La Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), la empresa pública propietaria de la Televisión de Galicia (TVG) y la Radio Galega (RG), acumula en los últimos diecisiete años cerca de 400 sentencias en contra por vulneración de derechos laborales y fundamentales de sus trabajadores, que estos relacionan con la manipulación de la línea editorial de los medios públicos para ponerlos al servicio de los intereses del Partido Popular.

La gran mayoría de sentencias se han publicado bajo el mandato de Alfonso Sánchez Izquierdo, director general del ente desde que Alberto Núñez Feijóo accedió al poder en el 2009, y quien a pesar del cúmulo de decisiones judiciales que ponen en duda la idoneidad de su gestión y la de su equipo sigue hoy en el cargo con Alfonso Rueda al frente del Ejecutivo autonómico.

Según los trabajadores, la vulneración sistemática de sus derechos se mantiene desde hace casi dos décadas, pese a la recurrente constatación judicial de las ilegalidades de la estrategia laboral de la dirección. En la actualidad, aseguran, hay cerca de otros 230 procedimientos judiciales en marcha en manos de los jueces de lo Social por diversos motivos, desde reclamaciones de cantidades y atrasos hasta demandas por despidos nulos o improcedentes, de fijeza o indefinidad o de discriminación por razón de sexo o motivos ideológicos.

"Es la estrategia de la dejadez, basada en la creencia de que el dinero público lo soporta todo", apunta Matías Movilla, abogado laboralista socio del despacho Vento Abogados y Asesores, que ha ganado a la CRTVG centenares de casos. Y no se trata de una exageración coloquial. El primero fue en 2005, cuando consiguió que un juez declarara que la contratación de un trabajador de la delegación de Vigo a través de una productora privada era una cesión ilegal, lo que provocó una cascada de sentencias favorables a otros empleados en situación similar en todas las delegaciones. Sólo en su despacho lograron más de cien sentencias favorables en pocos años.

Más tarde, Movilla empezó a llevar casos de trabajadores de la sede central de la CRTVG en San Marcos, cerca de Santiago, que habían sido contratados irregularmente a través de empresas de trabajo temporal. "Alguno incluso era el director de un informativo", recuerda. Ganaron otros dos centenares largos de procedimientos.

Movilla cree que la dirección de la CRTVG utiliza la precarización de las condiciones laborales y la judicialización permanente de las relaciones con los trabajadores como "estrategia del miedo" para laminar las críticas por la manipulación informativa y arrinconar no sólo a los periodistas díscolos, sino a cualquier empleado que ose ponerla en cuestión. "Sin la dedicación, la generosidad y la solidaridad sindical de algunos trabajadores habría sido imposible conseguir que los jueces revertieran muchas de las situaciones que hemos denunciado", concluye.

"Las prácticas de la dirección no se justifican en ninguna administración pública, y probablemente tampoco serían admisibles en ninguna empresa privada", lamenta Raquel Lema, delegada de la Confederación Unitaria de Traballadoras (CUT), el sindicato mayoritario en la compañía. "Han establecido un sistema de relaciones laborales basadas en el miedo que ha terminado por conformar un entorno tóxico con un enorme riesgo para la salud psicosocial de la empresa", advierte.

Según Lema, mucho más de la mitad de la plantilla, entre el 60% y el 70% de las 912 personas que la componen, han tenido que acudir en algún momento a los tribunales para reclamar sus derechos. La gran mayoría han ganado, aunque asumiendo el enorme coste personal y profesional que supone enfrentarse durante años a un empleador que tiene a su disposición todos los medios necesarios, costeados con el presupuesto público, para eternizar los casos recurriendo sentencias de instancia en instancia hasta el último peldaño del procedimiento.

Sólo en el último año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fallado en al menos dieciocho ocasiones a favor de los trabajadores y en contra de la CRTVG, a la que ha condenado por acosar a periodistas, reventar huelgas, contratar trabadores de forma irregular, despedirles ilegalmente o mantenerles en condiciones precarias.

Uno de los últimos casos se ha resuelto a favor de Carlos Jiménez, locutor de la Radio Galega expedientado y sancionado ilegalmente como represalia por apoyar a Defende a Galega, la plataforma de trabajadores que se movilizan todos los viernes desde hace cuatro años para defender la libertad de prensa y denunciar las presiones políticas y la manipulación. Así lo ha declarado probado el TSXG, que ha ratificado en su integridad la sentencia del juez que le dio la razón en primera instancia.

Vinculado a la empresa desde 1993, Jiménez cuenta con otras quince sentencias favorables en las demandas que ha tenido que ir interponiendo para que los jueces obligaran a la empresa a respetar y cumplir con él las condiciones de trabajo y salariales más esenciales, después de lustros de mantenerle en precario mediante contratos temporales que llegaban a durar sólo medio día. "Quienes nos significamos contra la manipulación o en defensa de los derechos laborales lo hacemos porque defendemos a esta empresa, por más que la dirección quiera hacer ver lo contrario", asegura.

En 2019, el movimiento Defende a Galega ganó el premio a la libertad de expresión José Couso que concede cada año el Colexio de Xornalistas de Galicia. Según los trabajadores, la TVG censuró la noticia, que sí había recogido siempre en ediciones anteriores del premio, y la dirección prohibió que se emitiera en los informativos la pieza sobre el tema que ya había sido montada.

