El 23 de septiembre alrededor de 500 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado participaron en una de las operaciones antiterroristas más visualmente espectaculares de los últimos años. Se trataba de la detención de nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Se difundieron imágenes de varios agentes derribando puertas a golpe de ariete. Los medios de comunicación se hicieron eco de la tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional: los independentistas detenidos tenían planes “avanzados” para atentar en fechas próximas. El Mundo, por ejemplo, abría su edición en papel con el titular Los CDR ultimaban un atentado terrorista en Cataluña "el día D". Siete de ellos fueron enviados a prisión incondicional y la teoría de que existía un terrorismo independentista catálan dispuesto a atentar corrió como la pólvora.  

Sin embargo, apenas tres meses después, coincidiendo con estos días festivos navideños, cinco de los siete miembros de lo que había sido llamado 'Equipo de Respuesta Técnica' han sido puestos en libertad bajo fianza. Los tres primeros fueron puestos en libertad, bajo caución de 5000 euros, el pasado 20 de diciembre. El razonamiento fue el siguiente. La Audiencia distingue dos subgrupos entre los siete encarcelados. Uno era el "productor" de los explosivos, formado por cuatro personas, y otro el "ejecutor". En esta primera decisión, la Audiencia decidió dejar en libertad bajo fianza a tres personas señalando que eran miembros de este último equipo y que, por tanto, no habían tenido ningún contacto con explosivos. Así, Eduard Garzón, del que la Guardia Civil había asegurado que era "el segundo integrante con mayor peso dentro de la organización criminal", Guillermo Xavier Duch y Xavier Bugas quedaron en libertad bajo fianza. 

Apenas seis días después, la Audiencia Nacional también puso en libertad a Ferrán Jolis, bajo fianza de 5.000 euros, con el mismo argumento: no pertenecía al subgrupo encargado de la preparación de explosivos. Sin embargo, en el mismo día, con la oposición de la Fiscalía, otro auto también decretaba la libertad bajo fianza de 10.000 euros para Alexis Codina, a quien las investigaciones de la Guardia Civil situaban como el dueño de un "laboratorio clandestino" donde se preparaban compuestos explosivos. Además, estas informaciones también señalaban que este laboratorio habría servido como almacenamiento y depósito para terceros de las diferentes sustancias peligrosas.

"Inexistencia de explosivos"

No obstante, el auto de Audiencia Nacional señala que no se han encontrado pruebas de "la existencia de explosivos y sí únicamente de sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los correspondientes procedimientos técnicos pudieran llegar a convertirse en explosivos (precursores), disponiendo el recurrente de documentos con información para elaborar explosivos".

Por tanto, el tribunal declara "la objetiva inexistencia de explosivos en poder del señor Codina" ya que en ella solo se encontraron "precursores" de la termita y también que el acusado dispone de "documentos con información para elaborar explosivos".  Asimismo, el auto de la Audiencia Nacional también siembra dudas sobre la imputación de delitos de terrorismo que pesan sobre los siete integrantes de los CDR detenidos. Concretamente, dice lo siguiente: 

"El tribunal, en este momento de resolución de un recurso contra una medida cautelar, con un conocimiento amplio, pero limitado de las actuaciones que se encuentran en progreso de investigación, sin la existencia de una previa organización delictiva de carácter terrorista así declarada judicialmente de referencia, no puede emitir un juicio definitivo suficientemente fundado sobre la naturaleza o no terrorista de los hechos, ni de la existencia de una organización que se habría constituido ex novo, ni desde el punto de vista de sus finalidades, estructuración, previas manifestaciones delictivas, o grado de desarrollo en su posible conformación".

Dos detenidos siguen en prisión

De esta manera, a día de hoy, sólo dos de los nueve detenidos en un inicio en la Operación Judas continúan en prisión cuando han transcurrido tres meses desde las espectaculares detenciones de los acusados y del despliegue mediático que difundió las tesis de la investigación. 

