El juicio al procés era visto como el escenario perfecto por los ultraderechistas de Vox, el mejor altavoz al que podían aspirar en plena precampaña electoral, pero lo cierto es que hasta la fecha están muy lejos de que les sirva para estos fines. Hoy están desdibujados, evitan hacer intervenciones ante los medios a las puertas del Tribunal Supremo, han pasado a un perfil más bajo.

En cinco semanas de sesiones, la acusación popular del partido ultraderechista se ha mostrado errática, ausente: han decidido no preguntar a varios testigos a los que anteriormente habían pedido citar, no han solicitado la consideración de una sola prueba documental en el juicio -pese a vender que las pruebas son la clave en esta causa-, y han llegado tarde, al menos, a una sesión. Se quedaron fuera hasta el receso, y rechazaron explicar a Público el motivo de su retraso.

Sólo han dado la batalla por dos cuestiones meramente anecdóticas –los lazos amarillos y su intento de usar el interrogatorio a Oriol Junqueras como una suerte de mitin-, las dos frenadas por Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, responsable de enjuiciar esta causa.

Por contra, han puesto mucho interés por españolizar el término Generalitat [“Generalidad”], o Mossos d'Esquadra [“Mozos”, pronuncian], pero no tanto por lograr que su acusación por organización criminal a algunos de los procesados cuadre siquiera con el auto de procesamiento del juez instructor, Pablo Llarena, el mismo que debe dibujar los límites del terreno de juego entre las partes. A menudo, eso sí, han lucido sus bolígrafos con los colores del partido, o una pulsera con la bandera de España, como hizo este jueves el número dos del partido, Javier Ortega Smith.

De hecho, el propio Marchena tuvo que sacar las castañas del fuego a los ultraderechistas. Ortega Smith no dejó pasar la ocasión de dejar ver la pulsera con la bandera que llevaba bajo la toga -el mismo que pidió al tribunal que prohibiera a los procesados que llevaran lazos amarillos-, pero sí olvidó preguntar al major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, por lo más importante para las acusaciones.

Ni Fiscalía ni Abogacía del Estado habían pedido que compareciera como testigo, pero el partido ultraderechista, que pide penas tres veces más altas que las del Ministerio Público, olvidó preguntar al major de los Mossos por las reuniones en las que advirtió a Carles Puigdemont y el resto del Govern sobre el riesgo de que hubiera “conflictos graves de orden público”.

Trapero, procesado ante la Audiencia Nacional por rebelión, podría haberse acogido a su derecho a no declarar, pero decidió hablar. Lo hizo sin cruzar una mirada con su abogada, Olga Tubau, que tomaba notas a su lado, y durante cuatro horas y media midió al máximo sus palabras, pero disparó los misiles que llevaba cuidadosamente preparados.

Marchena acude al rescate

Lo hizo cuando Marchena entró en el ring, algo que ya ha motivado la queja de las defensas. Vox tuvo que conformarse con arrancarle que las alternativas de salida que los Mossos ofrecieron a la secretaria judicial que registró la sede de la Consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017 eran “seguras”, y por tanto que, a su entender, no habría sido necesario que abandonase la sede por una azotea de la segunda planta.

Marchena tuvo que llamar la atención a Ortega Smith en varias ocasiones, entre otras cosas para que dejara explicarse al testigo. Y el propio Trapero logró arrancarle un “tiene usted razón” cuando le explicó que no es lo mismo no aceptar que no compartir, en referencia a la orden de Fiscalía de que todos los cuerpos policiales se coordinaran bajo el mando del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

Esto, por no hablar de cuán desordenado fue su interrogatorio, hasta el punto de que el presidente de la Sala de Lo Penal le recriminó que fuera “saltando” de un tema a otro. Además, ya al arranque del juicio, después de que todos los acusados decidiesen obviar a Vox, rechazando responder a sus preguntas, Marchena advirtió a los ultraderechistas de que no permitiría que las preguntas a testigos se desviasen de la materia, por lo que no pudieron cuestionar desde un enfoque político a Mariano Rajoy o a Soraya Saénz de Santamaría, expresidente y exvicepresidenta del Gobierno.

Con todo, en línea con la política de comunicación que mantienen fuera de la Sala, los ultraderechistas remitieron un comunicado de prensa en el que sacaban pecho por la “utilidad demostrada” por su presencia en el juicio. “En el día de hoy se ha conocido que Trapero convocó a Puigdemont, Forn, Forcadell y Junqueras, entre otros, a una reunión en los días previos al referéndum ilegal del 1 de octubre donde se desveló que se producirían conflictos graves de orden público y seguridad ciudadana en los centros de votación”, rezaba el texto.

Sin embargo, el hecho de que la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, no asistiera a la reunión finalmente, o de que fue Marchena quien arrancó estos datos a Trapero, no se mencionaban en este comunicado.

Hasta ahora, lo demostrado por Ortega Smith es que puede pedir “prisión” para Puigdemont por la tarde, en el Parlamento Europeo, y unas horas después ponerse la toga de letrado en la sesión de mañana del juicio. El Supremo rechazó expulsarles de la acusación, como pedían las defensas, si bien también afirmó que debían actuar de buena fe.