El Gobierno remite al Congreso la reforma de acceso a las carreras judicial y fiscal que critica la derecha judicial
El Proyecto de Ley de Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal modificará el sistema de oposiciones, agilizará el 'cuarto turno' de acceso a los juristas y prevé la estabilización de juezas y jueces sustitutos y fiscales interinos.

-Actualizado a
El Consejo de Ministros aprueba este martes el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que pasa ahora a tramitación parlamentaria. El texto, que incorpora recomendaciones emitidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado, que se pronunció el pasado viernes, supone una reforma de calado respecto a la manera de acceso a las carreras judicial y fiscal.
La reforma representa un cambio de modelo en el acceso a la Judicatura y la Fiscalía, orientado a garantizar la igualdad de oportunidades y "a atraer talento con independencia del origen económico o geográfico, con el fin de que el acceso se produzca exclusivamente por mérito y capacidad, según mandata la Constitución", manifestó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado mes de enero cuando presentó la reforma.
Entre otras cosas, la norma blinda las becas SERÉ, destinadas a aquellas personas que quieran opositar a los principales cuerpos del Poder Judicial y la Administración de Justicia, estableciendo que deberán tener cuantía mínima equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y una duración de hasta cuatro años.
La reforma plantea una modificación sustancial en cuanto a la forma de acceso de los nuevos jueces, reformando las oposiciones a la carrera judicial y a la fiscal, donde no se valorará solo la capacidad memorística y habrá un ejercicio práctico; y facilitando el acceso por el 'cuarto turno', es decir, la entrada de jurista de reconocida competencia, con más de una década de ejercicio profesional. Este aspecto ha soliviantado a la mayoría de las asociaciones judiciales y fiscales y al propio CGPJ, cuya presidenta, Isabel Perelló, pese a haber sido afiliada de la progresista Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, evidenció su malestar por la propuesta de Bolaños de agilizar el 'cuarto turno'.
Además, la norma prevé la estabilización de jueces y juezas sustitutos y fiscales interinos, al regular un proceso extraordinario, cumpliendo así con los requerimientos de la Comisión Europea.
El Consejo de Estado avala el proyecto, mientras que el CGPJ lo criticó levemente, en especial la regularización de los jueces sustitutos. Un aspecto en el que coincide con la opinión expresada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y de sensibilidad conservadora.
Transparencia en los preparadores
El proyecto de ley prevé que el Centro de Estudios Jurídicos asuma una nueva función, como red pública de preparación de oposiciones con implantación territorial, lo que contribuirá a "una mayor homogeneidad formativa". Y en relación con las pruebas de acceso, introduce un ejercicio práctico escrito, en sustitución de una de las pruebas orales existentes en la actualidad, y las anonimiza para asegurar la igualdad de oportunidades de los candidatos.
Además, persiguiendo una mayor transparencia en el proceso, el CGPJ deberá conceder la compatibilidad para que jueces y magistrados puedan preparar opositores y gestionará un registro público de estos preparadores.
Satisfacción de JJpD
La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha celebrado los cambios que supone este reforma y ha mostrado su satisfacción por "la aceptación de las sugerencias de esta asociación en cuanto a la supresión de la previsión inicial de traslado forzoso de juezas y jueces tras ascender de categoría y la fase de sustitución y refuerzo en la Escuela Judicial" consta en un comunicado.
Según el portavoz de JJpD, Edmundo Rodríguez, son positivos los cambios que contiene el proyecto de ley al elevar el rango normativo de la regulación de becas para la carrera judicial y fiscal, "evitando que puedan suprimirse por el gobierno de turno, como sucedió en anteriores legislativas" y "garantizando sean suficientes al disponerse legalmente que al menos equivaldrá al Salario Mínimo Interprofesional", lo que a su juicio constituye una herramienta para garantizar igualdad de oportunidades de quienes pertenecen a familias con menos recursos.
Comentarios de nuestros socias/os
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.