El grupo de juristas impulsor de la querella contra Juan Carlos de Borbón por cinco presuntos delitos contra la Hacienda Pública han presentado recurso de súplica ante el Tribunal Supremo contra su decisión de archivar el procedimiento.

El recurso, al que ha tenido acceso Público, reitera que la regularización fiscal de Juan Carlos de Borbón no cumple los requisitos exigidos por el Código Penal, pues la hizo después de tener conocimiento formal de la existencia de una investigación del Ministerio Fiscal.

El Supremo, en un auto del que fue ponente el magistrado Manuel Marchena, acordó esta semana el archivo de la querella, en sintonía con el criterio del Ministerio Fiscal, al considerar que los hechos no constituyen ilícito penal, se encuentran prescritos o fueron objeto de regularización tributaria.

Sobre dicha regularización fiscal, de unos cinco millones de euros, que sirvió para que la Fiscalía no presentara denuncia contra el emérito, evitándole así llevar a la Justicia sus presuntos delitos fiscales, insisten los querellantes en que es la base de su querella. Pese a lo cual el ponente Marchena no se pronuncia expresamente en su auto de archivo.

"¿Tenía o no tenía conocimiento el Rey Honorífico, a través de su representante legal, de que estaba siendo investigado por la Fiscalía por delitos fiscales?", plantea el recurso directamente a Marchena. Hay que recordar que el recurso de súplica presentado en el Supremo debe ser resuelto por la misma Sala que desestimó la querella. 

La querella sostenía que el rey emérito habría cometido cinco delitos fiscales relacionados con rentas y donaciones no declaradas a través de las fundaciones Zagatka y Lucum.

En su recurso de súplica, los juristas, entre ellos,  los magistrados eméritos del Supremo Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, insisten en que el emérito conocía que la Fiscalía le estaba investigando por delitos fiscales antes de que procediera a regularizar su situación. Y dicen que por algo la Fiscalía en el decreto de archivo del fiscal jefe de Anticorrupción se jactaba de que con su actuación se hubiesen podido recuperar para las arcas públicas 5.095.148 euros : "Si es gracias a la Fiscalía es porque le habían notificado la existencia de la investigación; por lo que esa regularización no se podía hacer, hay un delito, sigue habiendo un delito fiscal. Y esa es la base de nuestra querella", dice a este medio Martín Pallín.