

Además, la organización ecologista Greenpeace, en el informe Amnistía a la destrucción [ver pdf, aquí] en el que analizan "los intereses privados detrás de la reforma de la Ley de Costas" impulsada por Cañete, ya denunció en 2013 que una exresponsable de Fertiberia —a la que supuestamente beneficia la reforma de dicha normativa— ocupase un cargo en el Ministerio que la impulsó.  

Greenpeace denunció que una exresponsable de Fertiberia ocupase un cargo en el Ministerio que impulsó la Ley de Costas que 'beneficia' a la empresa

Si la ley marca un margen de protección de 100 metros entre la tierra y el mar, el cambio —que entró en vigor en mayo hace casi un año— prevé que esa distancia pueda reducirse a 20 metros en las riberas de las rías si así lo considera "la Administración del Estado, de acuerdo con la de la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento correspondiente [...] en atención a las características geomorfológicas, a sus ambientes de vegetación, y a su distancia respecto de la desembocadura".

¿En qué beneficia eso Villar Mir? El grupo del marqués imputado en el caso Bárcenas sigue presente en la Ría de Boo (Santander), donde una de las industrias de Ferroatlántica mantiene el 45% de sus actividad en dominio marítimo-terrestre y no "en suelo legal", como explica Greenpeace en el citado documento. Y podrá hacerlo hasta 2018, cuando vencerá su concesión.

"Villar Mir conoce muy bien la Ley de Costas. Quizás, tras la experiencia en Huelva con Fertiberia, ya ilegalizada, no ha querido que se repita en Cantabria o en otros emplazamientos de su conglomerado empresarial en la costa. Quizás le han servido sus contactos con el Partido Popular y por ende con la Administración del Estado. Fuentes externas han revelado a Greenpeace que quien ha conseguido que en Cantabria se modifique la Ley de Costas ha sido Villar Mir. La realidad es que las rías de todo el Estado ahora tendrán sólo una protección de 20 metros desde la ribera del mar y no de 100 metros. La realidad es que las concesiones de estas industrias se extienden, según los empresarios de Cantabria celebran que con la nueva Ley de Costas, podran seguir en la ría hasta 75 años mas, hasta el 2067. Ya no se podrá repetir el caso Fertiberia. Se han legalizado de un plumazo muchas industrias, además de las de Villar Mir", lamenta la organización ecologista.

Además, fue Villar Mir quien convenció a Tejerina para que volviera al Ministerio a ocupar un cargo que ella rechazaba (aspiraba a la Secretaría de Estado y no sólo a una Secretaría General). El tiempo ha dado la razón al olfato del marqués de Villar Mir, que sigue teniendo intereses en las costas: ha colocado en la mesa del Consejo de Ministros a su mano derecha de los fertilizantes, con el apoyo explícito de Arias Cañete.

 Una familia en el punto de mira

Por otro lado, Isabel García Tejerina no es la única que se ha visto envuelta en polémicas. Uno de los cinco hermanos de la nueva ministra, José María García Tejerina era el delegado de Gescartera en Valladolid, ciudad natal de la nueva titular de Agricultura. La propia familia de García Tejerina invirtió (y perdió) 540.000 euros en la agencia de inversión protagonista del mayor escándalo financiero de 2001, una estafa que afectó a más de 20.000 personas y entidades y por la que terminaron dimitiendo varios cargos del PP.

Además, Eugenio García Tejerina es un administrador concursal que tiene intereses en los molinos eólicos, ya que es secretario general de Apecyl, la Asociación de Promotores de la Energía Eólica de Castilla y León.