Katiana Vicens, Ricardo Vercher y Gonzalo Fuentes. Tres nombres, tres comunidades autónomas diferentes, tres historias distintas; pero con un denominador común: pueden acabar en la cárcel por participar en respectivos piquetes durante las huelgas generales del 2012.

Estas son sólo tres caras de la ofensiva contra el derecho de huelga que denuncian los sindicatos, tres de los más de 80 expedientes que se amontonan en los juzgados provinciales, alargados en el tiempo y con los cargos ampliados por la acción de la Fiscalía, que en unos casos ha recurrido sentencias con faltas y, en otros, ha llevado la iniciativa de la acusación por un delito contra los derechos de los trabajadores.  Katiana, Ricardo y Gonzalo, los tres sindicalistas de Comisiones Obreras (CCOO) suman 13 años de prisión que ha solicitado el Ministerio Público.

'Cuando en el juzgado me dijeron que pedían cuatro años y medio de cárcel, mi primer pensamiento fue dejarlo todo. Te acojona. Pero eso es la víscera, lo primero que piensas. Hay que reflexionar y perder el miedo'. Katiana Vicens, de 41 años, se enfrenta a una acusación de la Fiscalía por un delito de coacciones, un delito contra el derecho de los trabajadores tipificado en el artículo 315.3 del Código Penal, que también establece una multa de varios miles de euros, explica durante una concentración contra esta situación en Madrid.

La situación es chocante, porque Vicens en la secretaria general de CCOO Balears, algo que para ella lo explica todo: 'Lo hacen porque soy la secretaria general, pero no me iré, seguiré detrás de la pancarta y seguiré participando en los piquetes, que no son -como quieren hacer creer- grupos organizados que actúan con violencia', decía el martes ante cientos de sindicalistas en una concentración contra la ofensiva penal contra el derecho de huelga que denuncian los sindicatos. En declaraciones a Público, la sindicalista relata el suceso por el que podría ingresar en prisión mientras varios compañeros pasan a saludarla y a darle ánimos en la Plaza de Callao de Madrid.

'Seguiré detrás de la pancarta y seguiré estando con los piquetes'Durante la huelga general del 22 de marzo de 2012, 'hubo un momento de tensión con un chófer de autobús urbano', explica. Ella subió al vehículo, sola, no niega que hubiera gritos ni que el conductor se pusiera nervioso. 'Me impidió entrar del todo para explicar que era una jornada de huelga, hubo tensión, el agente que había en la puerta me sacó del autobús y éste prosiguió su marcha'. A continuación fue identificada, sólo ella de entre las decenas de personas que participaban en el piquete.

Cuando el vehículo prosiguió, Vicens ya estaba abajo. Ella no sabe ni cómo ni cuándo ni quién rompió la luna del autocar, pero eso fue lo que denunció el conductor. 'A partir de la denuncia se convierte en un proceso en el que yo tengo que ser la autora', critica. La rotura introduce un agravante en su proceso, el de daños, lo que implica violencia y, por tanto, un año y medio más de prisión a la pena, en caso de ser condenada. 'El fiscal pide la pena máxima, quieren meternos miedo para que nos quedemos en casa, pero estoy tranquila, yo no he hecho nada y si la Justicia funciona se verán que no hay pruebas de que yo sea la autora'.

La sindicalista insiste en que esta causa penal no va a hacer mella en su labor como representante de los trabajadores, como defensora de sus derechos, por mucho que le acusen de lo contrario. 'No me preocupa ir a la cárcel, me preocupan los seis millones de parados, que se trabaje por 400 euros, que no haya prestaciones por desempleo', asegura. Pero va más lejos: 'Prefiero perder unos días de libertad que  perder para siempre el derecho de huelga'.

'Cuando declaré ante el juez, nunca negué que participara en el piquete. De hecho, me mostró un vídeo en el que se me veía en él, pero nunca se me vio pinchar ninguna rueda'. Ricardo Vercher, de 45 años, es miembro de CCOO y trabaja en el metro de Barcelona. Durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012, recorrió el centro de la ciudad condal junto a sus compañeros para cerciorarse de que no circulara ningún autobús urbano que no tuviera que hacerlo por los servicios mínimos, relata a Público en la misma plaza que Vicens.

'En Vía Laietana encontramos uno y, sin ningún tipo de incidente, hablamos con el conductor, que accedió a retirarse'. Pero horas más tarde, volvieron a encontrarlo. 'Ya hubo más tensión, los compañeros y yo le recriminamos que no secundara el paro, es algo normal cuando hay una huelga general', afirma. Los escenarios de tensión durante una jornada de movilización también están reconocidos y amparados en el derecho de huelga según varias sentencias del Tribunal Constitucional, no así la violencia explícita no los daños.

'Cinco años es desproporcionado, una rueda  cuesta unos 50 euros'Vercher no niega que se pinchara una rueda del autobús, aunque asegura que él no fue y que al piquete se unieron personas que no pertenecían al sindicato. Tampoco critica que haya una sanción para el autor, pero 'el fiscal solicita tres años de prisión por coacciones y otros dos por daños. Es algo desproporcionado teniendo en cuenta que la rueda del autobús no cuesta más de 50 euros', se queja. 'Mi abogado y yo pensamos que todo se saldaría con una multa como mucho, pero el fiscal miente cuando dice que impedimos que se cumplieran con normalidad los servicios mínimos porque, además, ese autobús no cumplía con ellos'. Ahora sólo le queda esperar su vista oral y una sentencia que le sea favorable.

A sus 57 años, Gonzalo Fuentes podría pasar tres años medio entre rejas. Es secretario general de la federación de comercio, hostelería y turismo de CCOO de Andalucía. Su misma suerte puede correr su compañera de sindicato y de federación en Málaga, Dolores Villalva, y todo por un incidente durante la huelga general del 14 de noviembre en el que ni siquiera estuvieron presentes.

'Desde que estuve en la primera huelga en 1985 siempre hemos hecho lo mismo: dar vueltas por el centro de Málaga para informar a los bares abiertos de que es una jornada de huelga en defensa de los derechos de los trabajadores', expone a Público. Pero la de 2012 fue una huelga diferente, al menos en sus consecuencias. 'Había un pub abierto durante la noche y fuimos a hablar con ellos. Nos dijeron que iban a cerrar en cuanto terminase un concierto, así que nos fuimos tranquilamente a otro sitio'. Sin embargo, algo ocurrió con el portero del local y otro miembro del piquete, que acabó detenido por la Policía.

'Es evidente que hay órdenes del Gobierno a la Fiscalía; siempre hubo piquetes''Después de negociar con la Policía, todos los demás nos fuimos, pero el portero denunció al piquete, del que tanto Dolores como yo éramos responsables'. Fuentes pensó que la denuncia sería archivada, pero 'me encontré con la sorpresa cuando declaré ante el juez: pedían tres años y seis meses de prisión para cada uno'. El veterano sindicalista ni siquiera sabe qué ocurrió cuando abandonó el establecimiento, pero próximamente se enfrentará a un juicio por un delito contra los derechos de los trabajadores.

'Pelearé para no ir a la cárcel, pero si tengo que ir por luchar contra esta reforma laboral, iré', asegura convencido, aunque con la esperanza de no tener que pasar por ese trance. 'Es evidente que hay órdenes del Gobierno a la Fiscalía, porque siempre ha habido piquetes y con mucha más tensión que los de la última huelga', explica. 'Parece que la cárcel es la única solución que encuentran para que no podamos pelear contra la reforma laboral', lamenta.