La estrategia de privatizaciones y recortes de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, donde se está eternizando la huelga de médicos y donde centenares de miles de personas salieron a la calle el pasado domingo en defensa de la sanidad pública, no es nueva. Se aplicó mucho antes en Galicia, durante los trece años de gobierno de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta. Según los portavoces de las mareas blancas gallegas, el ahora líder del PP y su sucesor en la comunidad, Alfonso Rueda, han dejado al sistema en una situación de extrema precariedad.

Feijóo inició su carrera política a principios de los noventa de la mano del exministro de Sanidad José Manuel Romay, quien le nombró secretario xeral de la Consellería de Sanidade de la Xunta en 1991. Había estudiado Derecho en Santiago en la misma época en la que su prima, Eloína Núñez Masid, estudiaba Medicina en esa ciudad, lo que le permitió trabajar amistad con un grupo de futuros galenos algunos de los cuales ocupan hoy puestos de responsabilidad en el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

En aquella consellería de Romay, y bajo una Xunta que ya empezaba a privatizar servicios públicos, el joven Feijóo se hizo un experto en la fontanería de la Administración sanitaria. De paso conoció al narcotraficante Marcial Dorado, a cuyas gasolineras, que surtían de combustible a las planeadores y los camiones que distribuían hachís, tabaco de contrabando y cocaína del narco, su departamento les adjudicaba el suministro de calefacción para los hospitales y para el servicio de ambulancias cuando éste aún estaba en manos públicas.

Casi dos décadas después, en 2009, Feijóo se hizo con la presidencia de la Xunta de Galicia. El Gobierno bipartito del PSOE y el BNG había dejado ese año un presupuesto de 3.719 millones de euros para el Sergas. Pocos meses después Feijóo lo recortó a 3.679 millones para el 2010. Y al año siguiente, a 3.498 millones. Y al siguiente, a 3.482 millones. Y al otro, a 3.372 millones.

En sus primeros cuatro años de mandato, el líder del PP redujo un 8,6% el presupuesto sanitario, una rebaja que se dispara al 16,5% si se tiene en cuenta la depreciación del dinero en ese período y se actualizan las cantidades con las herramientas que ofrece el Instituto Nacional de Estadística. Contando con ese efecto de la inflación, cuando Feijóo dimitió hace un año la Xunta todavía invertía en el sistema de salud menos que en 2009.

"Los recortes en la sanidad pública matan", recordaba el manifiesto que se leyó el pasado domingo tras la manifestación de Santiago de la plataforma SOS Sanidade Pública, que agrupa a asociaciones de sanitarios, pacientes y usuarios, sindicatos partidos y organizaciones civiles. En 2014, el año de menor presupuesto del Sergas de la era Feijóo, seis pacientes de hepatitis C habían muerto después de que la Xunta se negara a financiarles la medicación que les habían recetado sus médicos. Los tratamientos costaban 60.000 euros por persona.

Varios de los jefes de servicio de hospitales públicos que rechazaban aquellos recortes fueron sustituidos al poco de que Feijóo llegara al poder, por otros más dóciles y afines al PP. El Sergas se deshizo de ellos mediante oposiciones amañadas que años después los tribunales anularon y obligaron a reconvocar. Uno de los afectados fue el doctor Evaristo Varo, presidente de Batas Blancas y quien había tratado a los pacientes de hepatitis C y denunciado al Sergas por la vía penal. La oposición amañada del Sergas le dio su plaza a Manuel Bustamante, marido de Rocío Mosquera, la conselleira de Sanidade que había negado los tratamientos en el hospital que hoy dirige Eloína Núñez Masid. Ésta, tras ser concejala del PP en Ourense, fue ascendida por su primo a la gerencia del área sanitaria de esa ciudad, primero, y a la de Santiago, después.

SOS Sanidade llevan años denunciando que la sanidad gallega está en una situación crítica de deterioro y que en atención primaria "está alcanzando un punto de inflexión que puede ser irreversible". Hay centros de salud de comarcas con decenas de miles de habitantes sin la dotación necesaria de profesionales para garantizar atención médica las 24 horas; en los puntos de atención continuada (PAC) se producen muertes de enfermos que no han podido ser atendidos por un facultativo; la consulta telefónica con el médico de cabecera se ha convertido en lo habitual dado que conseguir una cita presencial se puede demorar días y semanas... Como consecuencia, los servicios de urgencias de la mayoría de hospitales se encuentran en una caótica situación de colapso casi permanente.

