El Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable inicial que se reclama al expresident de la Generalitat que permanece en Bélgica Carles Puigdemont, al expresident Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 excargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat.

Según este documento, de este importe total 5.151.156 euros corresponden al principal y 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación fijado para este martes.

Se les reclaman a cada uno cantidades individuales, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria, según fuentes del órgano contable consultadas. Todas ellas se sumarán a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.

Gastos detallados en el informe

Así, figuran 317.790 euros por viajes al exterior del expresidente Puigdemont y sus consellers, así como 27.189 euros por actividades relacionadas con el proceso de autodeterminación, más 3.863 euros de un "encuentro de delegados" y 21.175 euros por el concepto "contratos".

Por uso de locales en el extranjero de Diplocat se incluyen 3.222 euros, así como gestiones relacionadas con el "procés" en numerosos países de la Unión Europea, así como en el Reino Unido y EE.UU. Francia, Ginebra (Suiza), Polonia Alemania, que suman cantidades que oscilan entre los 32.844 euros y los 261.581 euros.

Se reseñan igualmente contratos de las delegaciones de Diplocat en EE.UU., por 92.843 euros, en Ginebra y ante la UE por 123.500 euros y de su personal en el exterior y ante la UE por 127.813 euros.

En el capítulo de actividades de promoción del proceso soberanista se consignan actividades parlamentarias, académicas, culturales y deportivas que ascienden a 451.487 euros, así como 152.578 dedicados a debates europeos y "observación electoral".

Se consigna como uno de los capítulos más abultados el de un contrato con la empresa Diplomat, por valor de 1.392.300 euros y otro que acumula 932.125 euros que agrupa "visitas internacionales a líderes de opinión" junto a "visitas internacionales a periodistas", "análisis y prospectiva", "comunicación" y "promoción en red".

Por la demanda presentada por dos trabajadores de una oficina cerrada en Lleida se reseñan 80.232 euros, y por la plaza del jefe de la oficina de prensa, otros 134.286, a los que se añaden 17.154 del contrato de arrendamiento de Diplomat en Bruselas y varios contratos de servicios del Patronato Cataluña Mundo por 6.061 euros y 44.970 euros.

Las "ayudas a la federación de organizaciones catalanas internacionalmente reconocidas" supusieron, siempre según el Tribunal de Cuentas, 422.056 euros hasta sumar todo el expediente 5.151.156 euros de principal, que con los intereses alcanza los 5.422.879 euros.

Tres horas para leer más de 500 páginas

Durante el trámite de este martes, a los abogados de los afectados se les ha entregado un documento de 504 páginas que tendrán 3 horas para leer, tras lo cual cada uno de ellos tendrá unos 10 minutos para alegar 'in voce' con independencia de a cuántas personas representen lo que es tildado de "procedimiento arbitrario" por alguna de las defensas.

En concreto, a Puigdemont se le reclaman casi dos millones de euros. El expresident catalán ha reprochado que su abogado tenga tres horas para leer el informe y 10 minutos para hacer las alegaciones: "Franquismo de fondo y de forma". Así lo ha dejado escrito en un tuit este martes:  "Ahora mismo, Gonzalo Boye tiene solo tres horas para leer 504 páginas del informe de la inquisición española llamada Tribunal de Cuentas, y después solo tendrá 10 minutos para hacer las alegaciones, independientemente del número de personas a quien defienda. Franquismo de fondo y de forma", ha afirmado.

Los abogados lo tachan de "tomadura de pelo"

Precisamente, Carlos Boye ha sido el el primero en llegar a la sede de la calle Torrelaguna, 79, en Madrid. "Me parece una tomadura de pelo todo este procedimiento", ha dicho en declaraciones a la prensa para luego insistir en que, tras conocer la información que le será facilitada por el órgano, alegrará la "indefensión" ante la que dicen encontrarse.

En este sentido ha denunciado la "falta de solvencia técnica" del informe y ha asegurado que el Tribunal de Cuentas está asumiendo "unas competencias que no tiene, como es la derogación implícita del Estatuto de Catalunya, por la vía de coartar la acción exterior de Catalunya, que está contemplada expresamente en el Estatuto después de la sentencia del Constitucional".

Francesc Homs es otro de los letrados en el procedimiento. Quien fuera portavoz del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) en el Congreso de los Diputados inhabilitado por el Tribunal Supremo por apoyar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, también ha reprochado que los abogados se enteraran de la cifra que les reclama el tribunal a través de la prensa, en referencia a los 5,4 millones que según publicó El País tendrán que abonar. Una vez notificado el expediente de liquidación los responsables tendrán un plazo de 15 días para abonar el dinero.

En el acto están presentes tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, además de los representantes legales de la Generalitat, de Diplocat, de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y de "Sociedad Civil Catalana, estos dos últimos personados como acción pública.

El Tribunal de Cuentas se ha convertido en estos días en el centro del debate en torno a Catalunya después de los indultos concedidos por el Gobierno a los nueve condenados por el 'procés'. El informe que acaba de hacer público ha sido objeto de cruces de declaraciones entre los diferentes partidos políticos. De fondo también surge la renovación de sus cargos, cuyo mandato expira el próximo 29 de julio. Una renovación que, según informaba este lunes El País, está bloqueada por la negativa del PP a sentarse a negociar con el PSOE.