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El Tribunal de Cuentas rechaza ampliar el plazo y los excargos del Govern deben abonar 5,4 millones este miércoles

El Organismo considera "razonable y suficiente" el periodo de 15 días para abonar la fianza. 

Fachada del Tribunal de Cuentas. Foto de archivo.
Fachada del Tribunal de Cuentas. Foto de archivo. Europa Press

El Tribunal de Cuentas ha rechazado ampliar el plazo fijado para este miércoles a los 34 excargos de la Generalitat que deberán abonar la fianza de 5,4 millones de euros que les reclama en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y el Consell de la Diplomacia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat.

A través de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la delegada instructora Esperanza García Moreno ha señalado que el plazo concedido, que es "superior al de diez días hábiles otorgado con carácter general" es "razonable y suficiente para proceder al afianzamiento señalado".

Contra la resolución con fecha 15 de julio cabe recurso ante la Sala de Justicia de este Tribunal a interponer en el plazo de cinco días, contados desde la notificación, sin que ello implique la suspensión de las actuaciones. Según fuentes consultadas, este escrito habría sida notificada este mismo lunes, por lo que el vencimiento se produciría este viernes.

La instructora del órgano fiscalizador dio un plazo de 15 días hábiles a las defensas de los excargos --entre los que se incluyen el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras-- para depositar la fianza, impuesta para que puedan hacer frente a las responsabilidades contables a las que pudieran ser finalmente condenados.

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes.

Iniciativa de la Generalitat 

En el marco del plazo dictado, la Generalitat aprobó un decreto ley para crear un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros que será gestionado por el Instituto Catalán de Finances (ICF).

La intención, según reconocieron públicamente altos cargos del Govern, es que la Administración catalana actúe como contraaval del aval que presente una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos de la Administración catalana, como es el caso de la caución que reclama el Tribunal de Cuentas.

Fuentes del órgano fiscalizador consultadas por Europa Press insistieron en que corresponderá a la instructora decidir si prospera o no la estrategia de la Generalitat, que figura como perjudicada en el acta de liquidación provisional aunque desde el Govern no coincidan con ello.

Recursos contra la fianza 

Mientras avanzaba el plazo, llegó al órgano fiscalizador el recurso presentado por la defensa de Puigdemont contra la fianza reclamada. En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, pidió que se anulara la caución al considerar que "tiene reconocida inmunidad como europarlamentario" que "alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas".

Añadió que, en el caso de que no fuesen acogidas sus pretensiones, se ampliara el tiempo otorgado para el pago de la fianza y que se aclarara cómo la instructora había llegado a determinar el importe.

En este procedimiento también consta el recurso interpuesto por la defensa del expresidente catalán Artur Mas, quien alegó indefensión por una "irregular" tramitación de diligencias, pidió anular la liquidación provisional hasta que se resolviese su petición y reclamó suspender el plazo para abonar la fianza.

5,4 millones entre 34

Según el acta de liquidación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 excargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern.

La mayor suma se le atribuye al exsecretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la exinterventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el expresidente Artur Mas por 2,8 millones; y el exconseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras --también beneficiado por la medida de gracia-- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.

Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deberán responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.

Plazo para demandas 

Una vez que se hayan abonado las fianzas y resuelto los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada -en este caso la Generalitat-- y las demás acusaciones --Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes-- para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.

Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal, por el mismo plazo, para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.

Una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante --quien fuera ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar--, al que por turno le correspondió este asunto.

La mayoría de los encausados se acoge al fondo del Govern

Un total de 31 de los 34 exaltos cargos del Govern a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas de 5,4 millones de euros por la promoción del procés en el exterior, entre ellos Artur Mas, Oriol Junqueras o Carles Puigdemont, se han acogido al fondo creado por el Govern para avalar esas sumas. 

Según han informado fuentes jurídicas, con la excepción de algunos cargos a quienes se reclamaban cantidades más asumibles -quienes han optado por avalar las fianzas con su patrimonio-, la gran mayoría de los implicados en el proceso abierto por el Tribunal de Cuentas han solicitado al Institut Català de Finances (ICF) poder acogerse al fondo creado por la Generalitat. 

El llamado Fondo Complementario de Riesgos fue creado por el Govern a principios de este mes, para asegurar las fianzas impuestas a 34 exaltos cargos de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont por promocionar el referéndum del 1-O en el extranjero, principalmente a través de las actividades del Diplocat. 

La semana pasada, el Govern acordó transferir 10 millones de euros a dicho fondo, procedentes de fondos extraordinarios de diversos departamentos, para "dar cobertura a servidores públicos" en aquellos procesos judiciales o administrativos en que se vean envueltos por actuaciones en el ejercicio de sus funciones.

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