La UE investiga las vulneraciones de derechos humanos en los asentamientos de temporeros de Almería y Huelva

El Parlamento europeo ha solicitado a la Comisión que investigue de forma preliminar la situación en los campamentos de temporeros en Almería y Huelva y las vulneraciones de derechos humanos que allí se producen año tras año. La comisión de peticiones del europarlamento atiende así una queja de IU, la Asociación Multicural de Mazagón y Almería Acoge.

En la misiva que estas organizaciones enviaron a Bruselas en noviembre pasado y que firma Rafael Sánchez Rufo, coordinador de IU en Huelva, califican la situación de "drama humanitario" y aseguran que más de 3.000 personas viven hoy en condiciones inhumanas en más de 40 asentamientos chabolas en los municipios de Lepe, Moguer, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva. Y otras entre 5.000 y 7.000 personas en unos 79 asentamientos en los municipios de El Ejido, Roquetas de Mar, Vícar, Níjar, Antas y Cuevas del Almanzora. Sitios que en verano, con las altas temperaturas se convierten en "lugares infernales, con techos de chapa, madera y plástico que los inmigrantes recogen en los vertederos".

Las ONG e IU aseguran que la causa de los asentamientos se halla en la "falta de planificación, tanto del sector empresarial como de los diferentes niveles de la administración para atender todas las necesidades que requería un contingente con un número importante de trabajadores extranjeros, concentrados en una determinada época del año".

En Huelva, según IU y las ONG, el chabolismo asociado al trabajo en el campo comenzó a aparecer en la década del 2000, cuando empezaron a llegar migrantes, debido a "una agricultura intensiva en auge con necesidad de mucha mano de obra, que no cubría con trabajadores locales". Pero fue en Almería donde este fenómeno apareció antes, en los 80 y los 90.

Estos asentamientos, denuncian las ONG, “se utilizan en muchos casos como residencia permanente, lo que aumenta la posibilidad de cronificación del chabolismo". Sánchez Rufo sostiene en su misiva que en ocasiones la única respuesta que se da es el desmantelamiento de las chabolas sin una solución alternativa, lo que "provoca que las personas migrantes tengan que buscar otro lugar para vivir en asentamientos más alejados de su centro de trabajo y en el peor de los casos, volver a levantar una chabola en algún lugar alejado y aislado y por tanto más accesible a los servicios básicos de agua, salud, transporte, alimentación…"

Los incendios

Los incendios recientes han vuelto a meter en la agenda de algunos medios este fenómeno. El fuego es uno de los episodios "más repetidos y dramáticos". Según las ONG, en Huelva en 2019, se produjeron mas de 20 incendios en asentamientos. En uno de ellos, en Palos de la Frontera, llegó a morir un joven de 23 años. En Almería, un fuego en 2019 afectó a más de 60 chabolas.

El relator de la ONU para la pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, ya alertó que en estos campamentos de temporeros en Huelva había gente que vivía "en condiciones mucho peores que un campamento de refugiados". Alston denunció que, mientras la industria de la fresa recauda millones de euros, hay personas que viven en condiciones "deplorables". "No sé quién va a actuar, pero alguien tiene que hacer algo", señaló en su momento el relator.

IU y las ONG subrayan la "constante vulneración en los asentamientos de temporeros de las directivas europeas que regulan las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros y que define los derechos de estos, así como la conculcación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en especial en lo que respecta a la dignidad humana, la no discriminación o los derechos del menor".