La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), es decir, todas las asociaciones judiciales y fiscales salvo las dos abiertamente progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), han emprendido una campaña muy intensa en contra del proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, impulsado por el Gobierno. 

Advierten de que esta reforma "afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial". Pero qué hay de cierto es esta grave acusación. 

Este proyecto legislativo, que ya está en la fase de tramitación parlamentaria, concita las iras de la mayoría de las asociaciones judiciales y fiscales, como en su día ocurrió con la ley de amnistía. El texto del Gobierno, que incorpora recomendaciones emitidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado, supone una reforma de calado respecto a la manera de acceso a las carreras judicial y fiscal.

Oposiciones con prueba escrita

Este sector de la judicatura arremete contra la reforma porque dice, entre otras cosas, que implica cambiar el sistema de oposiciones para ingresar en las carreras judicial y fiscal, al que defiende a ultranza. Pero el sistema no cambia, es decir, se mantiene la prueba memorística de 'cantar' los temas, y se añade una prueba escrita, un dictamen, para valorar la expresión escrita de los candidatos y sus razonamientos jurídicos. La misma prueba que se exige en las oposiciones del Notariado, para registradores o para la Abogacía del Estado, por ejemplo, indican fuentes jurídicas.

Además, para incidir en una mayor subjetividad, dicen fuentes ministeriales, la prueba escrita será anónima y por primera vez se grabarán los ejercicios orales para aumentar la transparencia del proceso.

"Colar jueces sanchistas"

Otra de las quejas de las asociaciones conservadoras se dirige contra el proceso de regularización extraordinario para los jueces sustitutos, magistrados suplentes y fiscales interinos. Son 954 juezas y jueces sustitutos, siendo el 80% mujeres, de los que en estos momentos están trabajando, es decir, dictando sentencias, 669. En cuanto a los fiscales interinos, son 331. Esta modalidad de profesionales de la judicatura y de la fiscalía que trabajan supliendo las carencias en los juzgados, sustituyendo a jueces de carrera en situación de baja laboral, por ejemplo, constituye una anomalía de precariedad y temporalidad en el sector público, algo que la Unión Europea no admite e insta al Gobierno español a resolver. 

Fuentes del Ministerio de Justicia explican a este diario que el proceso de regularización será "extraordinario y único", es decir, solo habrá una oportunidad para que juezas y jueces suplentes, muchos de los cuales llevan dos décadas dictando sentencia puedan entrar en la carrera judicial, mediante un concurso oposición, en el que "nadie tiene la plaza asegurada". 

En su afán de dar respuesta acorde a lo que pide la Comisión Europea a España, y siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el Gobierno plantea que estos profesionales puedan presentarse a ese proceso selectivo teniendo cinco años de antigüedad como jueces sustitutos, algo que también se le critica. 

'Mil y una togas'

Determinados perfiles en redes sociales pertenecientes a la derecha judicial opinan que este proceso supone la entrada a la carrera judicial de "jueces sanchistas". Desde el ministerio de Bolaños se insiste en que estos jueces y juezas llevan muchos años ejerciendo y en que no son nombrados a dedo. En efecto, son los propios tribunales superiores de justicia quienes los selecciona y luego los nombra el CGPJ; en ningún caso, el Gobierno. 

Pero los detractores de la iniciativa legislativa se empeñan en denostarla a base de lo que no parecen otra cosa que bulos. Un comunicado firmado por una plataforma de jueces en 'whatsapp' bautizada como las 'Mil y una togas' publicó hace unos días en redes sociales un manifiesto en que afirma que el Gobierno "enchufará a miles de jueces sin haber pasado una oposición en condiciones". Sobre la becas SERE, para opositores a la carrera judicial y fiscal con dificultades económicas, dicho grupo dice sin prueba alguna que son "una estafa" y "un soborno".

La agenda de la derecha judicial

Pese a que muchas de las medidas obedecen, como las anteriormente descritas, a la exigencias de Europa, la derecha judicial sostiene que atentan contra el Estado de derecho y la independencia judicial. En esta línea, este mismo martes, el grupo 'Pacto de profesionales en defensa del Estado de Derecho' ha dado una rueda de prensa en la Biblioteca de la Audiencia Provincial de Sevilla donde la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha leído un manifiesto en "defensa del Estado de derecho, la independencia y la profesionalización de la Administración Pública". El 'Pacto de Profesionales en defensa del Estado de Derecho' se constituyó el año pasado en contra de la tramitación de la ley de amnistía.

Ahora, dicho movimiento se reactiva para sumar apoyos a la campaña de las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras, que este martes han arrancado su agenda para recabar el máximo de adhesiones posibles de todos los operadores jurídicos de cara a paralizar las reformas del Gobierno en materia de justicia. 

Así, este martes se han reunido con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Seguirán reuniones el miércoles y viernes próximos con las juntas directivas del Consejo General de Procuradores de España (CGPE) y de la Asociación de Abogados del Estado. La siguiente semana, las citas serán con el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia y Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ y UPSJ) y con el Consejo General de Graduados Sociales de España.

Un paro y amenaza de huelga

Tras la acción prevista para el día 11, en el que jueces y fiscales están llamados a parar diez minutos frente a las entradas de las sedes judiciales, la derecha judicial anuncia que "intensificaremos nuestra interlocución con los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, con la finalidad de trasladar directamente nuestra posición y reiterar la necesidad de retirar los proyectos de reforma en curso, abriendo un proceso participativo". Y advierten: "Todo ello, sin descartar en ningún caso la adopción de nuevas medidas colectivas, incluida expresamente la convocatoria de huelga, si resultaran necesarias para la consecución de estos fines".

Contra el cuarto turno

Otra de sus quejas pone el foco en el cuarto turno judicial, un sistema de entrada en la carrera judicial para juristas de reconocido prestigio con 10 años de trayectoria, que data de 1985. La reforma insiste en hacer cumplir la normativa que ya reserva el 25% de las plazas para este turno, pero que en la práctica solo supone el 7,2% de toda la carrera judicial. Para hacer cumplir este requisito, el Gobierno quiere convocar las oposiciones del  turno libre a la vez que las del cuarto turno, que por primera vez habrá también para la carrera fiscal. 

Nuevo frente en Europa

Las asociaciones judiciales conservadoras tratan de internacionalizar su campaña. "Hemos remitido comunicaciones formales —acompañadas de nuestros informes técnicos— a las principales instituciones europeas con competencia en la materia: GRECO, Comisión de Venecia, Comisión Europea y Parlamento Europeo. En ellas solicitábamos la evaluación del impacto de las reformas propuestas en la independencia judicial y la separación de poderes". 

Además, desde el Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) se expresa la "preocupación ante el rumbo que está adoptando España. La combinación de reforma legislativa regresiva y presión política directa configura un escenario de intromisión institucional que afecta a los pilares del Estado de Derecho", consta en un pronunciamiento público de la asamblea anual de esta entidad desde Ecuador.