MADRID.- Un grupo de letrados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) se ha desplazado hasta el Parlament catalán para realizar las notificaciones de manera personal a las 21 autoridades, destinatarias de la providencia del Tribunal Constuticional que suspende de manera cautelar el acuerdo secesionista del pasado 9 de noviembre.

Durante la mañana de este jueves, los letrados (antiguos secretarios judiciales han entregado la notificación personal a ocho de los 21 destinatarios, entre ellos al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, según fuentes del alto tribunal catalán.

El proceso de notificación de la providencia del TC continúa a lo largo de la tarde del jueves, hasta completar la lista de las 21 autoridades destinatarias de la providencia del órgano de garantías constitucionales.

Este miércoles, el Tribunal Constitucional suspendió de forma cautelar la resolución independendista aprobada por el Parlament, tras admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno contra este acuerdo que proclama "el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república".

Dicha admisión a trámite fue adoptada por unanimidad, y con un acuerdo inédito por parte de los once magistrados: la decisión debía ser comunicada de forma nominal a las 21 principales autoridades catalanas.

La suspensión cautelar de la Resolución es automática, una vez admitido a trámite, ya que el recurso invoca el artículo 161.2 de la Constitución, el cual establece la suspensión cautelar de la disposición o resolución recurrida, que el Tribunal deberá ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses.

Tras la admisión a trámite del recurso interpuesto por el Gobierno contra la Resolución, las 21 autoridades citadas expresamente en la providencia son la presidenta del Parlament catalán, Carmen Forcadell; el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas o la persona que desempeñe su cargo tras el auto de investidura; cada uno de los miembros de la Mesa del Parlament y cada consejero del gobierno catalán, ya sea el actual o del futuro ejecutivo.

Publicado en el BOE

El recurso también cita al secretario del Parlament, Pere Sol, así como a los miembros de la Mesa de la Cámara: Lluís Corominas (vicepresidente primero), José María Espejo-Saavedra (vicepresidente segundo), Anna Simó (secretaria primera), David Pérez Ibáñez (secretario segundo), Joan Josep Nuet (secretario tercero) y Ramona Barrufet (secretaria cuarta).

También pide la notificación a todos los miembros del Govern catalán: desde la vicepresidenta y consejera de Bienestar Social, Neus Minté, a los consejeros Francesc Homs, Merritxell Borrás, Andreu Mas-Colell, Irene Rigau, Boi Ruiz, Jordi Jané, Santi Vila, Ferran Mascarell, Jordi Ciuraneta, Felip Puig y Germá Gordó, responsables respectivos de las carteras de Presidencia, Gobernación, Economía, Enseñanza, Salud, Interior, de Territorio, Cultura, Agricultura, Empleo y Justicia, así como a quienes les sucedan tras el acto de investidura del Parlament.

A todos ellos se les advierte "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

Así lo establece el punto cuarto del acuerdo del TC adoptado este miércoles, que invoca el artículo 87 de la Ley Orgánica que lo regula y donde se establece la obligación de todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribunal, que podrá acordar además la notificación personal de sus resoluciones "a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario".

Al mismo tiempo, la suspensión cautelar de la resolución soberanista adoptada por el TC ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado, aunque todavía no ha sido publicado en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tal y como acordó el órgano constitucional.

La publicación en los boletines oficiales permitirá argumentar que la resolución es de general conocimiento de terceras personas, más allá de los 21 altos cargos que han recibido la notificación de forma nominal.

Peticiones expresas del Gobierno al Constitucional

En su recurso, el Gobierno pedía que el TC imponga a la presidenta del Parlament y al secretario general la "prohibición expresa de admitir a trámite", ya sea para su toma en consideración, debate o votación, de "iniciativa alguna de carácter legislativo o de cualquier otra índole que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la Resolución suspendida".

El recurso de la Abogacía del Estado también consideraba que la Resolución "debe ser interpretada como un todo, como un conjunto sistemático, ordenado a la secesión de España por medio inconstitucionales y no democráticos".