"Es por todo ello que se considera necesario profundizar en la investigación de estos hechos de forma separada e independiente de la investigación que ha permitido hacerlos aflorar". Esta es la conclusión del informe con el que la Unitat Central d'Anticorrupció de la Generalitat alertó de sus sospechas al Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona. Lo hizo cinco meses después de registrar las dos sedes de Messer Ibérica de Gases, una de las cinco gasistas investigadas por pagar supuestas comisiones al despacho que fundó Cristóbal Montoro a cambio de reformas legislativas favorables a sus intereses. 

La trama empezó a asomar la cabeza este miércoles, tras siete años de pesquisas en secreto y sin el respaldo de Anticorrupción. Todo empezó en 2018. El juez instructor investigaba entonces la construcción de una planta de Messer Ibérica de Gases en el Ayuntamiento de Morell (Tarragona). El caso dio un giro radical cuando los Mossos encontraron una serie de correos electrónicos en los que los directivos de esta y otras empresas del sector hablaban de su estrategia para conseguir rebajas fiscales en el impuesto eléctrico, entonces en vías de tramitación. Los mismos altos cargos coincidían al señalar a dónde tenían que acudir para asegurar la satisfacción inmediata de sus pretensiones. "La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro", consta en uno de los mensajes que se citan en el informe policial, al que ha tenido acceso Público. 

Un operativo de la policía catalana entró en las sedes de Messer Ibérica de Gases el 9 de noviembre de 2017. Los agentes incautaron varias comunicaciones por e-mail del director técnico de la firma con otros compañeros del sector e incluso con representantes de asesorías externas, todas del último trimestre de 2013. "En ellas se dejaba entrever el propósito de algunas empresas (...) de organizarse como grupo de presión para conseguir unos beneficios fiscales, mediante la rebaja del impuesto eléctrico, a través de la oportuna modificación legislativa", recoge en su informe la Unitat Central d'Anticorrupció. 

Las gasistas se dieron cuenta a principios de septiembre de 2013 de que "no se las iba a incluir entre aquellas [empresas] que podrían beneficiarse" de la bonificación del 85% en el Impuesto Eléctrico que iba a tramitarse "en muy breve plazo". Lo intentaron remediar con "sendas propuestas de mejora" a una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, aunque no lograron su objetivo. La reforma en cuestión buscaba adaptar la normativa española a la propuesta en la que "trabajaba el Consejo de la Unión Europea en aquel momento", una propuesta que "contemplaba la necesidad de eliminar la exención impositiva a las empresas cuyo consumo eléctrico representase más del 50% del coste del producto" –como es el caso de las implicadas– para reducir las emisiones y cumplir así con el Protocolo de Kioto. 

La reunión en la que acuerdan un despacho próximo a Hacienda

Los directivos de las distintas empresas se reunieron en octubre del mismo año para definir el plan con el que "intentar conseguir una rebaja del 85% del impuesto eléctrico", tal y como consta en otro de los correos interceptados. "La estrategia definida en la conference call (...) fue la de contratar un gabinete económico que tuviese acceso al Ministerio de Hacienda para conseguir esta reducción impositiva", le confirma uno de los altos cargos de Messer Ibérica de Gases al director general de la firma. Este último le expresa sus dudas al respecto y pide "aclarar unos temas antes de dar el ok", pero su subordinado lo tranquiliza: "Utilizando mi cargo de presidente de la comisión de energía de AEQT [Asociación de Empresas Químicas de Tarragona] he contactado con parlamentarios catalanes para que defiendan en Madrid esta discriminación contra nuestro sector, pero esto llevará tiempo. La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro". 

Los costes de contratación del despacho "se estimaban en un fijo de 90.000 euros y un success fee de 180.000 más, en caso de éxito en el primer año de la reducción fiscal" para las empresas integradas en el lobby gasista, tal y como refleja el informe de los Mossos. "Estos importes se atenderían según una estructura de reparto a tres niveles (posiblemente establecida en función del peso de las diferentes entidades)", continúa el mismo escrito. Las empresas recurrieron además "de forma paralela" a la consultora Ernst&Young (EY) para que hiciese los retoques técnicos necesarios con los que "ocultar" la "falta de consistencia" de los informes elaborados por el despacho de Montoro. Eso sí, pagaron por estos servicios una cantidad notablemente inferior, algo que constatan tanto el operativo policial como la instrucción del juez.

El 'lobby' gasista se salió con la suya

Messer Ibérica de Gases y las otras cuatro compañías del sector que contactaron con Equipo Económico se acabaron saliendo con la suya. Al poco tiempo de contratar sus servicios, consiguieron que se registrara "una modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales que, además de beneficiar claramente el tipo de industrias asociadas" al lobby, venía a "contravenir el espíritu" de la Propuesta de Directiva de la Unión Europea. La Unitat Central d'Anticorrupció también repara en "la circunstancia" de que, tan solo un año antes de esta reforma, "se había operado otra modificación" del mismo reglamento en la dirección opuesta, es decir, en la línea de lo que recomendaba Bruselas, descartando entonces "la posibilidad de que este tipo de empresas se beneficiasen de la aludida exención impositiva". 

Los agentes advierten además de la diferencia abismal que existe entre el coste y las condiciones de los servicios de Ernst&Young y Equipo Económico. La primera compañía presentó una propuesta "completa, concreta y detallada, con una cuidadosa descripción de las prestaciones y las condiciones generales de contratación", mientras que la segunda, la vinculada a Montoro, envió un correo electrónico que "carecía de definición en cuanto al objetivo perseguido" y "no explicaba el detalle de los aspectos que determinaron los honorarios fijados". Es por esto que los Mossos consideran que "Messer contrató a Equipo Económico por las relaciones" que sus miembros "mantenían con altos cargos de la Administración del Estado (...), situación que los situaba en una posición privilegiada para interceder con el Gobierno de la nación en defensa de los intereses de las empresas del sector".  

En el mismo informe, los agentes le recuerdan al juez instructor que "las personas que, desde su constitución, han formado parte del cuadro directivo de Equipo Económico han ocupado diferentes cargos de responsabilidad en la Administración Pública", cosa que hace "muy probable" que la reforma legislativa conseguida "fuese consecuencia directa" de la intermediación del despacho con el Gobierno de Mariano Rajoy. El texto que motivó la reforma, de hecho, lo presentaron los populares en el Congreso un 6 de agosto, es decir, fuera de los períodos ordinarios de sesiones y con buena parte de la cámara de vacaciones. Este cúmulo de hallazgos llevó al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona a seguir adelante con la causa y finalmente imputar tanto al exministro Montoro, que dice ser inocente, como a otros 28 directivos y altos cargos de Hacienda durante los últimos gobiernos del Partido Popular.