Los juzgados españoles concluyeron en 2017 un total de 97 procedimientos por corrupción, en los que se dictó juicio oral o procesamiento contra 411 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así se desprende del repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción que elabora el órgano de gobierno de los jueces, que se ha dado a conocer este lunes tras incorporar los datos correspondientes al último trimestre de 2017.

De los 97 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 20 corresponden a los últimos tres meses de 2017. La Audiencia Nacional terminó la investigación de cuatro causas y la comunidad autónoma que más instrucciones concluyó fue Andalucía (22), seguida de Canarias y Cataluña (11), según estos datos.

De todas estas causas, los jueces y juezas españolas dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 411 personas, de las cuales 97 de ellas fueron sentadas en el banquillo de los acusados en el último trimestre.

Se dictaron 126 sentencias

Por otro lado, el repositorio informa de que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, juzgados y tribunales dictaron 126 sentencias en procedimientos por corrupción, de los que 93 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8 por ciento del total.

En el último trimestre de 2017 fueron notificadas 26 sentencias, de las cuáles 18 resultaron condenatorias. Según los datos publicados, de estas resoluciones solo ocho de ellas fueron dictadas contemplando una conformidad alcanzada por las partes.

El repositorio es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción mediante la actualización trimestral de la información sobre sus principales indicadores: personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, entre otros.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística y administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.