Otra sentencia reciente es la que afecta a la periodista Andrea de Francisco. El pasado 2 de marzo, los jueces del TSXG condenaron a la TVG por haberla discriminado por ser mujer al negarle el derecho a conciliar su horario laboral con el cuidado de sus dos hijas, de año y medio y cuatro años de edad. Además de ese caso, que la empresa ha recurrido, De Francisco mantiene otros dos litigios con la compañía: una demanda de vulneración de derechos porque la dirección de Sánchez Izquierdo se negó a reconocer que ella tenía el deber inexcusable de cuidar de sus niñas cuando las cuarentenas de la pandemia obligaron a que se quedaran en casa, y otro para que la consideren fija en su puesto después de veinticuatro años de ocuparlo en precario.

"Es una táctica constante desde hace dos décadas: te niegan los derechos más elementales y te dicen que vayas a los tribunales a reclamarlos. Y aunque pierdan juicios uno tras otro, ellos ni se inmutan. Siguen recurriendo y manteniéndote en una situación inestable y complicada desde el punto de vista personal y profesional", explica.

La gestión de Sánchez Izquierdo incluye cientos de casos individuales como los anteriores, pero Raquel Lema recuerda que hay otros de carácter colectivo que la empresa también ha perdido o que, en su opinión, está en vías de perder.

El pasado 7 de junio, el TSXG dio a la CRTVG un mes de plazo para negociar con las trabajadoras y alcanzar un acuerdo después de que la CUT denunciara que durante la huelga del pasado 28 de octubre se habían emitido contenidos enlatados como si fueran del día, incluyendo locuciones y videos de periodistas y presentadores que habían secundado el paro pero que, de esa forma, aparecían en público como si no lo hubieran hecho.

Público ha podido constatar el malestar que existe en el ámbito jurídico por la negativa de la CRTVG a modificar su estrategia laboral. De hecho, en el caso anterior los responsables del tribunal recordaron a los de la empresa las recientes sentencias sobre violación de derechos en casos individuales, como el de Jiménez, y también en varios procesos colectivos.

No es la primera vez que la CRTVG y la Xunta del PP han sido condenadas por vulnerar el derecho de huelga en los medios públicos. En dos ocasiones en los últimos años, el TSXG ha considerado que la dirección intentó reventar las jornadas feministas del 8M con servicios mínimos abusivos y sustituyendo por profesionales varones a las presentadoras de informativos que se sumaron a las protestas.

Esas sentencias parecen tener un efecto ejemplarizante limitado, dado que la dirección de Sánchez Izquierdo sigue reincidiendo en la misma táctica, actuando como si los jueces no existieran. En abril pasado, y ante otra convocatoria de huelga, el entonces vicepresidente Rueda, a quien competía firmar los servicios mínimos en la administración autonómica, estableció que los cuatro informativos diarios de la TVG debían emitirse sí o sí, fuera cual fuera el seguimiento de la huelga y con un mínimo de 112 periodistas obligados a cubrir sus puestos.

Los trabajadores también han ganado otro procedimiento colectivo que condena a la CRTVG a incrementar todos los conceptos de su nómina cuando les encomienda tareas de mayor responsabilidad, escudándose en la movilidad funcional. Pero la empresa se niega a pagarles, por lo que a día de hoy hay en los tribunales otras 25 demandas de reclamación de cantidades, que se suman a las 187 de reclamación de fijeza en el puesto de trabajo, y a otro medio centenar por despidos ilegales y demandas de indefinidad.

La dirección de Sánchez Izquierdo también ha tenido conflictos por no cumplir con la Seguridad Social. En 2016, reconoció haber pagado cotizaciones por sus empleados inferiores a las que debía, con la consecuente rebaja en las prestaciones sociales que éstos recibían por enfermedad, maternidad, jubilación... El director general las cuantificó en 1,6 millones de euros y las calificó de "insignificantes", pero los trabajadores aseguran que la cantidad que la empresa tuvo que devolverles se eleva a más de cuatro millones.

La oposición pidió entonces el cese del director general, pero él se negó a dimitir y Feijóo lo mantuvo en el cargo. En la actualidad, la CRTVG mantiene otro litigio con la Agencia Tributaria, que le reclama más de 10 millones de euros por liquidaciones irregulares del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en los últimos siete años.

Público ha intentado hablar con el director general o con algún portavoz de la corporación que pudiera exponer la opinión de la empresa sobre las casi 400 sentencias judiciales que ponen en duda la legalidad de su política laboral. Pero la compañía se ha limitado a responder que "no tiene declaraciones que hacer" sobre ese tema ni sobre las acusaciones sindicales.

La CRTVG tampoco ha aclarado si prevé recurrir la condena por perseguir a Carlos Jiménez por cuestiones ideológicas o adoptar alguna medida contra los directivos responsables de la misma, ni ha facilitado las cifras sobre el coste que han supuesto los procedimientos judiciales desde el 2005 y los atrasos, salarios de tramitación e indemnizaciones por despido y por daños morales que ha tenido que abonar como consecuencia de las condenas judiciales en firme.

Lo cierto es que la Corporación sí contempla esos gastos en sus balances. Según la última memoria de cuentas anuales, la provisión anual para cubrir la "liquidación de reclamaciones retributivas del personal propio derivadas de sentencias" ascendió a más de 1,25 millones de euros en 2019 y a más de 1,86 millones en 2020.

La CRTVG tiene un presupuesto anual de 121,6 millones de euros, de los cuales apenas 6,3 millones corresponden a ingresos por publicidad y operaciones comerciales. El 94%, es decir más de 114 millones, procede de las subvenciones directas de los presupuestos de la Xunta. Según el portal de Transparencia de la Administración autonómica, Sánchez Izquierdo cobra un salario anual de 92.333.10 euros anuales. Según la memoria de cuentas anuales de la CRTVG, la TVG tuvo una cuota de audiencia media del 9,9% en 2020, y la Radio Galega, 200.000 oyentes diarios.