Más de un tercio de las sanciones interpuestas en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, desde su entrada en vigor el 1 julio de 2015 hasta 2020 (la última cifra disponible) fueron por resistencia o desobediencia a los agentes de policía (artículo 36.6) y faltas de respeto o consideración a los miembros de las fuerzas de seguridad (artículo 37.4).

Según los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior, que no incluyen los datos de los cuerpos de seguridad autonómicos de Catalunya, Euskadi y Navarra, desde la puesta en marcha de la polémica norma aprobada con el único apoyo del PP se ha impuesto un elevado número de sanciones por estos dos motivos, muchas de ellas en el contexto de manifestaciones y concentraciones pacíficas.

En los cinco primeros años de la aplicación de la ley, las sanciones por desobediencia y faltas de respeto a los agentes de la autoridad ascendieron a 397.083 de un total de 1.155.727 multas interpuestas al calor de la norma. Cabe destacar que su modificación sigue siendo todavía una cuenta pendiente en el Congreso al prevalecer escollos importantes en la negociación por las resistencias del PSOE a poner coto a estos dos artículos, entre otros puntos, según han señalado a este medio varias fuentes cercanas al diálogo iniciado en el seno de la ponencia de la Comisión de Interior.

El consumo de drogas en la vía pública fue el motivo de infracción más habitual a excepción de 2020, cuando las sanciones por desobediencia se multiplicaron por 20, pasando de 12.645 sanciones a 243.001 con respecto al año anterior, por el estado de alarma decretado tras la irrupción de la covid-19. En este sentido, las multas durante este periodo han quedado sin efecto por la declaración de inconstitucionalidad de esta medida excepcional. No en vano, la cifra total de las infracciones por este motivo es de 298.497.

En cuanto a las interpuestas por faltas de respeto o consideración a policías, el número total de sanciones desde 2015 a 2020 ascendió hasta 98.586 por un importe de 12.115.337 euros, siendo este otro de los motivos más empleados bajo el amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana.

La Plataforma por la Libertad de Información (PLI), en su resumen anual sobre el estado de la libertad de prensa en España publicado el pasado 3 de mayo, volvió a poner el acento en estos dos preceptos de la ley "al tratarse de los aplicados con mayor frecuencia contra periodistas (sobre todo fotógrafos) con un claro impacto negativo en la libertad de prensa".

Coincidiendo con los trabajos para la modificación de la ley en la Cámara Baja, el pasado 13 de febrero, más de cien colectivos sociales reclamaron en una veintena de ciudades del Estado español la derogación de una "ley injusta" y no una "mordaza maquillada", ya que las propuestas presentadas por el Gobierno no contemplan la derogación de sendos artículos, entre otros "elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo un maquillaje a la ley mordaza", tal como aseguró la plataforma que aglutina estas entidades en un comunicado.

Asimismo, sobre estos dos apartados, entre otros, hizo referencia la comisaria de Derechos Humanos (DDHH) del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, en una misiva enviada a primeros de febrero al Congreso y al Senado. En dicha carta lamentaba la actual tramitación de la reforma en la Cámara Baja porque "no aborda plenamente las preocupaciones" expresadas en 2018 sobre "la amplia e imprecisa redacción de la ley en su conjunto, que sigue dando un amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas de seguridad a la hora de interpretarla y permite su potencial aplicación desproporcionada y arbitraria".

Antes, con el fin del segundo estado de alarma decretado por el Gobierno en octubre de 2020, que se prolongó hasta junio del pasado año, Amnistía Internacional denunció que algunas de las actuaciones policiales llevadas a cabo para asegurar el cumplimiento de las medidas de protección de la salud "vulneraron los derechos humanos de la ciudadanía", poniendo nuevamente sobre la mesa la "urgencia" de reformar la norma al ser "utilizada como base legal para la mayor parte de las sanciones" durante este periodo excepcional.