El mismo día en que centenares de miles de personas se manifestaban en Santiago y en Madrid, Feijóo responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez de la falta de médicos en España Ambas comunidades, como todas, tienen plenamente transferidas desde hace años las competencias en materia sanitaria. Por supuesto, también sobre la contratación de profesionales y sobre las condiciones salariales y laborales que éstos disfrutan o, en su caso, padecen.

En Galicia los recortes de Feijóo provocaron extremos inauditos de precariedad, con facultativos, enfermeros y auxiliares contratados por días e incluso por horas, a los que se les avisaba el día anterior sobre el centro de salud o el hospital que se les asignaba, con remuneraciones a la baja y sin perspectiva alguna de mejora ni desarrollo profesional.

Lejos de confirmar el argumento que responsabiliza al Gobierno de la falta de médicos en las comunidades donde manda el PP, en Galicia los números apuntan a que se debe a los recortes. Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), entre 2009 y 2021 se cerraron más el 8% de las camas de hospital de la comunidad. De las 8.877 plazas totales de personal sanitario y administrativo y de apoyo que había en atención primaria en 2010, se pasó a 8.178 en 2016. Hoy hay menos médicos de familia que en 2015 en atención primaria, donde se ha pasado de los 328 pediatras de cabecera en 2010 a 318 en 2021. Y así.

Pese a que Feijóo, y también Rueda y su conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, afirman que no contrataron ni contratan más médicos porque no los hay, los datos también les desmienten: el número de médicos colegiados en Galicia no ha bajado, sino que ha crecido en los últimos tres lustros: un 13%. Son 12.633, según el IGE, frente a los 11.186 de 2008.

Los colegios profesionales llevan años advirtiendo de que la inestabilidad y la precariedad, unidas a la extrema cargad de trabajo, son en realidad lo que expulsa a los galenos de la sanidad pública gallega. Incluidos los médicos internos y residentes, que cuando concluyen su especialización prefieren emigrar a otras comunidades, a otros países o a la sanidad privada.

Ésta ha ido creciendo en la era Feijóo a medida que se depauperaba la pública, con el desembarco de grandes multinacionales del negocio sanitario como Quirón, Hospitales de Madrid, Vithas y Ribera Salud, vinculadas a fondos de inversión y que en los últimos años se han hecho con toda la red de clínicas y hospitales familiares de la comunidad -sólo queda un centro privado independiente de ellas-.

Convenios con la sanidad privada

Esas multinacionales se benefician de los convenios mediante los que la Xunta les deriva pacientes que deberían ser tratados en los centros del Sergas, para tener una cita con un especialista, hacerse una prueba diagnóstica o someterse a una intervención o a un tratamiento. Incluso los que llegan a urgencias están empezando a ser desviados a clínicas privadas.

Los enfermos que no aceptan ser tratados en ellas deben soportar listas de espera de meses e incluso, a veces, años, tal y como publicó Público el mes pasado. Cuando Feijóo dejó la Xunta en mayo de 2022 había más de 360.000 enfermos esperando en Galicia por una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica. De ellas, 58.000 esperaban más de tres meses; 26.000, más de seis, y 4.400, más de un año.

En algunos hospitales las demoras superan los 240 días para una ecografía de mama, 139 para una intervención de cirugía pediátrica, 155 para una neurocirugía, siete meses por un estudio alergológico, 179 días para una endoscopia digestiva… Y para miles de personas es aún peor, porque esas cifras que facilita el Sergas son sólo una media de todas las esperas, y las hay mucho mayores.

En enero pasado, Feijóo dijo en un mitin que las listas de espera, y en general la pérdida de calidad asistencial, son "la mayor privatización de la sanidad", aunque no dejó claro si está en contra o a favor de esto último. Si se tiene en cuenta el resultado de sus trece años de su gestión, se deduce que sí: los hospitales privados de Galicia representan el 26,5% de la atención especializada y hospitalaria, el 28,5% de las intervenciones con hospitalización, el 40% de las operaciones de cirugía mayor ambulatoria, el 29,8% de las de urgencias, el 20,5% de los ingresos y el 25,8% de las consultas externas.