VALENCIA.- El tribunal valenciano encargado de enjuiciar la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, ha rechazado suspender la vista, tal y como solicitaban las defensas, con lo que las declaraciones de los acusados arrancarán el próximo viernes, día 19, con uno de los considerados presuntos cabecillas de la trama, Cándido Herrero, y con Isabel Jordán, exadministrativa de empresas de Francisco Correa.

Así lo han decidido este viernes los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que conforman el tribunal de esta causa tras escuchar durante dos días las alegaciones de las defensas y las acusaciones (ministerio fiscal y PSPV).

El tribunal ha rechazado las solicitudes de las defensas y ha ordenado que la vista se reanude el próximo viernes, a las 9.30 horas, con declaraciones de los acusados, tal y como estaba previsto. Estima que con esta decisión no se ve afectado el derecho de defensa. El orden de las declaraciones será el establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, acusados, testigos, peritos y documentales y conclusiones.

Así mismo, por imposibilidad material, ha rechazado la petición de algunos letrados de sentarse a lo largo del juicio al lado de sus representados, pero ha dejado abierta la posibilidad de que se intercambien notas entre ellos y que puedan aproximarse a hablar en momentos puntuales. Además, ha acordado habilitar los medios necesarios para que los abogados sí puedan estar junto a sus defendidos cuando declaren.

Las defensas de los 13 acusados justificaron la solicitud de suspensión en que no habían tenido tiempo suficiente de estudiarse una documentación que se encontraba en el caso Gürtel del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional.

Francisco Correa y Pablo Crespo, ambos implicados en la trama Gürtel, durante la celebración del juicio. EFE

En concreto, estos letrados de defensa justificaron su reclamación en una posible vulneración del derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva, o vulneración del quebrantamiento de igualdad de armas al "habérseles escondido" documentación que ahora consideran "necesaria" para defender los intereses de sus representados.

Frente a ello, Fiscalía -al igual que el PSPV- se opuso a estas peticiones porque consideraba que la "verdadera intención" de las partes era "intentar evitar a toda costa y a cualquier precio que se celebre el juicio". A su juicio, es "entendible" que "todo vale en la estrategia defensiva, pero siempre que se limite a términos de lo razonable. Y esto, excede", apostilló.

En esta línea, agregaba que los planteamientos de las defensas "caen desde el inicio" porque se basan en una premisa "errónea", ya que considera "inveraz y falsa" la afirmación de que tuvieron conocimiento de una documentación sorpresiva hace escasos meses. "Desde que se incoó el procedimiento, todas las defensas han conocido o podido conocer que existía una ingente documentación que se había incautado en entradas y registros de febrero de 2009".

La causa

En este procedimiento hay 13 personas acusadas: las exconselleras de Turisme Milagrosa Martínez --también alcaldesa de Novelda y expresidenta de las Corts-- y Angélica Such (declararán el 17 de julio); el exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turisme (AVT), Rafael Betoret; el exjefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT, Isaac Vidal; Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa (considerados presuntos cabecillas de la trama); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Isabel Jordán (exadministradora de empresas de la trama); y Mónica Magariños (exempleada de las mismas entidades).

El juicio se celebra por delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.