La precampaña de las nuevas elecciones generales se ha llevado por delante la tramitación de un macroproyecto turístico en las marismas de Trebujena, Cádiz, frente al Espacio Natural de Doñana, con 300 viviendas de alto standing, hoteles y campo de golf. El alcalde, Jorge Rodríguez, de IU, suspendió el lunes, apenas siete horas antes de su inicio, el pleno extraordinario que había convocado con una propuesta de resolución en la que se rechazan todas las alegaciones presentadas al proyecto por organizaciones ecologistas y sociales.

El temor a las duras protestas que iba a generar esa resolución y un amplio debate interno en la formación de izquierdas a cuenta de la idoneidad de la medida a un mes de las elecciones han sido los motivos, según diversas fuentes, de este sorprendente aplazamiento.

El lunes fue un día muy movido en el Ayuntamiento de Trebujena, gobernado por Izquierda Unida durante 37 años. Para las 20.30 horas estaba convocado un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: el debate de la modificación del PGOU y el estudio ambiental estratégico sobre el macroproyecto turístico promovido por la empresa belga Costa Guadalquivir.

Un pleno al que el equipo de gobierno llegaba con una propuesta de resolución en la que se desestiman de un plumazo las más de 800 alegaciones presentadas por organizaciones como WWF-Adena, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife, Sindicato Andaluz de Trabajadores o el Ateneo de Trebujena, que advierten de graves riesgos ambientales, sociales y económicos de una urbanización prevista sobre más de dos millones de metros cuadrados, junto al río Guadalquivir.

Las reuniones en despachos, los rumores, las llamadas de teléfono se sucedieron hasta que pasada la una de la tarde el alcalde anunció que desconvocaba el pleno extraordinario y, por tanto, abortaba el trámite previo para remitir la modificación del PGOU a la Junta de Andalucía, que es la administración que debe decidir la idoneidad y viabilidad ambiental de una urbanización que comenzó a proyectarse hace ya 16 años, en 2003. A requerimiento del grupo socialista, único representante de la oposición en esta corporación, el Ayuntamiento achacó la suspensión del pleno a “motivos de tramitación administrativa” del expediente referido al macroproyecto turístico, sin dar ninguna explicación más al respecto, pese a que tiene como plazo máximo el próximo 14 de octubre para remitir su informe a la Junta.

Plano que muestra las dimensiones y ubicación del macroproyecto. / Ecologistas en Acción

Sin embargo, otras fuentes consultadas por este periódico aseguran que en los últimos días se han sucedido los contactos y las reuniones en diferentes niveles y ámbitos de la formación de IU, preocupados por la repercusión de un proyecto urbanístico de este calado promovido por uno de sus bastiones en la provincia de Cádiz y previsto construir en uno de los balcones del Espacio Natural de Doñana, asunto que ya ha sido objeto de varias informaciones en Público. A ello habría que añadir la preocupación en la organización aliada de Podemos y también la movilización de las organizaciones ecologistas que han visto denegadas todas sus alegaciones, muy molestas con la actuación de un equipo de gobierno de izquierdas y que, en algunos casos, tenían previsto asistir al pleno extraordinario para expresar públicamente su enorme enfado con la resolución municipal.

Así lo ve también el portavoz del grupo municipal socialista, Miguel Guerra, que considera que ha habido “intereses electoralistas claros” detrás de esta marcha atrás del alcalde, la cual se produce, además, sólo una semana después de que el equipo de gobierno de IU rechazara en el pleno la propuesta del PSOE para convocar un referéndum popular en el que los vecinos decidiesen si se lleva a cabo o no el proyecto turístico Costa Guadalquivir.

