BILBAO.- La Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha acordado el archivo de las diligencias abiertas contra el alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), tras la denuncia que presentó SOS Racismo contra él por un supuesto delito de provocación a la discriminación.

Según ha informado hoy en una nota el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, la Fiscalía entiende que "las declaraciones de Maroto que motivaron la denuncia fueron realizadas por éste como miembro electo del Parlamento Vasco en el ejercicio de su libertad de expresión", así como en el de "la libertad ideológica".

SOS Racismo denunció a Javier Maroto ante la Fiscalía por un supuesto delito de "incitación al odio" y contra los derechos de los extranjeros. La organización sin ánimo de lucro interpuso la denuncia contra el alcalde vitoriano después de que éste manifestara el pasado 16 de julio en una entrevista radiofónica que muchos inmigrantes "viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse", y tachara de "escandaloso" el caso de ciudadanos de origen argelino y marroquí que residen en Vitoria.

La Fiscalía ha acordado el archivo de las diligencias al entender que tales declaraciones fueron efectuadas por Maroto "en el ejercicio de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y a participar en los asuntos públicos".

Asimismo, en las diligencias de investigación sobre este asunto se señala que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resaltado que los límites a la libertad de expresión han de ser interpretados de manera restrictiva, incluso cuando se trata de ideas que "ofenden, escandalizan o molestan".

Según se indica en las diligencias, esto ha de aplicarse "de manera particularmente rigurosa a las opiniones relativas a temas de interés general: cuanto mayor es la importancia del asunto que se discute, más amplia ha de ser la protección de la libertad de expresión y más estricta la interpretación de las limitaciones que es legítimo imponerle".

"Los inmigrantes viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse", aseguró Maroto

La Fiscalía recuerda que la libertad de expresión es un derecho fundamental e indica que en la colisión que a veces se da entre, por un lado, la libertad de expresión y la participación política y, por otro, las obligaciones derivadas de la legalidad penal, "hay que acreditar con suficiente claridad los perfiles de tipicidad e ilicitud de la conducta enjuiciada para poder incoar acciones penales".

Hace referencia, en este sentido, a lo establecido en una sentencia del Tribunal Supremo en mayo de 2013. En ella, el alto tribunal señala que "en un Estado de Derecho regido por el principio de legalidad, la conveniencia o el deseo de erradicar determinadas conductas no permite prescindir del respeto de los derechos humanos fundamentales que la Constitución garantiza, por lo que resulta necesario, en todo caso, evitar la aplicación extensiva de la persecución criminal por la vía de forzar la interpretación de los tipos penales".

En las diligencias, también se recuerda que este asunto se derivó al Servicio de Mediación Intrajudicial de Álava, aunque "no pudo llevarse a término".

Tras su archivo, SOS Racismo puede reiterar su denuncia ante el órgano judicial competente.