Ultraderecha, multinacionales y la rama jurídica del PP: el entramado que busca poner contra las cuerdas a Mónica Oltra

La imagen fue tomada el miércoles 22 de septiembre de 2021, entre las 20:15 y las 20:45 horas, en la estación del AVE de Atocha de Madrid. En ella se observa, de cara, a Alberto de Rosa, director ejecutivo europeo de Ribera Salud, la multinacional de servicios sanitarios que durante años gestionó diferentes hospitales valencianos privatizados por los gobiernos del PP, como el de Alzira o Torrevieja, ahora recuperados para el sistema público por el Ejecutivo del Botànic.

De espaldas, a la izquierda se reconoce a Francisco Camps, expresidente valenciano entre 2003 y 2011, que tuvo de dimitir por el escándalo de "los trajes",  el primero de una retahíla de casos judiciales abiertos por presunta corrupción.

A su lado, también de espaldas, se encuentra Cristina Seguí, fundadora de Vox en el País Valencià (luego abandonó la formación por encontrarla "blanda" y conocida agitadora de extrema derecha en las redes sociales, donde ha destacado por la difusión de bulos, como que los refugiados del Aquarius tiraban la ropa donada a la basura o que el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán vestía polos de 1.000 euros.

Seguí es también presidenta de Gobiérnate, la asociación que ha demandado a una docena de funcionarios y técnicos de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por haber, presuntamente, intentado proteger a al educador Luis Ramírez, exmarido de Oltra, cuando fue procesado por abusos sexuales a una menor tutelada. Otro de los implicados en esta denuncia es José Luis Roberto, líder del partido ultra España 2000.

Esta fotografía ha sido exhibida este jueves por la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, en la tribuna de les Corts. Todo un contraataque, en la línea acostumbrada por  Oltra, después que el juez de Instrucción número 15 de València, que investiga los técnicos y funcionarios denunciados por Seguí, pidiese al TSJCV su imputación.

"Seguid la pista del dinero", ha pedido la Vicepresidenta en su intervención, en que se ha presentado como víctima de "una cacería".

La pista del dinero

Pero, ¿de que dinero se trata? Pues en realidad, de mucho. En 2018, el Grupo Ribera Salud finalizó el ejercicio con una cifra de negocio de 342 millones de euros frente a los 453 del año anterior. Más de 100 millones de euros y una cuarta parte del volumen total. El motivo de esta caída en su facturación fue la reversión del Hospital de la Ribera, en Alzira (València) a manos públicas. También se dejará sentir en sus cuentas presumiblemente la recuperaciónpara el sector público, a finales del año pasado, del Hospital de Torrevieja (y los que puede suponer en un futuro los del Vinalopó y Dénia, aun gestionados por esta multinacional sanitaria). Ribera Salud no se ha tomado muy bien las reversiones, y ha desplegado un amplio abanico de artimañas jurídicas, campañas mediáticas y movimientos políticos para evitar perder su gallina de los huevos de oro.

Hasta seis veces el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha tenido que fallar en favor de la reversión del Hospital de Torrevieja ante el alud de recursos y demandas presentadas por la empresa concesionaria. Y eso que ya existía la jurisprudencia del mismo tribunal por las demandas presentadas por la misma empresa contra la reversión del Hospital de Alzira. Y el frente judicial no ha sido el único. Cuando los técnicos de la Generalitat se desplazaron a Torrevieja para pilotar el proceso de recuperación pública, directivos y técnicos de Ribera Salud, simulando ser trabajadores, les recibieron con un sonoro abucheo, mientras que la dirección del hospital no les cedió una sala para trabajar y la conselleria tuvo que contratar el salón de un hotel. Y no contenta con esto, la empresa prorrogó un convenio colectivo que suponía un aumento salarial del 3% para la plantilla, un acuerdo contrario al principio de estabilidad presupuestaria que limita los incrementos salariales al 0,9%.

Su director ejecutivo europeo, Alberto de Rosa, el de la mencionada fotografía, es además hermano del amigo personal  de Francisco Camps y exconseller de Justicia, Fernando de Rosa. El exconseller también fue vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2014, y presidente de la Audiencia de València entre 2015 y 2019. Como juez se vio envuelto en diversos escándalos durante la instrucción del caso Gürtel, así como el proceso que finalizó con la expulsión de Baltasar Garzón de la judicatura.

Francisco Camps, no solo es amigo íntimo de de Rosa, también ha coincidido con Cristina Seguí en su profundo rencor hacia Mónica Oltra (quien fue su principal ariete durante su mandato), y a quien ha dado apoyo púbico en las redes sociales.

Seguí, que defendió los violadores del Arandina y fue investigada por difundir los audios de la niña abusada, no ha tenido ningún empacho en instrumentalizar el caso de Teresa, la menor tutelada abusada por el educador que tenía que protegerla. Junto con José Luis Roberto, histórico dirigente del partido de extrema derecha España 2000, Seguí asumió el caso de la menor, pero solo hasta que fue de su interés.

Así, tanto Teresa, que ya es mayor de edad, como su marido fueron contratados por Ribera Salud en el Hospital de Torrevieja pocas semanas antes que finalizara la concesión para poder presentar la previsible extinción de su contrato como "un despido en venganza" por parte de Oltra. Más tarde le ofrecieron un trabajo en Madrid que no llegó a materializarse. Y la propia Teresa se ha quejado en diferentes ocasiones, en un interminable tour por todo tipo de digitales ultras, del abandono sufrido por parte de sus supuestos defensores. "Tengo el mismo abogado que tenía pero como si no lo tuviera", asegura en una de estas entrevistas.