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Catalá justifica que no haya indemnización a una víctima de violencia machista 

El ministro de Justicia hace caso omiso a la petición de la ONU en este caso y considera que "no ha quedado acreditado" el "mal funcionamiento de la Justicia".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.- Emilio Naranjo (EFE)

EFE

MADRID.- El Ministerio de Justicia ha negado este martes la indemnización a una víctima de violencia machista cuya hija de 7 años fue asesinada por el padre en 2003 en una visita sin supervisión, un caso que llegó a la ONU, organismo que pidió "una indemnización integral y proporcional" a la gravedad de los hechos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha justificado el rechazo de la indemnización al considerar que "no ha quedado acreditado" el "mal funcionamiento de la Justicia". "Insisto en que el fondo de la cuestión es una desgracia, es muy lamentable, toda nuestra solidaridad con ese caso" pero ha insistido en que "formalmente, lo que no podemos hacer es generar una responsabilidad patrimonial cuando no hay concurrencia de los requisitos suficientes", ha añadido el ministro.

El PSOE, por su parte, ya ha criticado la postura del ministro de Justicia y a su actuación por transmitir un mensaje "demoledor" para las víctimas y "de abandono y desprotección" para sus hijos. "La posición del Gobierno del PP ha sido un mensaje demoledor para las víctimas de violencia y las madres que buscan ayuda en la justicia, un mensaje de abandono y desprotección para sus hijos e hijas", ha afirmado la portavoz de Igualdad socialista, Ángeles Álvarez.

También ha destacado que el informe de la ONU ha puesto de manifiesto "una sistemática de errores que tuvo consecuencias fatales" y ha indicado que el Gobierno debería haber sacado conclusiones del "cúmulo de errores" que llevaron a la muerte de la hija de Ángela González.

La madre de la menor, estuvo más de diez años pleiteando en varios tribunales de justicia sin éxito, tras haber denunciado en más de treinta ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían y solicitado medidas de protección para ambas, que no le fueron concedidas.

Fue la organización Women's Link Worldwide la que se presentó una demanda en septiembre de 2012 en nombre de Ángela González ante Naciones Unidas que, tras estudiar el caso, concluyó que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la niña por el maltratador y reprobó al Estado español por no haberlas protegido, no castigar al agresor y no investigar ni indemnizar a la mujer por los daños causados.

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