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Oriol Junqueras El Tribunal Supremo cita a Junqueras el 4 de enero para estudiar si le saca de prisión

La vista del recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Supremo se celebrará a las 10.30 horas de la fecha indicada. El tribunal expresa en la providencia su disposición de que "esté presente el recurrente", es decir Junqueras.

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Oriol Junqueras a su llegada a la Audiencia Nacional. - REUTERS

El candidato electo de ERC, Oriol Junqueras, comparecerá el próximo 4 de enero en el Tribunal Supremo en una vista en la que se analizará el recurso que su defensa ha interpuesto contra su ingreso en prisión provisional ordenado por el juez Pablo Llarena en la causa abierta por rebelión, sedición y malversación.

Este recurso será resuelto en la Sala de lo Penal por un tribunal formada por los magistrados Miguel Colmenero –presidente y ponente- , Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde.

La Sala ha acordado que el propio Junqueras asista a la vista, con el fin de garantizar el llamado principio de inmediación que debe regir en todo proceso penal y que consiste en que exista vinculación personal entre el juzgador, las partes y las pruebas (que todos los acusados deben recibir de manera directa, inmediata y simultánea). Es una exigencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que los investigados planean acudir cuando se agote la vía judicial en España.

Junqueras, cabeza de lista por ERC, está en prisión provisional desde el pasado 4 de diciembre y tiene derecho a concurrir a las elecciones y a retirar su acta de diputado (sufragio pasivo) ya que no ha sido condenado.

El vicepresidente de la Generalitat cesado alegó en su recurso que su encarcelamiento vulnera su derecho a la participación política en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, que el Govern no emprendió ningún acto ejecutivo desde su cese –el 27 de octubre, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución- y que no existe el riesgo de reiteración delictiva porque ya no ejercía el cargo público.

El Tribunal Supremo tiene la intención de celebrar un juicio rápido, no más tarde del verano.

Para ello, el instructor del caso, Pablo Llarena, ha acordado ampliar la investigación abierta en relación con el proceso independentista de Catalunya a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boyá, a su portavoz, Anna Gabriel, al presidente del PDeCat, Artur Mas, a su coordinadora general, Marta Pascal, y a la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia ( AMI), Neus Lloveras i Massana.

El informe de la Guardia Civil remitido al magistrado apunta a que el procés que culminó con la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre se ha desarrollado con la dirección y coordinación de un conjunto de personas entre los que se encontrarían todos los citados ahora por el juez.

Participaron, según la investigación, en algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para “idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga, tal y como se recoge en la agenda intervenida con ocasión del registro practicado en el domicilio" de Josep María Jové, número dos de Junqueras, a quien se le intervino el documento ‘Enfocats’ que está siendo clave en esta investigación.

Pide que se impute a Trapero en la causa del 'procés'

Al mismo tiempo, la Fiscalía ha pedido que sea el Supremo el que finalmente investigue a Josep Lluís Trapero, Mayor de los Mossos d’Esquadra cuando se celebró el referéndum independentista del 1 de octubre.

Además, solicita que se acumule también en el Supremo la parte de la investigación que afecta al propio Jové, quien era secretario general de la Presidencia de la Generalitat.

El ministerio público entiende que existe conexión del caso que se investiga en el Supremo con la parte que afecta a Trapero y LLové, que hasta ahora son investigados en la Audiencia Nacional. Una conexión procesal que es “absolutamente inexcusable” por su presunta participación en el núcleo central del proceso independentista.

Además, pide que el Supremo reclame todas las diligencias que se practicaron en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya con motivo del referéndum, así como sobre la presunta utilización de fondos públicos para esta convocatoria. Y que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona –que investiga la creación de un censo electoral desde 2016- aporte las intervenciones telefónicas que autorizó y el material informático incautado.

También requiere un informe de los Mossos sobre la entrega el 1 de Octubre a sus agentes de teléfonos móviles y que explique cómo procedieron en otras elecciones y los motivos por los que no emplearon los canales habituales.

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