Objetivo: una casa cuartel de la Guardia Civil

Por ejemplo, la información de El Confidencial del día 23 de septiembre, día de las detenciones, señalaba que los detenidos "estaban preparando acciones violentas". La noticia señalaba que la Guardia Civil había hallado durante los registros "una mezcla reactante empleada para desencadenar explosiones denominada termita" y "tenía intención de atentar y manejaba documentos con informaciones de posibles objetivos, entre ellos, una casa cuartel de la Guardia Civil". Como se ha visto anteriormente, la Audiencia Nacional señala que no había "termita" sino "precursores" de la misma. 

La mencionada noticia de El Mundo también señalaba que la tesis principal que manejaban entonces las fuentes de la investigación consultadas por el diario era "esas acciones terroristas iban a ejecutarse el día en que la Sala Segunda del Tribunal Supremo diera a conocer la sentencia del procés". La Razón también dedicaba una parte de su portada de aquel 24 de septiembre al asunto con el siguiente titular: Los CDR de Torra aprietan: iban a atacar un cuartel con explosivos. 

La cascada de informaciones y filtraciones continuó. Asimismo, según publicó El Periódico, el sumario seguido en la Audiencia Nacional por terrorismo contra los miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) también incluía en varios momentos al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su sucesor, Quim Torra.

En las conversaciones telefónicas intervenidas a los siete presuntos terroristas presos, en sus declaraciones y en informes de la Guardia Civil, se describe cómo prepararon "una red de comunicación segura" entre ambos y cómo el objetivo de ocupar el Parlament contaba con el beneplácito de la Presidencia de la Generalitat. De hecho, el propio Torra se encerraría con ellos en la Cámara el día D.

Otra acusación de terrorismo a una CDR

No obstante, esta no ha sido la única vez que se ha acusado a miembros de los CDR de preparar ataques terroristas en la Audiencia Nacional. En abril de 2018, fue detenida bajo las mismas sospechas y por orden del mismo juzgado Tamara Carrasco. Fue acusada de delitos de terrorismo y rebelión.

Tengo la sensación de que nosotros fuimos la prueba piloto, que no salió bien", señaló Tamara Carrasco

Sin embargo, el exjuez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, el magistrado Diego Egea, acordó su puesta en libertad al considerar que, con los indicios recabados, sólo podía ser acusada de desórdenes públicos. El instructor acabó inhibiéndose a los juzgados de Barcelona al entender que no era el juez competente para investigar los hechos.

Tras la detención de nueve CDR el pasado 23 de septiembre, Tamara Carrasco declaró lo siguiente a la publicación La Marea: "Tengo la sensación de que nosotros fuimos la prueba piloto, que no salió bien. Ahora nuestros compañeros llevan a sus espaldas acusaciones muy graves, además de haber entrado en prisión preventiva sin fianza. Como en nuestro caso, los medios de comunicación se han encargado de sembrar la duda, pero sobre todo el odio; está filtrándose información aunque hay secreto de sumario y se están vulnerando sus derechos más fundamentales". 

Otras causas de terrorismo en la Audiencia 

Desde la reforma del Código Penal de 2015, que amplió los límites del delito de terrorismo, se han conocido varios casos de investigaciones por este delito en la Audiencia Nacional que finalmente han terminado fuera del delito de terrorismo.  Un ejemplo fueron los incidentes en el casco viejo de Pamplona del pasado mes de mayo de 2017 tras una manifestación. La juez Carmen Lamela, instructora del caso, calificó los hechos de terrorismo. La Fiscalía, atendiendo esta calificación, solicitó siete años de prisión para los acusados. Sin embargo, tras celebrarse el juicio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional descartó tajantemente cualquier delito terrorista y condenó a cuatro jóvenes a dos años de prisión por desórdenes públicos.

La Audiencia Nacional también envió a prisión al joven de 25 años Nahuel, miembro del colectivo anarco vegano Straight Edge, acusado, junto a cinco de sus compañeros, de organización criminal con fines terroristas. Nahuel pasó 16 meses en prisión en un maratón de cinco cárceles. La Fiscalía de la Audiencia Nacional desmontó el relato de la jueza instructora e imputó a los jóvenes un delito de enaltecimiento del terrorismo en redes sociales. Se pidió una pena de dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo y finalmente fueron absueltos.  Asimismo, también se rechazó que los jóvenes de Altsasu cometieran un delito de terrorismo por las agresiones a dos guardias civiles y sus parejas en un bar.