Carlos García Juliá, condenado por su participación en la matanza de Atocha en 1977, será conducido directamente a prisión una vez sea extraditado por Brasil para hacerle una liquidación de condena que fije cuantos años le quedan por cumplir, tras haber huido de España al obtener la condicional.

La Corte Suprema de Brasil autorizó este lunes la extradición de García Juliá, que fue detenido el pasado diciembre en Sao Paulo en virtud de una orden de busca y captura internacional cursada por España, a petición de la Audiencia Nacional.

Fuentes jurídicas ha informado de que, una vez que Brasil dé el último paso para autorizar la extradición, la autoridades de este país comunicarán a Interpol la entrega para que los agentes españoles le vayan a recoger a Brasil o al Aeropuerto de Barajas, donde vendría acompañado siempre de agentes brasileños.

Al tener una condena firme, la Audiencia Nacional dictará un mandamiento de prisión para que, una vez aterrice en España, sea conducido directamente a un centro penitenciario. Entonces corresponderá a Instituciones Penitenciarias hacer una liquidación de condena: esto es, ver un cómputo entre el tiempo que ha cumplido y lo que le resta por cumplir, para determinar los años que deberá permanecer en prisión.

Prisiones informará de ello a la Audiencia Nacional para que dé su visto bueno, una decisión que es recurrible por las partes.

Un máximo de 30 años de condena

El antiguo militante de Fuerza Nueva, que tenía 24 años cuando cometió la matanza, fue condenado en 1980 por cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio en el despacho laboralista de Comisiones Obreras, en el número 55 de la calle Atocha de Madrid.

Su condena fue limitada al máximo de 30 años previsto entonces por la ley y en 1991 se le concedió la liberad condicional. Obtuvo después la autorización para viajar a Asunción y trabajar allí, con la condición de presentarse mensualmente en la Embajada de España en Paraguay, pero incumplió lo previsto.

El condenado desapareció e inició entonces un periplo de fugas por Latinoamérica. Su última pista antes de ser arrestado en Brasil se perdió en Bolivia, donde vivió un tiempo y había sido encarcelado por un delito relacionado con el narcotráfico.

Tras dos décadas en paradero desconocido, fue detenido en diciembre de 2018 en Sao Paulo gracias a las investigaciones de las policías Nacional española y Federal brasileña y el apoyo de Interpol.

García Juliá fue arrestado cuando salía de su domicilio en Barra Funda, un barrio de clase media de la capital paulista, donde era recordado por los vecinos como un hombre "amable", "discreto" y "educado" que vivía tras la identidad de Genaro Antonio Materan.

Según las autoridades, García Juliá vivía en Brasil desde hacía casi dos décadas y trabajaba como conductor de Uber, haciéndose pasar por un ciudadano venezolano.

El condenado llegó a Brasil en 2001 por Pacaraima, una empobrecida ciudad del estado brasileño de Roraima, pero antes también estuvo huido en Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela con varias identidades falsas.