“Un derecho histórico”

En un comunicado publicado el mismo lunes y difundido a través de las redes sociales, el alcalde afirma que tras haber “mantenido contactos con diferentes grupos ecologistas, promotores y agentes sociales”, decidió suspender el pleno para “iniciar un proceso de diálogo entre todas las partes donde se puedan analizar las diferentes alternativas con respecto al proyecto de desarrollo turístico”. Jorge Rodríguez señala, no obstante, que el pueblo de Trebujena “tiene el derecho histórico” de poner en valor su entorno “a través de iniciativas de turismo sostenible”, que le permitan diversificar su economía, hoy dependiente fundamentalmente de los viñedos y el trabajo en centros sanitarios del entorno.

La organización WWF-Adena se ha mostrado “muy satisfecha con lo que significa este parón” del macroproyecto turístico. Su representante en Doñana, Juanjo Carmona, considera positivo que el Ayuntamiento haya accedido al menos a considerar el asunto y estudiar las propuestas que se pueden debatir en torno a él. Por su parte, Ecologistas en Acción, que había advertido de la posibilidad de presentar una doble demanda por la vía penal y por lo contencioso administrativo si se rechazaban todas sus alegaciones, está a la espera de cuál va a ser ahora el siguiente movimiento de la Corporación trebujenera.

A juicio de Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción, el Ayuntamiento podría ahora enviar el proyecto directamente a la Junta de Andalucía con las 800 alegaciones presentadas para que sea la Administración andaluza la que decida sobre todas esas observaciones y dé luz verde o tumbe la evaluación ambiental de la urbanización de 300 viviendas en las marismas de Trebujena.

Esta misma organización, junto a WWF-Adena, solicitó en la reunión del pasado viernes del Consejo de Participación de Doñana la reinundación de las marismas de Trebujena y su incorporación a ese Espacio Natural para garantizar su protección, según Clavero, que asegura que esa medida facilitaría que el Guadalquivir, en caso de fuertes lluvias, se desbordase en las marismas y no en los núcleos urbanos próximos al río.

En las alegaciones presentadas a la modificación del PGOU se subraya que el complejo turístico está previsto sobre una zona inundable y generaría graves problemas para la recuperación del estuario del río Guadalquivir. Además, se alerta del peligro que supondría el gasto en agua de una urbanización con campo de golf, amplias zonas ajardinadas, hoteles y 300 casas, gasto que estiman superaría los 800.000 metros cúbicos al año y aumentaría aún más el impacto ambiental en una época de cambio climático en los que los recursos hídricos tienden a la baja. Y no sólo alegan cuestiones ambientales. El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) considera que estamos ante un proyecto de “especulación urbanística” que reproduce los males de la burbuja inmobiliaria que desencadenó la grave crisis económica cuyas consecuencias se siguen padeciendo en nuestro país.

El grupo socialista ha recordado que un proyecto similar, el de la Loma de Martín Miguel construido en la vecina Sanlúcar de Barrameda, también ubicado frente a Doñana, ya tiene su campo de golf “abandonado” por falta de uso tras el cierre de la empresa que gestionaba la urbanización turística abanderada en su día por el príncipe Alfonso de Hohenlohe.

La puesta en marcha del macroproyecto turístico ya ha generado ingresos para el Ayuntamiento de Trebujena. En el convenio que el Consistorio firmó con la sociedad Zanona SA del primer promotor de la urbanización, el belga Bernard Devos, la empresa se comprometía a abonarle algo más de 5,5 millones de euros cuando se aprobara la modificación del PGOU de suelo rústico a urbanizable que hiciese posible la obra. Sin embargo, en 2012 se firmó un nuevo convenio que redujo la compensación a 3,3 millones, ya que, tras la intervención de la Junta de Andalucía, se había bajado de 750 a 300 casas la edificabilidad máxima. El Ayuntamiento ya ha recibido 1,8 millones de euros a cuenta de esa compensación y podrá recibir el resto, 1,5 millones, cuando se apruebe la modificación del PGOU que permita la construcción de la gran urbanización turística, un proyecto que ahora gestiona Costa Guadalquivir, una empresa también de origen belga