"El Ministerio de Justicia no aceptó ninguna de nuestras propuestas, sin ofrecer alternativas ni mostrar apertura al diálogo, llegando a plantear dudas sobre el derecho a la huelga de jueces y fiscales que se ha venido consolidando y reconociendo en los últimos años". Este es el comunicado con el que las cinco asociaciones convocantes han confirmado que mantienen la huelga prevista para los días 1, 2 y 3 de julio. Los motivos que refieren para secundar los paros no son otros que la "falta de diálogo" y su "absoluta disconformidad" con las reformas judiciales que plantea el Gobierno. Las organizaciones progresistas son las dos únicas que no han llamado a la huelga. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha remarcado este jueves que la convocatoria no tiene base legal y que el derecho a la huelga en el seno de la judicatura "carece de soporte normativo". El órgano ha descartado imponer servicios mínimos y considera que la medida no debería afectar a aspectos relevantes del funcionamiento de los tribunales. "La valoración que han hecho es la de siempre, [los magistrados] dicen que la huelga no está regulada en el ordenamiento jurídico, pero tampoco está prohibida. Los servicios mínimos de la judicatura son amplios y no creo que los paros puedan suponer un colapso más allá de los casos menores del día a día", advierte Alejandro González, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), una de las organizaciones convocantes.

La de la próxima semana sería la sexta huelga de jueces y fiscales en lo que va de democracia. Las cinco anteriores tuvieron todas un móvil expresamente profesional. "El propio concepto de la huelga como derecho fundamental se plantea como una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en una empresa. Esta máxima no se cumple aquí. Los convocantes reivindican que la propuesta legislativa que está en vías de tramitación no es la adecuada.  La convocatoria no tiene ninguna lógica desde el punto de vista jurídico. Los magistrados y fiscales tienen otros mecanismos para llevar a cabo protestas y emitir posicionamientos en casos como este", insiste Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.

"Esta huelga sería la primera [del sector] que no responde a motivos meramente retributivos. Los convocantes no están de acuerdo con el proyecto del Ministerio de Justicia. Es lícito, nosotros valoramos algunas partes de manera positiva y otras, como la estabilización de los interinos, nos parecen más comprometidas. El problema es que tenemos herramientas para transmitir nuestras discrepancias al margen de la huelga", desliza Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). El Gobierno propone recuperar los casos prácticos en las oposiciones de la carrera judicial y poner en marcha un centro público para formar a los futuros magistrados.

Los jueces conservadores, a diferencia de los progresistas, sí creen que la reforma puede tener un impacto "sustancial" en su órbita profesional. "No dejan de ser nuestras condiciones laborales. El hecho de requerir una preparación exigente y la simplificación de los procesos para llegar a un puesto afectan directamente a nuestro trabajo", denuncia Alejandro González. Juezas y Jueces para la Democracia limita sus críticas al plan para reducir la alta temporalidad en la justicia, aún así, desde la asociación entienden que no por legislar en esta dirección "va a faltar independencia judicial". Europa lleva meses reprochando a España el abuso que se hace de la figura del trabajador interino. 

¿Los jueces tienen derecho a hacer huelga?

El debate está servido. Los magistrados y fiscales no pueden organizarse a través de sindicatos, pero sí de asociaciones. El derecho a la huelga lo pueden ejercer de manera colectiva. Los límites, no obstante, son ambiguos. "Los jueces son parte de uno de los poderes del Estado y que se pongan en huelga contra otro de los poderes del Estado puede resultar cuando menos extraño. Es un derecho que no está jurídicamente regulado, pero tampoco prohibido. La huelga sirve para reivindicar mejoras laborales, no como vía de protesta contra una iniciativa legislativa", destaca Ana Carmona. El CGPJ es quien establece en última instancia los servicios mínimos esenciales de una empresa cuando sus trabajadores hacen huelga. "Los jueces no se pueden controlar a si mismos. No tendría sentido", añade la catedrática.

Juezas y Jueces para la Democracia también reconoce el derecho de sus miembros a la huelga y recuerda las cinco convocatorias que hubo en los últimos veinte años, pero no ve en esta ocasión "motivos de peso" para secundar los paros. "Las asociaciones que convocan la huelga deberían haber previsto una estructura mínima para temas esenciales, nosotros siempre que organizamos acciones de este tipo lo planteamos así", explica Edmundo Rodríguez Achútegui. El bando conservador coincide con el resto de las voces consultadas por Público a la hora de reivindicar su derecho a la huelga: "Las tuvimos con todos los gobiernos y nunca nos llegamos a plantear que pudieran ser un problema. Este tipo de debates sólo buscan hacer ruido y sembrar dudas sobre los derechos de la judicatura".

El CGPJ no ha marcado servicios mínimos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad que el derecho a la huelga de magistrados y fiscales carece hasta la fecha de base legal y considera, por tanto, que "no procede tener por anunciada" la convocatoria de los paros para la próxima semana. El órgano recalca que no tiene competencia para establecer servicios mínimos y defiende que el texto va en la línea de los cinco posicionamientos relativos a las cinco convocatorias previas. Las asociaciones que han hablado con este medio discrepan sin embargo sobre la imposición de los servicios mínimos. "El CGPJ ha mirado para otro lado y no ha querido regularlo, ha dejado la conformación de una estructura básica en manos de los huelguistas. Esto puede atascar los trámites durante la próxima semana", lamenta Edmundo Rodríguez Achútegui. 

La Ley General del Poder Judicial establece que la ausencia "injustificada y continuada" por más de un día natural y menos de cuatro en la sede del órgano judicial de cabecera puede suponer una falta leve. Este es el argumento que las dos asociaciones progresistas han utilizado para pedir un segundo comunicado del CGPJ calificando la convocatoria de "ilegal". El órgano, sin embargo, ha rechazado pronunciarse en estos términos. "La convocatoria no responde a los motivos propios de una huelga y por eso insistimos en su inconstitucionalidad", reiteran las mismas fuentes cuando falta menos de una semana para unos paros que llevan cinco décadas en una suerte de limbo legal.