La pareja de Ayuso se niega a declarar ante la jueza que le investiga por fraude fiscal

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por ejercer su derecho a no declarar ante la jueza que lo investiga por un presunto delito de fraude fiscal y falsificación de documentos.

Según fuentes jurídicas, la jueza del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha rechazado la solicitud de los abogados de González Amador para aplazar su declaración hasta que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre el recurso presentado contra la decisión de ampliar la investigación a otros posibles delitos.

Ante esta situación, los abogados del novio de Ayuso le han recomendado no declarar, argumentando que hacerlo podría vulnerar sus derechos, según han indicado fuentes cercanas a su defensa. 

Finalmente, González Amador ha salido de los juzgados sin hacer comentarios. En los pasillos, se le ha visto tranquilo, conversando con sus abogados, y al entrar a la sala de vistas, ha explicado que había decidido no declarar porque así se lo habían aconsejado sus letrados.

Los otros cuatro imputados también se niegan a declarar 

Los otros cuatro empresarios investigados también han optado por ejercer su derecho a no declarar, basándose en el mismo argumento: consideran que no deben hacerlo hasta que la Audiencia Provincial resuelva el recurso que han interpuesto contra la decisión de la jueza de ampliar la investigación a otros presuntos delitos. Entre estos, se incluye un supuesto pago cercano al medio millón de euros a la esposa del presidente de Quirón Prevención, que el fiscal considera podría ser una comisión encubierta.

Tanto la pareja de la presidenta madrileña como los demás empresarios imputados no han declarado en ningún momento ante la jueza Inmaculada Iglesias desde que se inició la causa hace casi un año, después de haber sido suspendidas en cuatro ocasiones por distintos motivos.

González Amador está siendo investigado en la pieza principal por un presunto fraude fiscal de 350.961 euros correspondiente a los años 2020 y 2021, así como por un supuesto esquema de facturas falsas en el que, según las investigaciones, habrían estado involucrados los otros investigados.

En un primer momento, el novio de Ayuso manifestó su disposición a admitir los hechos. Su abogado envió una propuesta al fiscal, reconociendo en su nombre la comisión de dos delitos a cambio de una reducción en la pena solicitada. La filtración a la prensa de este correo dio lugar a la apertura de una causa judicial en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y otros dos fiscales, por una presunta revelación de secretos.