La acusación particular en el 'caso Bankia', que ejerce el partido UPyD, ha pedido a la Audiencia Nacional que suspenda el expediente de regulación de empleo (ERE) que pretende aplicar la entidad a 4.500 trabajadores, argumentando que cualquier operación de modificación de las condiciones de los trabajadores debe ser controlada judicialmente.

Así lo explica el partido de Rosa Díez en un recurso de apelación dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia para volver a reclamar la intervención judicial de Bankia, que fue rechazada por el juez Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu.

Esta parte solicita la intervención judicial tanto de Bankia como de BFA, con la extensión y límites que se considere conveniente, a fin de salvaguardar los derechos de trabajadores, accionistas y acreedores, "entre los que cabe señalar particularmente cualquier tipo de operación societaria, decesión de activos o de modificación de las condiciones de los trabajadores (suspendiendo, en su caso, el ERE actualmente en marcha)".

UPyD, a través de su letrado Andrés Herzog, indica que una eventual sentencia condenatoria puede verse perjudicada por el hecho de que Bankia se haya desprendido de 13.000 inmuebles valorados en 22.000 millones de euros en favor del 'banco malo', o por el cambio de estructura societaria al perder su participación las siete cajas que formaron la entidad, o la variación en la política comercial y en la liquídez de las acciones.

Por todas esas razones, la acusación juzga necesario que se acuerde la intervención judicial, junto a la circunstancia, que también afecta a derechos de trabajadores, accionistas y acreedores, de que BANKIA está actualmente tramitando un ERE que afecta a 4.500 empleados, "que aspira al dudoso honor de convertirse en uno de los expedientes de
regulación de empleo más grandes de nuestra historia".

Además, recuerda que Bankia está preparando un nuevo incremento de capital de nada menos que 13.459 millones de euros, que se añade a la ampliación de 4.500 millones ya efectuada el 3 de septiembre pasado, lo cual va a suponer (de llevarse acabo) "una notable dilución de la participación de los actuales accionistas, dejando el valor de la acción en un cifra tendente a cero".

UPyD señala que el juez Andreu, en la resolución en la que rechazó la intervención judicial, 'despreció' todas estas circunstancias, pese a que esta acusación lo advirtió en las vista de medidas cautelares celebrada el pasado mes de julio.

La querella de UPyD se dirige contra 33 exconsejeros de Bankia y BFA, empezando por su presidente Rodrigo Rato, por delitos de administración desleal y apropiación indebida, entre otros.